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El Estado argentino deberá realizar modificaciones sustanciales para terminar con la discriminación de los pueblos aborígenes, inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y personas con discapacidad. Así lo afirman las recomendaciones que la última semana presentó el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas ante el gobierno argentino. La mayoría de los puntos del informe reclaman sobre todo mejorar la situación de los pueblos originarios.
El comité de la ONU urgió al Estado poner en práctica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece derechos para los miembros de las comunidades aborígenes. El CERD también reclamó a la Argentina una política general de tenencia de la tierra para los pueblos nativos, que prevea “procedimientos legales efectivos para el reconocimiento de los títulos de propiedad de los pueblos y para la demarcación de límites territoriales, salvaguardando los derechos de los indígenas sobre tierras ancestrales –especialmente sitios sagrados–, y debe contemplar compensaciones a los pueblos originarios por la privación de tierras”.
El informe de las Naciones Unidas también solicita al Estado que “asegure el acceso a la Justicia y reconozca la personalidad jurídica” de los pueblos indígenas y sus comunidades en su tradicional forma de vida, muchas veces avasallada mediante desalojos violentos de los lugares que habitan. Otro de los reclamos apuntó al establecimiento “efectivo” del Consejo de Pueblos Indígenas de Argentina y a que se adopte una educación bilingüe e intercultural para aborígenes “con total respeto” por su identidad.
El CERD no sólo cuestiona la falta de políticas respecto de los pueblos originarios, sino que también cuestiona la falta de información oficial sobre el tema indígena. Las recomendaciones fueron realizadas tras un informe y una posterior audiencia que mantuvo el Estado nacional con este organismo. La ONU también recibió informes alternativos de entidades de derechos humanos, entre ellas, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El CERD reclamó, además, por los derechos de los inmigrantes y pidió la reglamentación de nueva Ley de Migraciones 25.871, que reemplaza a la anterior, sancionada durante la dictadura y conocida como Ley Videla. En este punto, el comité pide una amplia campaña de concientización para la población.