El ex comandante Ollanta Humala, líder del Partido Nacionalista, deberá enfrentar un juicio por violaciones a los derechos humanos, como consecuencia de su participación en la guerra sucia de la década del noventa. La jueza Miluska Cano acogió la denuncia fiscal contra Humala por los delitos de desaparición forzada y asesinato de los esposos Benigno Sullca y Natividad Avila, y por lesiones graves contra Jorge Avila, pero desestimó los cargos de tortura contra el ex militar y actual líder político argumentando que la tortura no estaba tipificada como delito en la legislación peruana cuando ocurrieron los hechos, en junio de 1992.

La magistrada Cano dictó el embargo preventivo de los bienes de Humala y emitió una orden de arraigo que le impide abandonar el país. Humala deberá pagar una caución de 20 mil soles (poco más de seis mil dólares) y presentarse una vez al mes al juzgado para informar de sus actividades. La jueza Cano le advirtió que si incumple alguna de las medidas dictadas por el Tribunal ordenaría su detención.

Humala se declaró víctima de una persecución política y atribuyó el juicio en su contra a presiones del gobierno de García y de los grupos de poder económico. “Esto es parte de una campaña política para destruir al nacionalismo y a su líder”, señaló. Pero los organismos de derechos humanos, que tienen una larga y reconocida trayectoria en el país, respaldaron la apertura del proceso al líder nacionalista.

El capitán Humala fue jefe en 1992 de la base contrasubversiva de Madre Mía, en una zona de la selva peruana que en esa época estuvo marcada por la guerra sucia y donde las torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales fueron una práctica común de las Fuerzas Armadas. Dos familiares de los esposos Sullca Avila, secuestrados por los militares de su casa, acusan a Humala de ser responsable de la desaparición de la pareja.

Humala no es el único líder político cuestionado que alega ser víctima de una persecución política por parte del gobierno. Los principales líderes de Perú Posible (PP), el partido del ex presidente Alejandro Toledo, también acusan al presidente García de haber desatado una persecución en su contra, luego de que el gobierno ordenara la formación de una Procuraduría Especial para que investigue las denuncias de corrupción contra los funcionarios del régimen anterior, incluido el presidente Toledo, actualmente en Estados Unidos.