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Este año se cumplieron diez años del comienzo de los primeros juicios orales de lesa humanidad, reactivados luego del período de impunidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Esta década de justicia a julio contaba con 163 sentencias, pero comienza a mostrar la necesidad de cambios de estructura. El fiscal federal Federico Delgado, instructor de decenas de derivaciones de las causas del Primer Cuerpo del Ejército, presentó un escrito al juez Daniel Rafecas en el que reclama un reordenamiento de las causas al entender que los juicios están “en una etapa crítica”. Explica que sin dejar de lado la lógica de los ochenta, con investigaciones sobre centros clandestinos y Fuerzas Armadas, hay que poner el énfasis en temas pendientes como la pata civil de la dictadura. Para eso, hay que hacer investigaciones que ya no estén sustentadas sólo en testimonios de los sobrevivientes sino en datos y pruebas consolidadas durante estos años, en la enorme producción de papeles, documentación y expedientes de la estructura burocrática del Estado terrorista. La Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad trabaja un proyecto en la misma dirección sobre todo para las instancias orales, que estudia la opción de un juicio único para el Primer Cuerpo en clave del Juicio a las Juntas.

“Los juicios por violaciones a los derechos humanos se encuentran en una etapa crítica”, señala Delgado. “Sin renunciar al compromiso con la reconstrucción de los hechos y a la disputa por la verdad, es tiempo de redefinir el qué, el cómo y el cuándo del trabajo. Mientras que hasta ahora la guía de investigación fueron las declaraciones de los testigos y el invalorable trabajo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, abrir el espectro hacia las responsabilidades de actores civiles equivale a ingresar a archivos públicos, a viejos expedientes judiciales, a numerosa literatura, a películas, sitios digitales, archivos de entidades privadas, a información aún alojada bajo el secreto de Estado y, en fin, hacia todos los lugares donde se objetiva parte de la vida social de los argentinos”.

Esto es porque “estamos hablando de empresarios, dirigentes sociales, ex funcionarios públicos, de los lugares de reunión edificados en base a comunidad de intereses. A la par, esa gama de comportamientos tiene un correlato en la faz económica de la sociedad argentina, vinculada al reparto del ingreso y a las distintas transformaciones de los modos de acumulación. La dictadura alteró el formato de la sociedad y ese movimiento podría tener consecuencias jurídicas sobre las que aún no se trabajó en profundidad”.

A comienzos de agosto, abogados y abogadas de lesa humanidad de todo el país realizaron un encuentro declarado de interés por el Ministerio Público Fiscal. Allí, Carolina Varsky, coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, hizo un planteo en la misma dirección. Pero así como Delgado piensa en una reorganización para las causas de instrucción, Varsky planteó estrategias para unificar gran parte de las causas del Primer Cuerpo ya elevadas a juicios orales. El borrador fue trabajado con Jorge Auat, a cargo del área, y Alejandro Alagia, a cargo de una fiscalía de juicio. Ellos están pensando en el corto plazo un modelo del Juicio a las Juntas con un megajuicio de un año de duración y audiencias diarias, en el que puedan verse en simultáneo las trece causas ya elevadas del Primer Cuerpo entre las que están derivaciones de investigaciones de los centros clandestinos de detención de la Ciudad de Buenos Aires y periferias que hasta ahora tramitaron por separado. Son en general derivaciones de las llamadas “causas madres”, es decir que tuvieron un primer juicio ya cerrado y con sentencia como Vesubio 3, Sheraton, el Circuito Atlético Banco Olimpo (ABO) en su edición 3, Protobanco, Superintendencia de Seguridad 1 y 2, Virrey Cevallos, Orletti, Hospital Posadas y la causa de los secuestrados de la CNV.

Luego de un sondeo entre fiscales orales, la Procuraduría considera que un juicio así puede reunir unas 800 víctimas y juzgar a la vez a más de 70 responsables, articulados por zonas en común como el territorio del Primer Cuerpo. Además de plantear esto en términos estratégicos para agilizar procesos marcados por la edad avanzada de víctimas y de perpetradores, entienden que una nueva mirada arrojaría la posibilidad de mirar a mayor escala el funcionamiento y articulación entre los CCDs, la Inteligencia, las áreas y comandancia operativa. “Estamos teniendo en cuenta el antecedente del Juicio a las Juntas”, dice Varsky, “pero además ahora tenemos nuevas tecnologías y el avance de los juicios durante estos diez años con producción de prueba y documentación interconectado, señala que un debate de esas características no debería llevar demasiado tiempo”.

Hay una experiencia semejante que empieza a tomar forma en La Plata donde los fiscales propusieron concluir con el 70 por ciento de las causas elevadas con un megajuicio denominado Las Brigadas que reuniría los crímenes del Pozo de Banfield, Quilmes, San Justo y Lanús próxima a ser elevada con fecha probable de realización, ya en estas condiciones, sobre fin de año.

Diagnóstico

“Creemos que en el balance de la política de memoria, verdad y justicia y frente al cambio de gobierno que colocó a víctimas y perpetradores en una posición diferente -dice Alagia–, es necesario un replanteo de la política de juicios de sanción a las practica genocida en el país. Hubo una fragmentación por las formas que en las que los juicios se realizaron, eso quiere decir que se ha perdido la unidad del plan sistemático y los juicios se hicieron por centro clandestino. Después una década con buenos resultados creemos que hay que replantear el trabajo para centralizar las causas”.

