“Los jueces duran en su función mientras tengan idoneidad y honestidad. Esto hace a la garantía de la inamovilidad, sin la cual no se puede pensar en jueces independientes”, dijo a este diario el camarista de Mar del Plata, Esteban Viñas, presidente de la Red de Jueces Penales bonaerenses. La Red salió en reiteradas ocasiones en defensa de jueces sometidos a jury por el solo motivo de que existía desacuerdo en sus fallos, e hicieron pública su postura. “No puede ser que cada vez que un juez resuelve una excarcelación o una libertad, sale un funcionario político anunciando que va a pedir un jury. Si no se está de acuerdo con un fallo hay muchos más mecanismos de control en la Justicia que en cualquier otro poder, las diferentes posibilidades de apelación a jueces con criterios que pueden ser diferentes. Pero es una barbaridad y una intromisión que se amenace con un jury por no estar de acuerdo con un fallo. Lo que pasa es que se olvidan que la ley está hecha para proteger al más débil y no al más fuerte, como era antes del surgimiento de los Estados.”

La Red de Jueces tomó intervención también en el caso del juez Schiavo, que había sido llevado a jury por el caso conocido como la “masacre de Campana, ocurrido en julio de 2008, cuando el matrimonio Mansilla y sus dos hijos fueron asesinados por celos y vendetta. Uno de los cuatro detenidos tenía detención domiciliaria mediante una pulsera electrónica que controlaba el Servicio Penitenciario. Schiavo, efectivamente le había concedido la libertad, pero años antes y sin que se efectivizara porque no había disposición de pulseras. Cuando la hubo, el detenido ya estaba bajo la responsabilidad de un tribunal de juicio. Pese a que no dependía de él y de que la custodia correspondía al SPB, el acusado fue Schiavo. Antes, por una investigación del fiscal Edgardo Ledesma, por defraudación, Schiavo había mantenido preso durante 18 días al intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino.

En la contratara, el pedido de juicio político contra el fiscal general de San Isidro Julio Novo encuentra dificultades para avanzar. Novo fue acusado no por intereses políticos sino por 13 fiscales subordinados a él. Lo acusaron de arbitrariedad en la asignación de recursos, publicidad de información reservada, trabas burocráticas a medidas de importancia en investigaciones. Intromisión en casos, algunos resonantes como el caso García Belsunce, en el que instaló tres fiscales que interrumpieron la labor del fiscal del juicio, Diego Molina Pico; en la causa del asesinato de Pablo Mazettelle, secretario del intendente de Pilar, ordenó detenciones de modo irregular para evitar la presión de los medios según admitió a sus segundos, “total para dejarlos en libertad están los jueces”, sostienen en la denuncia. Los acusados fueron absueltos cuatro años después. Se los sospechó vinculado a intereses municipales. Y a tal punto llegó su poder que pese a que la presentación fue apoyada por una decena de diputados nacionales, y a que la reconocida Asociación Pensamiento Penal, que reúne a jueces y expertos penalistas presentó en junio pasado un reparo por la demora que provoca un cisma interno en la justicia sanisidrense, Novo sigue sin su juicio y enemistado con más de la mitad de sus funcionarios dependientes. Como señaló la APP, “urge la resolución. Trescientas mil personas no tienen justicia”.