Los antecedentes son muchos. Quedaron en silencio o fueron mencionados al pasar por algún medio local. Son amenazas, detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos, disparos sin explicación y hechos extraños protagonizados en los últimos dos años por los efectivos de la Bonaerense en Moreno. La tendencia se está profundizando, según denuncian organizaciones sociales, miembros de la Iglesia Católica y ONG de derechos humanos. La preocupación es que el endurecimiento contra los jóvenes pobres derive en la formación de escuadrones de la muerte parapoliciales, como sucedió hace unos años en la zona norte, en especial en Don Torcuato y San Fernando. Los casos recientes apuntan –un verbo muy oportuno– en ese sentido.

El hecho más reciente se produjo el 18 de enero en Las Catonas, un complejo de monoblocks sobre la ruta 23, entre la estación de Moreno y San Miguel. El afectado fue Sergio Yapura, un joven de 20 años que participa del comedor Caritas Felices del Movimiento Octubres. Las Catonas es un barrio con muchas carencias y que carga con el estigma de ser el “Fuerte Apache” de la zona. Junto con sus compañeros, como Paola Ortiz y su madre, Sergio se encarga de repartir la merienda. Ese día, tras amasar pastelitos, al salir se encontró con un operativo policial.

“Siento un disparo. Cuando miré, me estaba apuntando a los pibes. Me fui corriendo al comedor”, cuenta Sergio. “Cuando llegué, habían oficiales en la puerta y en un ventanal que hay atrás. Me metí adentro pero ellos querían entrar. Me dijeron que si no salía yo, iban a entrar por la fuerza. Al final salí y me llevaron acompañado de la madre de Paola (Elba Espeche). Ella me tenía agarrado para que no me pegaran. Antes de llegar a la comisaría, tiraron a la señora al piso y le fracturaron el brazo. En la comisaría me dijeron que firmara la confesión del robo de un cyber. Me pegaron piñas en las costillas. Me tenían esposado y arrodillado en el piso. Como no quise firmar, me tuvieron ahí hasta las seis de la tarde. Recién me soltaron cuando firmé un papel de desacato a la autoridad.”

Según el Movimiento Octubres, el policía que le disparó a Sergio era Miguel Rivas, el jefe de calle de la seccional que la Bonaerense tiene en Las Catonas. El hecho motivó una denuncia ante la Procuración General de la provincia, presentada por la Secretaría de Derechos Humanos que encabeza Edgardo Binstock, y otra presentación en Asuntos Internos de la Policía. El 26 de enero, compañeros y vecinos de Sergio decidieron hacer una protesta por las agresiones. Cortaron parcialmente la ruta 23 unas horas. Un policía de civil que viajaba en un Fiat Uno de color rojo sacó su arma reglamentaria y amenazó con disparar a los manifestantes ante la vista de todos, incluso de los periodistas.

Otro caso es el de Adrián Alberto Alegre. Lo detuvieron policías de civil en la casa de su suegra en el barrio La Perlita. Eran las 9 de la noche del 21 de noviembre. Los agentes eran más de cinco y entraron sin orden judicial. Primero lo trasladaron a un descampado, donde le gatillaron un arma en la nuca. Lo acusaban de “andar robando con un revólver 22”. Alegre dijo que era cartonero. Después lo llevaron a la comisaría 1ª. “Cinco personas comenzaron a pegarme piñas. Me pusieron en la cabeza una bolsa de nylon. Me faltaba el aire. De los nervios rompí la bolsa con los dientes. Me pusieron una toalla húmeda en la cabeza y me dieron electricidad en el pie izquierdo”, denuncia.

Alegre fue liberado siete horas después de su detención. Tuvo que ser llevado al hospital de Moreno, donde le pusieron un collar ortopédico por los golpes recibidos.