El dictamen de Delgado de seis páginas avanza en la misma dirección. Pero tiene además el plus de mostrar una foto de época, un retrato de la situación de las causas. El mapa contiene avances y cuentas pendientes, entre ellas puntos sobre los que él mismo trabajó sin demasiado éxito como una temprana investigación sobre la Conarepa (Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial), el grupo Perriaux y deuda externa. Entre esos desafíos está básicamente el aspecto civil de la dictadura, una línea pendiente que también enfatizan los planteos de los organismos de derechos humanos, querellas y la propia Procuración.

Delgado dice en el escrito que durante estos años se logró elevar a juicio oral todas investigaciones congeladas en los ochenta de la megacausa Primer Cuerpo. Se lograron identificar nuevas víctimas, nuevos imputados y nuevos centros clandestinos como la Base Aérea de Palomar. Cada juicio oral generó, a su vez, nuevos hechos y por lo tanto nuevas causas. Las investigaciones generaron avances en nuevas dimensiones. La violencia de género se definió como delito autónomo. Y -aquí un punto pendiente– el papel de las grandes empresas en la represión clandestina como Ford y Mercedes Benz; el legajo Conarepa y Perriaux, parte de los temas que encuadra como “relacionados con el diseño general del nuevo golpe de Estado”. Allí señala entre los avances la posibilidad de establecer consensos de sentido sobre temas que tuvieron que ver “tanto con los aspectos políticos y militares de la dictadura cívico-militar, como con el cambio profundo de la estructura económica en beneficio de los grandes grupos empresarios nacionales y extranjeros”. Pero, agrega, “afirmamos que el trabajo se encuentra en una etapa crítica”.

Dar de nuevo

“Hay consenso relativamente homogéneo sobre que la dictadura fue algo mas que la acción de un grupo de militares y que el ‘Proceso de Reorganización Nacional’ implicó la reforma a sangre y fuego de la sociedad argentina para imponer un nuevo patrón de acumulación, como lo demostró Eduardo Basualdo, que supuso el fin del proceso de sustitución de importaciones por el de valorización financiera”. Explica que también hay consensos acerca de lo “cívico militar” al entender que la reforma social se desdobló para actuar de modo legal y de modo clandestino, “lo que trajo el reconocimiento social de un entramado de relaciones en la sociedad civil que sostuvo y avaló esa reforma. Precisamente por ello se comenzó a hablar de dictadura cívico militar, en vez de dictadura militar a secas”.

En ese contexto, “desde la fiscalía con suerte dispar intentamos, desde la reapertura de los juicios, esta doble perspectiva”. Sin embargo, “ese desplazamiento del significado de la dictadura producto de la reflexión colectiva aún no fue registrado por el sistema de administración de justicia. El devenir de los intentos individuales de la fiscalía constituye la prueba de ello. Aquí reside la tensión. Entre el resultado de la auto reflexión colectiva, de la que ciertamente participó la justicia, y la actitud de esa justicia frente a los hechos que protagonizó la dictadura que no varió. El sistema de administración de justicia permanece auto encorsetado en la dinámica de los hechos ocurridos en los centros de detención clandestina en los años de plomo. Parece que antes del golpe no pasó nada, que durante la dictadura la actividad criminal se limitó a los centros de detención clandestina y que en el camino hacia la salida democrática tampoco hubo comportamientos que de algún modo buscaron borrar las huellas de los hechos o esconder sus beneficios”.

Delgado explica que “desde el juicio a las juntas de 1985 hasta la hora presente, la justicia argentina identificó y juzgó con la Constitución Nacional y leyes reglamentarias graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde el Estado. No decimos que a esta perspectiva hay que abandonarla. Lo que hay que hacer es adaptarla a los tiempos históricos de estas investigaciones, que no son las mismas de hace una década”.

Gran parte de las causas han finalizado, explica. Permanecen en instrucción derivaciones de lo que podríamos llamar las “causas madre”. Pero aún así “se trabaja con la lógica de hace más de diez años por lo cual asistimos a escenas paradójicas: testimonios que se repiten, pruebas que se producen nuevamente, discusiones sobre hechos ya reconocidos judicialmente, planteos de las partes que se renuevan decenas o veintena de veces y que se resuelven inexorablemente igual”.

Pide “reordenar” el trabajo y mirar “todos los expedientes a la vez”. Reagrupar legajos con puntos en común, producir sólo la prueba nueva absolutamente necesaria y usar todo el trabajo hecho en estos años. “O sea, no llamar al mismo testigo muchas veces, no dedicarse a probar que un determinado centro de detención clandestino existió si una sentencia así lo declaró, no perder tiempo en escribir hojas y hojas para afirmar que en la Argentina hubo un plan criminal orquestado desde el Estado porque eso judicialmente se probó en el juicio a las juntas a mediados de los ochenta.”

El paso del tiempo es “un factor decisivo” en todos los expedientes, pero en estos más. Pero “hay cosas que se pueden hacer, como utilizar las verdades judiciales declaradas a lo largo de múltiples sentencias, se reduce a una simple decisión de organización del trabajo judicial que puede tomar el Señor juez instructor”. En esa línea piensa “en expedientes que condensan quiebras comerciales, la historia de la deuda externa, las caídas bancarias derivadas de las crisis económicas, junto a los archivos de organizaciones empresarias, del Banco Central de la República Argentina, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del sistema de inteligencia, de las comisiones de asesoramiento legislativo de los setenta y de las comisiones parlamentarias posteriores a 1983, constituyen un valioso material para reconstruir la dinámica de una época, para identificar a sus actores y analizar luego si hubo comportamientos capaces de ser atrapados por las leyes penales”.