Oscar Bugallo fue asesinado en Chile el 17 de octubre de 1973. Su cuerpo apareció frente al Templo Votivo de Maipú con una herida de bala con salida en el pecho y otras lesiones atribuidas a torturas. Bernardo Lejderman y su mujer fueron acribillados por una patrulla militar del regimiento de Arica. Leonardo Henrichsen filmó a sus asesinos: mientras cubría para la televisión sueca el levantamiento militar del 29 de junio de 1973 un oficial del Ejército le apuntó y tiró del gatillo. Las familias de estos tres argentinos víctimas de la dictadura pinochetista buscaron justicia en Chile pero el reclamo no dio frutos. La semana pasada, el director de derechos humanos de la Cancillería argentina expresó a su par chileno el interés de la Argentina en el avance de estas causas.

Luego de la asunción de Michelle Bachelet a la presidencia, la Argentina y Chile establecieron un mecanismo bilateral de consulta regular en temas de derechos humanos. En junio hubo un encuentro en Buenos Aires en el que los encargados de esa área en las Cancillerías compararon e intercambiaron información. El miércoles pasado, en el marco de la reunión de altas autoridades del Mercosur en materia de derechos humanos que se realizó en Brasilia, los funcionarios volvieron a hablar del tema. A pocos días de un nuevo aniversario del golpe de estado contra Salvador Allende, el director de derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Federico Villegas Beltrán, le dijo a su par chileno, Juan Aníbal Barría, que el gobierno apoyaba a los familiares de argentinos que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos en Chile. Aclaró que estaba interesado en que no se cerraran los expedientes presentados en los tribunales de ese país, que en este momento están en riesgo. Los diplomáticos chilenos se comprometieron a analizar de qué manera podían intervenir en el tema, que está en la órbita del Poder Judicial.

“En otra época esto hubiese sido tomado como intervención en asuntos internos, pero ahora es natural, es coherente con la posición del Estado argentino respaldar a las víctimas en cualquier país en el que funcionó el Plan Cóndor”, aseguró a Página/12 un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se trata de la misma política que siguió el Gobierno cuando reclamó en Uruguay que avance la investigación sobre el asesinato de María Claudia García Irureta Goyena, nuera del poeta Juan Gelman. Las casos documentados de argentinos desaparecidos en Chile son diez, pero son tres los que actualmente están siendo investigados por la Justicia.

Oscar, Bernardo
y Leonardo

- Olga Reynoso es documentalista y fotógrafa. Fue compañera de Bugallo y viajó a Chile para buscar información e iniciar un juicio. Consiguió un testigo que aseguró haber visto a Bugallo detenido en el Estadio Nacional, que sumó al hecho conocido del hallazgo del cuerpo de su novio en Maipú. Ese fue el único dato que obtuvo hasta el momento. La presentación que realizó ante la Corte de Apelaciones de Santiago por ejecución, asociación ilícita y aplicaciones de tormentos está paralizada.

- Ernesto Lejderman tuvo, en un principio, mejor suerte con la causa judicial. Hizo la denuncia sobre el asesinato de sus padres el 4 de diciembre de 2000, después de que el ex militar de inteligencia Pedro Rodríguez Bustos asegurara ante la Justicia que Bernardo Lejderman y María del Rosario Avalos (de nacionalidad mexicana) no se habían suicidado, como relataba hasta ese momento la historia oficial, sino que habían sido asesinados. El militar presentó al magistrado una lista con los nombres de seis represores implicados en el crimen. Cuatro de ellos fueron procesados a mediados de 2004. Aunque había sido involucrado, no fue de la partida Mario Larenas Carmona, histórico director de la escuela militar en Chile. Sin embargo, luego de una entrevista de Lejderman con Michelle Bachelet, entonces ministra de Defensa, Larenas fue dado de baja.

El 21 de junio pasado, el juez Joaquín Billard declaró la prescripción de la acción penal respecto de los militares Fernando Polanco Gallardo, Héctor Vallejos Bitriola, Luis Fernández Monjes y Ariosto Lapostol Orrego.

- El periodista argentino Leonardo Henrichsen fue asesinado frente al Banco Central, en el centro de la ciudad de Santiago el 29 de junio de 1973. Estaba cubriendo el alzamiento conocido como “tanquetazo” para la radio y televisión de Suecia. La balas partieron de una patrulla que se desplazaba en la camioneta 3/4 PAM N3091 del cuadro permanente de la Compañía de Tiradores del Regimiento Blindado No 2. Henrichsen filmó al cabo Héctor Hernán Bustamante Gómez mientras le disparaba.

Los hijos del periodista, Jose-phine Anne y Andrés, presentaron el año pasado una querella criminal ante el Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, pero la denuncia fue desestimada, también, por prescripción.

Luego de la detención en Londres y liberación de Augusto Pinochet, la Justicia chilena produjo algunos avances en materia de juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos. En junio, por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a cuatro ex miembros de la cúpula de la policía secreta pinochetista por el secuestro de cuatro militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Y el mismo Pinochet, sobreseído en un principio por “demencia”, afronta ahora algunos procesos relacionados con la Caravana de la Muerte y con las cuentas secretas que mantuvo en el exterior.

“Lo que ocurre es que la ley de amnistía está vigente y el destino de las causas depende mucho del juez y del caso. La doctrina de la Corte es considerar las desapariciones como crímenes de lesa humanidad (por lo tanto imprescriptibles) y ahora también las ejecuciones políticas. Pero eso no ocurrió con las causas de los argentinos. Mi caso pasó por cinco jueces, puede ser porque toca a amigos de Pinochet. El crimen de Henrichsen no lo consideraron dentro del terrorismo de Estado porque ocurrió antes del 11 de septiembre de 1973, pero los que lo mataron fueron los mismos que dieron el golpe”, explicó a Página/12 Lejderman.

Según el joven, para que los expedientes avancen hay que seguirlos de cerca y cordillera de por medio la tarea se hace difícil: “Cuando pude empezar a viajar a Chile a pedir justicia la causa se movió, pero los familiares argentinos no tenemos medios para ir seguido. Aunque la justicia debería seguir su propio camino, eso no ocurre, por eso es importante el respaldo que nos da el Estado argentino. Nos gustaría que también se transforme en querellante en las causas”.