Hace 30 años un grupo de tareas de la dictadura militar asesinó a tres sacerdotes y a dos seminaristas, todos miembros de la comunidad católica palotina de San Patricio, en el barrio de Belgrano R.

En la gélida mañana de aquel 4 de julio Rolando Savino, un joven de 16 años que era el organista de la parroquia, descubrió la tragedia. Según su relato, llegó al templo a las siete y media. Había poca gente en la calle aguardando a la intemperie. Pasó un rato y, extrañado, vio que la iglesia permanecía cerrada. Algunos feligreses impacientes tocaron el timbre y dieron golpes en las puertas, sin obtener respuesta. A las ocho menos cinco Rolando dio un rodeo a la casa y encontró una banderola semiabierta. Trepó y entró. No percibió ni ruidos ni movimientos. Fue hasta el comedor de la planta baja. Tomó las llaves de la iglesia y abrió las puertas para que los feligreses pudieran entrar. Con otra llave abrió la puerta de la casa parroquial; desde el hall llamó a los padres sin resultado alguno. Vio luces encendidas en la planta alta. Creyó que los sacerdotes se habían quedado dormidos, o que recién se levantaban, aunque esto fuera anormal. Como el silencio continuaba, subió las escaleras hasta el primer piso donde estaban los dormitorios. Un frío helado recorrió su cuerpo. Estaba todo revuelto. Pensó en un robo. La estufa de gas estaba encendida. Se acercó a la sala de estar. Abrió la puerta y con horror observó los cuerpos acribillados de los cinco religiosos tirados en el suelo sobre una alfombra roja. Aterrorizado, bajó las escaleras. Entre las personas que aguardaban vio a Celia Harper; impelido de un desconocido sentido del control le pidió que lo acompañara a la planta alta, sin decir una sola palabra al resto de la gente. A los pocos minutos Rolando y Celia se dirigieron a la comisaría del barrio para comunicar el macabro hallazgo.

Horas después dos adolescentes, Luis Pinasco y Guillermo Silva, hablaron con el cura palotino Efraín Suedo Luque y le contaron lo que habían visto en las primeras horas del domingo. Desde la esquina de Estomba y La Pampa, vieron dos automóviles que estacionaron frente a la casa parroquial. Otro joven que estaba con ellos, Julio Víctor Martínez, hijo de un militar que había sido nombrado interventor en Neuquén, creyó que podía ser un atentado contra su casa. Fue a la comisaría 37 e hizo la denuncia. A regañadientes, los policías aceptaron verificarla. Minutos después, una comisión al mando del oficial Miguel Angel Romano llegó a la parroquia. El policía habló con quienes estaban en los autos y, satisfecho, ordenó que el patrullero volviera a la comisaría. Al llegar a la esquina, se dirigieron a Pedro Alvarez, otro policía que custodiaba la casa de Martínez. “Si escuchás unos cohetazos no salgás porque vamos a reventar la casa de unos zurdos”, fue la explicación que brindaron desde el patrullero. Pasadas las 2, Pinasco y Silva vieron cómo hombres armados salían de los autos con armas largas e ingresaban a la casa parroquial. Más tarde, las personas salieron de la vivienda de los religiosos, abordaron los vehículos y se fueron a toda velocidad. Sólo a la mañana los adolescentes se enteraron de que los “zurdos” eran los sacerdotes Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Dufau, y los estudiantes Salvador Barbeito y Emilo Barletti.

La investigación judicial tuvo dos etapas. La primera, encabezada por el juez Guillermo Rivarola en los años 1976 y 1977, no halló a los autores y la causa fue sobreseída provisionalmente aunque hubo evidencias notorias que indicaban la intervención de la dictadura operando en el marco de lo que los represores denominaron la “lucha antisubversiva”. La segunda fase comenzó en agosto de 1984 y estuvo a cargo del juez Néstor Blondi. Una serie de testimonios dirigieron la sospecha hacia la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Un ex integrante de la Marina, Miguel Angel Balbi, relató al tribunal que un ex “compañero de armas”, Claudio Vallejos, lehabía confesado su participación en el homicidio juntamente con Antonio Pernías, el teniente de navío Aristegui y el suboficial Cubalo.

Convocado por el juez Rivarola, Miguel Angel Romano dio su versión sobre lo ocurrido. Reconoció haber estado frente a la parroquia aquella noche e identificado a la única persona que, según él, estaba dentro de un automóvil Peugeot 504. “Cuando lo interrogó sobre el motivo de su estadía en ese lugar, esa persona le manifestó que se encontraba allí esperando a una señorita que tenía que salir de una fiesta que se daba a la vuelta”, figura en el testimonio brindado al magistrado.

En mayo de 1986, ya durante un gobierno constitucional, el entonces fiscal Aníbal Ibarra solicitó el procesamiento de Romano. “Llego a la conclusión de que el ayudante Romano individualizó a las personas que estaban en uno de los Peugeot y digo a las personas porque el nombrado mintió cuando expresó que sólo encontró a una. (...) En tales condiciones, es evidente que los integrantes del rodado hicieron saber que la intención de ellos no era el general Martínez sino por el contrario ‘reventar a unos zurdos’. Esto obviamente tranquilizó al ayudante Romano quien se dirigió entonces a avisar al custodio del mencionado ex gobernador del Neuquén lo que realmente iba a ocurrir.” Ibarra concluyó: Romano “supo en el cumplimiento de sus funciones lo que iba a ocurrir en la parroquia de San Patricio y con su actitud –tratando incluso de evitar la posible intervención del custodio del general Martínez– permitió que ello ocurriera”.

Asimismo, Ibarra pidió el procesamiento del jefe de la comisaría 37, Rafael Fensore por “la omisión de incorporar al expediente ese importante incidente (la denuncia de Martínez)”, que recién fue agregado tres días después del múltiple homicidio.

En junio de 1987, el juez Blondi dispuso el desprocesamiento de Fensore y Romano, haciendo lugar al pedido de prescripción de la acción formulada por los abogados defensores. La causa judicial fue clausurada por segunda vez en forma provisional. Las leyes de punto final y obediencia debida, sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y los indultos decretados por Carlos Menem hicieron el resto. La investigación quedó interrumpida sin indicio de que pueda ser reactivada. Los asesinos e instigadores nunca fueron castigados.

Aquel crimen fue el hecho de sangre más importante que sufrió la Iglesia argentina en toda su historia. Sin embargo, la cúpula católica mantuvo un llamativo silencio, jamás exigió con la debida fuerza el esclarecimiento del crimen y mucho menos reclamó el castigo a los culpables. El homenaje a las víctimas quedó circunscripto a las misas que los palotinos les dedican cada 4 de julio y a la acción de los organismos de derechos humanos. El 24 de abril del año pasado, el presidente Néstor Kirchner visitó la iglesia de San Silvestre de la congregación palotina en Roma y depositó flores en la placa que evoca a los cinco asesinados. “Nuestros hermanos, víctimas del terrorismo de Estado, hoy son un fruto para nuestra Iglesia”, recordó el sacerdote Mariano Pinasco, hermano de quien fue testigo de parte de la masacre. En esa ceremonia, Pinasco agregó: “Siento que la memoria está siendo recuperada en la Argentina. Gracias por no dejarnos solos a los palotinos”.