En el Teatro Dante, de La Boca, donde se reunieron organizaciones vecinales de las zonas afectadas por la contaminación del Riachuelo, el gobierno nacional, el de la Ciudad y la gobernación bonaerense presentaron el plan de saneamiento para la cuenca. A cargo de la exposición estuvieron la secretaria de Medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, su par porteño, Marcelo Vensentini, y la bonaerense Silvia Suárez Arocena. Al teatro también fue Donato Spaccavento, director del Hospital Argerich, el centro de salud que recibe a la mayoría de los afectados de esa zona.

La reunión en el teatro fue la primera que se organiza con los tres funcionarios responsables de la autoridad conjunta que deberá resolver la crisis. El martes próximo, los tres tienen otra cita con la Corte Suprema de Justicia para una audiencia pública, en la que deberán desarrollar el proyecto de saneamiento.

El plan oficial abarca la extensión de la red cloacal a los catorce municipios de la cuenca, sistemas de cañerías para proveer agua potable, la construcción de plantas depuradoras, la clausura de basurales, la reconversión de industrias y la relocalización de las más contaminantes.

Ayer, Picolotti sostuvo que la prioridad será “atender en forma inmediata a los sectores más vulnerables” de la cuenca. Vensentini, por su parte, dijo que “por primera vez se habla del Riachuelo no como un problema exclusivamente del agua”, sino como una cuestión “social” y vinculada a la “pobreza”. Suárez Arocena consideró que “la única alternativa” para dar una respuesta definitiva al problema será “encarar como se está encarando, en forma conjunta” la crisis.

También hablaron en el encuentro dos vecinos. En el teatro hubo gente de los barrios de La Boca, Barracas, Avellaneda y Matanza, todos en la cuenca del Riachuelo.

El plan presentado a los vecinos se redactó en respuesta a la intimación de la Corte Suprema, que hizo lugar a una denuncia presentada por ciento cuarenta personas afectadas por la contaminación. Además del Estado, cuarenta y cuatro empresas fueron demandadas para que informen cómo tratan los desechos industriales y ofrezcan “medidas concretas de recomposición del daño colectivo”.

En la audiencia de este martes está previsto que hablen los abogados de los denunciantes. A continuación, los gobiernos tendrán que explicar su programa de salvataje para la cuenca. Habrá una segunda audiencia el 12 de septiembre, a la que están citadas todas las empresas denunciadas. Luego podrá intervenir el defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, y cuatro ONG. En el tribunal no descartan hacer una última audiencia el miércoles 13, si el tiempo no alcanza.