“Porque no queremos llevar nuestras pálidas a las fiestas de nuestros familiares; para que los funcionarios de la Ciudad no se olviden de nuestro problema; y para que no se repita nunca más un derrumbe como el del edificio donde vivíamos.” Por estos tres motivos, vecinos que residían en Bartolomé Mitre 1232 harán hoy su cena navideña al aire libre, frente a las ruinas de la casa que los albergó. Se quejan porque “las indemnizaciones vienen demorándose por razones burocráticas”, que incluyen la necesidad de repetir una y otra vez las tramitaciones ante los organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El 16 de noviembre, la Legislatura aprobó por unanimidad indemnizar a los vecinos del edificio derrumbado el 4 de ese mes.

“No queremos ser aguafiestas –explicó Miguel Arbelo, uno de los vecinos que vivían en el edificio–. No queremos arrastrar nuestras pálidas a la fiesta de Navidad de nuestros familiares o amigos, donde inevitablemente seríamos el centro de atención y contaminaríamos su alegría con nuestros problemas. Además, hemos creado una fuerte comunión entre nosotros, los vecinos. Entonces, queremos empezar la Navidad juntos.”

Además, con la Navidad en la calle “nos proponemos que los funcionarios de la Ciudad no olviden que sigue pendiente la inmensa mayoría de su tarea, planteada desde que la Legislatura aprobó la ley para indemnizarnos –agregó Arbelo–. Y el tercer motivo es que esto no pase nunca más. No puede ser que por falta de controles a los profesionales de la construcción, una persona que trabajó toda su vida para tener una propiedad se quede, de la noche a la mañana, viviendo en la calle, habiendo perdido no sólo su casa, sino todas sus pertenencias. No puede ser que en Buenos Aires no haya suficientes garantías para que se construya en forma segura, y por eso, para que se corrijan las situaciones de fondo, tratamos de mantener vivo el tema”.

Mónica Nizzardo, otra de las vecinas, contó que “desde las siete de la tarde vamos a empezar los preparativos para nuestra cena al aire libre: vamos a armar el arbolito, que ya habíamos empezado a preparar, pero la lluvia lo destrozó un poco. Compartiremos la cena y seguiremos hasta después de la medianoche. Somos 31 familias damnificadas, aunque –puntualizó– no hay que olvidar que hay más damnificados alrededor: los vecinos del edificio de Libertad 70, por ejemplo, tampoco están durmiendo en sus casas porque toda la parte trasera está averiada y espera ser reparada”.

Varios de los vecinos son representados por el abogado Mariano Bergés, quien resumió así, para este diario, la situación: “Hay que diferenciar entre el tema de indemnizaciones y subsidios, por un lado, y por otro lado la causa penal. Las indemnizaciones vienen demorándose por razones burocráticas, por ejemplo reiteradas citaciones a los vecinos para que firmen o repitan tramitaciones. Ni siquiera cobraron el primer subsidio, y los que no tengan alguien que les dé una mano están en la calle, sin un peso. Por otro lado, está la causa penal: la fiscal Betina Bota dispuso un peritaje que viene demorado por falta de una maquinaria para realizarlo”.

Hace más de un mes, la Legislatura porteña aprobó un proyecto para resarcir a los damnificados, que contempla la entrega “inmediata” de 50 mil pesos, 20 mil adicionales para quienes hayan perdido todos sus bienes y, por los inmuebles, 1750 dólares por metro cuadrado de propiedad.

En estos días cobrarían el subsidio por bienes mobiliarios, pero “no tiene sentido comprar bienes de uso si no se sabe dónde instalarlos. Un vecino intentó comprar un televisor, aprovechando ofertas de fin de año, pero en el negocio donde lo vendían no podían garantizarle que se lo guardarían tres meses”, comentó Arbelo.

Bergés insistió también “en que la fiscal autorice a que los vecinos de los departamentos que quedaron en pie puedan entrar nuevamente para retirar efectos personales. Sólo una vez se les permitió ingresar, por unos minutos, y los especialistas que examinaron el edificio garantizan que el ingreso es actualmente seguro”.

Otra de las vecinas, Karen Viana, insistió en que “a casi dos meses del derrumbe, todavía estamos esperando respuestas. Es muy poco lo que nos informa el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad. Nos han pedido que firmemos la autorización para que expropien, pero todavía no vemos por escrito el compromiso de pago. Mientras tanto, no tenemos dónde vivir”.

El edificio se vino abajo el 4 de noviembre pasado, mientras en un predio lindero se efectuaban excavaciones para cimientos de una nueva construcción. El derrumbe provocó la muerte de Isidoro Madueña, de 74 años, y la evacuación de más de 220 personas.