Luisa Toledo, de 63 años, conocida como la hermana “María Isabel”, madre superiora del convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, Entre Ríos, fue imputada por los delitos de “privación ilegítima de la libertad y reducción a servidumbre”. La imputación fue formulada por el fiscal federal Federico Uriburu, a cargo de la causa, quien el miércoles le tomará declaración indagatoria a la religiosa, confirmaron fuentes judiciales. La madre superiora fue notificada ayer de la citación a indagatoria, luego de que el fiscal analizara las pruebas testimoniales y de secuestrar, en el allanamiento al convento realizado el 25 de agosto, una serie de látigos y elementos de tortura que se utilizaban con frecuencia, en la antigüedad, en distintas comunidades cristianas.

La monja, que desde hace diez años es la encargada del convento al que ingresó en 1991, por decisión del Arzobispado de Paraná será defendida por los abogados Guillermo Vartorelli y Miguel Angel Cullen. La calificación del hecho como “privación ilegítima de la libertad” en dos hechos, se basó en la denuncia presentada por dos ex hermanas carmelitas que dejaron el convento luego de permanecer, una diez años y otra 25 en el templo de la ciudad de Nogoyá.

Las monjas dieron detalles sobre “la forma de vida dentro” del convento y “ciertas actitudes de superiores”, en tanto que confirmaron el uso de cilicios, utilizados para provocar dolor y que fueron encontrados durante el allanamiento, junto con látigos y otros elementos destinados a aplicar flagelos.

El fiscal Uriburu tomó la decisión de imputar a la madre superiora, luego de analizar la causa con la procuradora general adjunta del Superior Tribunal de Justicia, Cecilia Goyeneche, y con el fiscal coordinador de la jurisdicción, Dardo Tórtul. Las fuentes dijeron que antes de la imputación se analizaron “todas las pruebas y declaraciones tomadas y los elementos secuestrados como cilicios, mordazas y látigos”, precisaron fuentes de la Fiscalía.

El delito que se le imputa a la madre superiora contempla “una pena de prisión de dos a seis años” y la acusación podría agravarse si se configura en la causa que también debe sumarse a los cargos “la aplicación de tormentos y torturas, y la reducción a la servidumbre”.

El allanamiento, que se decidió luego de la publicación de una denuncia periodística, se realizó durante la madrugada y mañana del jueves 25 de agosto en el Monasterio de Carmelitas Descalzas ubicado en la calle Illia 918 de Nogoyá, donde se hallaron elementos de tortura y autoflagelación como látigos y cilicios.

Cuando las autoridades judiciales llegaron al lugar para realizar el allanamiento, la superiora del lugar “resistió el ingreso de los funcionarios judiciales y policías que tras unos minutos lograron forzar la puerta”. Al ingresar, “no hubo necesidad de revisar cada cuarto porque se aportaron en forma voluntaria una cantidad de cilicios y látigos, y pequeñas fustas de unos 40 centímetros”, según detalló Uriburu.

En las tortura se utilizaba sobre todo el cilicio, un elementos con púas que se coloca en las piernas, brazos, en el torso e incluso en las partes íntimas, para provocar dolor o fuertes molestias. También se utilizaban látigos de varias puntas con pelotas en sus extremos que generan intenso dolor. Según el relato de las ex monjas, ellas eran obligadas a flagelarse desnudas, pegándose en las nalgas durante treinta minutos.

También “las obligaban a usar la mordaza, les hacían abrir la boca y les colocaban un tubo que va atado con un elástico, el cual se lo hacían usar por 24 horas; solamente se lo podían sacar para comer”, según lo publicado por la revista Análisis de Paraná.