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La Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) consideró necesario “incorporar expresamente al femicidio” como figura penal autónoma con la aplicación de la máxima pena que existe en el Código Penal. El reclamo integra las conclusiones del XIX Encuentro Nacional de la entidad, a la que pertenecen las dos juezas de la Corte Suprema y magistradas de cortes provinciales y tribunales inferiores de todo el país.

Fundamentaron su pedido al evaluar “indispensable que se visibilicen los asesinatos de mujeres por el hecho de serlo y, conociendo el poder que tiene el lenguaje, que dicho delito sea nombrado con una palabra que lo identifique claramente”. Por otra parte, la AMJA señaló que “la existencia de un tipo penal autónomo facilitará el registro y seguimiento de los casos, a nivel policial y judicial, y operará como un alerta para que los/as magistrados/as se abstengan de aplicar los atenuantes de emoción violenta y preterintencionalidad”.

El congreso de la AMJA se desarrolló a fin de agosto en la ciudad de Santiago del Estero y tuvo como tema convocante la problemática de la violencia de género y el femicidio. Tal como informó este diario, durante las tres jornadas del encuentro –que contó con la participación de unas 200 magistradas y operadoras de la Justicia y las videoconferencias de las dos juezas de la Corte, Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco– se analizaron las respuestas que ofrece el sistema judicial frente a ese flagelo. Aquí se enumeran algunas de las conclusiones:

- Se coincide en que hay que educar al ciudadano, “porque la violencia se aprende y la no violencia también, en razón de lo cual se debe propender a una educación que tienda a erradicar la desigualdad y la discriminación que generan violencia, para –de esta forma– contribuir a la construcción y desarrollo de una sociedad más equitativa y más justa”.

- “La violencia de género es un tema de derechos humanos, que afecta a toda la sociedad y requiere una respuesta y compromiso de todos los sectores. La violencia intrafamiliar no pertenece al ámbito de lo doméstico, sino que es una cuestión social, de política de Estado.”

- Se requiere de una capacitación permanente de todos los operadores judiciales, para comprender, conocer y profundizar sus variadas y complejas aristas. Esa capacitación debe incluir el estudio de indicadores de riesgo en la víctima e indicadores de agresión en el victimario.

- Se cuestiona la utilización de la resolución alternativa de conflictos (mediación) como también de la suspensión del proceso a prueba en los casos de violencia doméstica. Se advierte que el incumplimiento de las medidas de restricción dispuestas por los jueces respecto de los imputados, para resguardar y proteger a las víctimas, no son mera infracción sino configuran el delito de desobediencia judicial.

- “La información periodística sobre la violencia de género y el femicidio debe ser seria y responsable”, para generar “un debate social que coadyuve a desarmar la naturalización del tema”. “Si bien debe garantizarse la libertad de expresión, ello no significa que no exista el reproche jurídico posterior cuando se vislumbren la violencia y discriminación de género” en publicaciones, canciones y otras manifestaciones en los medios. Se sugiere convocar a publicistas y educadores para la reflexión y toma de conciencia de los roles estereotipados que se transmiten.