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Luego de perder estado parlamentario en 2011, este martes tres comisiones de la Cámara de Diputados volverán a buscar dictamen para una ley que garantice la atención integral, gratuita y pública de los consumos problemáticos, medien o no sustancias. Además, este tipo de tratamientos deberían incluirse en el Plan Médico Obligatorio de Obras Sociales y Prepagas. Los diputados evaluarán dos proyectos, uno elaborado por el oficialista Horacio Pietragalla y otro consensuado por la oposición. “Los anteproyectos tienen en común la contención a nivel sanitario, tanto en los barrios como en los hospitales públicos, la prevención de las adicciones y la reinserción laboral”, explicó el radical Mario Fiad, presidente de la Comisión de Prevención de las Adicciones y Control del Narcotráfico.

La idea de reflotar este proyecto, presentado por primera vez en 2008 por el entonces diputado Leonardo Gorbacz, surgió tras las tres audiencias realizadas en junio pasado en el Congreso para despenalizar la tenencia de drogas para uso personal. Al respecto, en los fundamentos de su proyecto Pietragalla resalta que “más allá de la adecuación constitucional que requiere la Ley 23.737 (de drogas), es indispensable una normativa que cambie el paradigma represivo que instauró dicha ley, por el paradigma preventivo-asistencial en cuanto al trato a las personas adictas”.

El primer artículo de este proyecto de Pietragalla crea el “Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos” (Plan Iacop) y deja en el Poder Ejecutivo la decisión sobre la autoridad de aplicación. “Los consumos problemáticos pueden manifestarse como adicciones al alcohol, tabaco, drogas psicotrópicas –legales o ilegales– o producidos por ciertas conductas compulsivas de los sujetos hacia el juego, las nuevas tecnologías, la alimentación, las compras o cualquier otro consumo que sea diagnosticado compulsivo por un profesional de la salud”, aclara el proyecto.

Los objetivos del Plan Iacop, al que las provincias pueden adherirse a través del Consejo Federal de Salud, involucran la prevención, la asistencia e “integrar y amparar socialmente a los sujetos rehabilitados de algún consumo problemático”. Para llevar a cabo el primer punto, el proyecto prevé la creación de Centros Comunitarios de Prevención de Consumos Problemáticos en todo el territorio nacional y toma como prioritarios los lugares de mayor vulnerabilidad social. Los espacios ya existentes podrían incluirse, previo acuerdo con la autoridad de aplicación.

Estos centros comunitarios, agrega el texto de Pietragalla, “deberán estar abiertos a la comunidad en un horario amplio, procurando tener abierto el espacio en horarios nocturnos”. Entre sus funciones se enumeran la orientación sobre los lugares disponibles para realizar tratamientos, los planes de inclusión laboral y educativa y la obligación de recorrer el territorio aledaño para difundir la oferta sanitaria en el tema. También deberían organizar eventos sociales y culturales, interactuar con escuelas y clubes para realizar prevención de consumos problemáticos.

Sobre el segundo punto, la asistencia, este proyecto plantea que debe incluirse en el Plan Médico Obligatorio y respetarse todos los derechos y garantías de los pacientes establecidos en la ley de Salud Mental. En este sentido, se enumera una serie de parámetros: el respeto por la autonomía y la singularidad, evitar la estigmatización, priorizar el tratamiento ambulatorio y considerar la internación “como un recurso terapéutico de carácter restrictivo y extremo”, aplicable cuando aporte más beneficios que el resto de las intervenciones posibles en el entorno familiar, comunitario o social.

Otros puntos importantes de este proyecto es que promueve los tratamientos en los hospitales generales polivalentes, incluye presupuesto para tal fin, por lo que deja de lado el sistema de manicomialización. Estos lugares deberán tener camas disponibles para la internación. También se incorpora la reducción de daños como una estrategia para prevenir riesgos mayores, lo que implica aceptar a usuarios que no pretenden dejar de consumir, pero sí aminorar los peligros. Hasta el momento, el único modelo implementado en la Argentina es abstencionista.

El proyecto de Pietragalla prevé la creación de un Registro Permanente de Efectores para las instituciones gubernamentales y no gubernamentales dedicadas “al diagnóstico, deshabituación, desintoxicación y rehabilitación”. En este sentido, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) comenzará en febrero con un sistema de acreditación del personal de clínicas y comunidades terapéuticas, y buscará establecer protocolos de atención. Hasta ahora, el Estado siempre tercerizó la oferta de tratamiento.

Sobre la integración, tercer eje de este proyecto, se prevén dos componentes: el educativo y el laboral. Ambos apuntan a consumidores problemáticos en situación de vulnerabilidad social. El primer componente beneficia con una beca a quienes no hayan terminado sus estudios primarios o secundarios y ya recibieron atención por su afección, siempre y cuando mantengan su regularidad en los estudios. El segundo incluye a los mayores de 16 años y plantea la inclusión laboral concreta, a partir de convenios con el Ministerio de Trabajo de la Nación.

“Me parece muy bueno que el proyecto ponga énfasis en la territorialidad y la vulnerabilidad, que se ponga el tema de adicciones en contexto con la inclusión social. Además es interesante el hecho de que combine la oferta de programas del Estado y se abra una puerta a partidas presupuestarias porque son necesarias en este tema”, opinó Ignacio O’Donnell, subsecretario de Planificación, Prevención y Asistencia de la Sedronar. El funcionario también adelantó que este organismo planea actualizar a los profesionales y formar más operadores terapéuticos.

El proyecto consensuado entre las fuerzas opositoras incluye una extensa nominación y descripción sobre las funciones de los distintos dispositivos de asistencia: ambulatorios, hospitales y centros de día e internación. También capítulos sobre acciones de capacitación, servicios penitenciarios, y monitoreo y evaluación sobre los servicios prestados. La autoridad de aplicación de esta iniciativa son el Ministerio de Salud nacional y la Sedronar. “Entendemos que este proyecto es más completo, pero lo importante es que salga algo”, señaló el diputado Fiad.

Ambas iniciativas fueron giradas a tres comisiones: Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Salud y Presupuesto, y Hacienda. El próximo martes al mediodía habrá un plenario en común de estas comisiones para avanzar en los dictámenes y conseguir, tal vez una semana más tarde, votar el proyecto en el recinto.