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Celebro la decisión de la presidenta Cristina Fernández al ordenar la revocación de la visa del obispo Richard Williamson, quien ha sido director del seminario lefebvrista La Reja y ha cometido varias irregularidades para ingresar al país y para obtener su residencia. Esta decisión tan firme es tomada por considerar que la negación del Holocausto es inadmisible en nuestro país. Y ésta es una buena noticia. Una buena noticia para los derechos humanos y un acto de justicia.

Desde sectores integristas y fundamentalistas se presiona al gobierno nacional, tanto Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para que no se respeten los derechos humanos de las mujeres. Los mismos que niegan el Holocausto, no siempre públicamente, realizan amparos contra leyes y políticas públicas que benefician a las mujeres. Muestra de ello son los ocho juicios que tiene que sostener el Ministerio de Salud de la Nación en relación con los contenidos del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

Son los mismos sectores que avalaron la dictadura militar y fueron más que cómplices, actores del genocidio. Pero este obispo ilegal es sólo una muestra, contamos en nuestro país con diferentes actores que adhieren a esta posición y que impiden el avance en leyes que permitan a las mujeres gozar de sus derechos: a una maternidad voluntaria libre de coerciones y violencias y a la atención integral de su salud reproductiva. Los obstáculos que generan están directamente relacionados con las cien mujeres muertas por año, como las dos muertes recientes ocurridas en Rosario.

El 28 de mayo del 2008 tomó estado parlamentario el proyecto presentado como Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, un proyecto de ley que despenaliza y legaliza el aborto, avalado por más de 20 diputadas y diputados nacionales. Sin embargo, el debate está obturado. Nuestro lema ha sido siempre “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. Este proyecto aspira a que la voluntad de la mujer sea respetada hasta las 12 semanas de gestación sin tener que ampararse en causales.

Necesitamos protocolos claros de aborto no punible como la Guía Técnica que reglamenta estos casos y su inmediata resolución ministerial. Falta coherencia, los derechos de las mujeres son derechos humanos y son violados cada vez que una niña violada llega con su madre al hospital público a pedir un aborto no punible y esta práctica es negada aunque legalmente reconocida desde el Código Penal.

Proponemos una visión de derechos humanos que considere la integralidad de los mismos, los que niegan el Holocausto, los que apoyaron a la dictadura desconocen la vida y las circunstancias que atravesamos las mujeres y se oponen a nuestros derechos. No más concesiones. Aun en un año electoral debatir el derecho al aborto es posible y da crédito a quienes lo impulsen. Hay muchos Richard Williamson en nuestro país y no podemos renunciar a la laicidad del Estado.

* Católicas por el Derecho a Decidir.