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Pedro Lipcovich

Dónde está el asesino

Si Angel Ernesto Soto –el camionero que, alcoholizado, dio de frente contra un micro lleno de escolares en Reconquista– no hubiera muerto en el choque, hoy la “opinión pública” clamaría por la cárcel para el “asesino al volante”. Su ausencia quizá facilite, por un instante, examinar las responsabilidades emergentes de los miles de víctimas, totalmente evitables, que cada año causa la inseguridad vial en la Argentina. El conducir bajo efectos del alcohol es sólo una de las infracciones que la cultura vial argentina consiente –salvo, y sólo a posteriori– para el “asesino al volante” de turno.

Las bases de una acción que permitiría bajar fuertemente las muertes del tránsito son claras y sabidas: sustitución del sistema de multas económicas por uno basado en suspensiones progresivas de la licencia de conducir; puesta en marcha de un sistema federal de licencias, con registro unificado de antecedentes; establecimiento de una policía de tránsito jerarquizada y no corrupta. Estas medidas serían el eje en el que sustentar diversas acciones educativas, de difusión y concientización.

Sin embargo –pese a que las víctimas por esta causa superan en mucho las causadas por hechos delictivos, por incendios o por accidentes aéreos–, la seguridad vial nunca llega a hacer pie en la agenda pública argentina. Quienes, tratándose de delitos contra la propiedad, se movilizan por la “mano dura”, no se preocupan por la impunidad que rodea a las más peligrosas infracciones viales. Quienes, desde otra perspectiva, prefieren encarar los hechos delictivos encarando sus raíces sociales, no parecen preocupados por modificar las raíces sociales de la inseguridad vial en la Argentina.

Quizás una parte del problema radique en que, tratándose del tránsito, no termina de haber un otro, como lo es el “delincuente”, para que se le aplique castigo o se le otorgue comprensión. La figura del infractor de tránsito está demasiado próxima a la del sujeto de la “opinión pública”. El hecho es que, a menos que se genere una política de Estado contra la inseguridad vial, ésta continuará arrojando víctimas como las del domingo en Reconquista o las que hoy se producirán y, por cotidianas, no serán noticia.

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Por Claudia Fernandez *

El freno y la exhibición

A partir del hecho que enlutó al colegio Ecos del barrio de Almagro observamos lo “medidos” que estuvieron los medios de comunicación en la transmisión de los hechos. Un camarógrafo fue increpado por un grupo de chicos cuando fueron asaltados por la cámara en su dolor, la escuela colocó en la puerta un cartel que mantenía alejados a los periodistas, que puertas afuera intentaban –muchas veces en vano– tomar alguna declaración o captar alguna imagen que describiera este dolor. Otro cartel decía claramente que no se difundieran los nombres de los chicos.

Debe ser difícil organizarse y desde el dolor poner los puntos sobre las íes para que ese dolor no se convierta en un circo que da lugar a la perversión del espectador, para ver –como si fuera un concurso– quién llora más, quién sufre más, quién tiene más coronas. Este grupo de padres y docentes puso un freno y logró que, lejos de convertirse en un reality show, se hicieran crónicas respetuosas y prolijas de su dolor.

Como contraparte, ayer en el programa Informe Central, de América TV, fue difundido un informe que pretendía ser revelador sobre los chicos de la calle que “paran” en la avenida 9 de Julio. El mentado informe no revelaba nada nuevo sobre esta triste problemática, pero sí exponía con total impunidad a los chicos de la calle que de cara a la cámara hacían denuncias sobre abusos policiales. Los policías que ellos denunciaban se encontraban allí mismo, en medio de la escena filmada.

Está claro que estos chicos no tienen padres que los defiendan, que no tienen un colegio que los contenga, pero sí hay leyes que los protegen. Es deber de los adultos y de los medios de comunicación no usar su imagen y exponerlos impunemente a riesgos y peligros. Cuidarlos y preservarlos de la depredación mediática es un deber, no una decisión de producción.

* Jefa de Prensa del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del gobierno porteño.