La nueva Secretaría de Medio Ambiente, a cargo Romina Picolotti, tendrá entre sus metas más urgentes frenar la polución en el Riachuelo y en otros puntos del país donde hay industrias altamente contaminantes, como las plantas de celulosa. En ese rumbo, el organismo apostará todo a lograr que las empresas problemáticas reconviertan su tecnología. La abogada y su equipo técnico ya trabajan en el diseño de un plan que reforzará los mecanismos de control y, a la vez, ofrecerá incentivos a los empresarios, como créditos especiales, para quienes acepten volcarse a una “producción limpia”. Analizan, además, impulsar una reforma legal o una nueva ley, que establezca los lineamientos de la Unión Europea en materia ambiental y fije los estándares para adecuar los aparatos productivos, plazos para eso y sanciones para los incumplidores.

Picolotti es una militante ambientalista de 35 años que integró, como representante de Entre Ríos, la delegación argentina en el juicio por las papeleras ante la Corte Internacional de La Haya. También patrocinó a los vecinos de Gualeguaychú en su denuncia contra Uruguay ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y plasmó la estrategia destinada a cortar el financiamiento internacional para las obras de Botnia y Ence en Fray Bentos. El miércoles o jueves de esta semana el día aún está en duda la abogada hará su desembarco en la secretaría medioambiental, un área a la que el Gobierno decidió jerarquizar tras señalar “al cuidado del ambiente como política de Estado”.

Antes de asumir Picolotti se reunirá, o al menos eso intentará, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, para plantearles una estrategia común para frenar la contaminación y sanear la cuenca MatanzaRiachuelo, según pudo saber Página/12. Las tres administraciones (nacional, bonaerense y porteña) fueron intimadas por la Corte Suprema a presentar en treinta días un plan de saneamiento para toda la zona afectada, que abarca 64 kilómetros y conlleva riesgos para la salud de 4,6 millones de personas.

Para el tema del Riachuelo, que será uno de los prioritarios, Picolotti tendrá un área de trabajo especial. El objetivo a largo plazo es la recuperación de las aguas, para lo cual habrá medidas puntuales de limpieza, pero como escalón previo indispensable será necesario detener la contaminación. Para eso explican cerca de la nueva funcionaria el desafío está en lograr que las empresas adecuen sus técnicas productivas y adopten aquellas que minimizan la contaminación a través, por ejemplo, del tratamiento de los desechos industriales. Según indicó el fallo que dictó la Corte dos semanas atrás, son 44 las compañías que tienen responsabilidad en el desastre de la cuenca Matanza-Riachuelo, entre ellas, las grandes petroleras (Repsol, Eg3, Shell, entre otras), algunas químicas, alimenticias (Danone y Bieckert, por ejemplo) y varias curtiembres. ¿Cómo lograrán que abandonden su comportamiento despreocupado y cambien sus métodos?

Algunas medidas que se irían tomando son:

- La confección de un registro de las industrias y sectores más contaminantes y qué tipo de perjuicio produce cada uno. Esto se encararía en colaboración con otros ministerios.

- Se reforzarán los mecanismos de control sobre la polución que provocan las empresas. Actualmente cada provincia debe vigilarlas, pero pocas lo hacen. De ahora en más la Nación establecerá criterios de fiscalización a través de los órganos existentes o, no se descarta, creando alguno nuevo.

- La intención es que Argentina adopte como requisito para sus industrias los estándares que aplica la Unión Europea desde 1998 a través de las llamadas reglas BAT (Best Available Technology), que aluden a la mejor tecnología disponible para el cuidado del medio ambiente. Hoy por hoy las empresas no tienen límite firme alguno.

- Se fijará un plazo para que las compañías adapten sus técnicas y sus maquinarias para lograr una “producción limpia”, como la llaman los especialistas. La que exceda el tope tendrá sanciones o multas.

- La Secretaría apuesta a convencer a las empresas de que el cuidado del ambiente no afecta su rentabilidad. Con miras a que readecuen su aparato productivo buscarán tentarlas con incentivos y facilidades económicas: les ofrecerían, por ejemplo, créditos específicos para su puesta al día.

- Para poner todo esto en práctica, es probable que el remozado organismo impulse una reforma de la legislación vigente. En la actualidad el marco legal está dado por unos pocos señalamientos del Código Penal y por la Ley General del Ambiente (25.675), promulgada en noviembre de 2002 y jamás reglamentada. Si bien define lineamientos para la prevención y la educación en asuntos ambientales, varios especialistas advierten que es “muy enunciativa y poco operativa”.

La táctica de Picolotti apuntará a la responsabilidad de todo el espectro de empresas contaminantes del país. Las diez celulosas argentinas, sobre todo las que están en Misiones y Santa Fe, figuran para ella entre los casos más preocupantes. La prevención de todo daño ambiental y la educación son los otros pilares de su programa. Pero además la funcionaria, por el activo papel que tuvo en la asamblea de Gualeguaychú, será para el Gobierno un factor clave de “contención” de los vecinos ambientalistas si la Corte de La Haya rechaza en todo o en parte el pedido de Argentina para frenar las obras de las plantas de Botnia y Ence.