El proyecto fue aprobado en general, en forma muy apretada, por 49 votos a favor y 48 en contra, con la presencia de 97 de los 99 integrantes de la Cámara de Diputados, pero en la votación particular, el artículo 2 fue rechazado por un voto.

El artículo rechazado no refiere a la despenalización del aborto, sino a que "los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos universales, intransferibles e inalienables".

El rechazo de ese ítem fue sorpresivo, pues el capítulo que generaba polémica era el referido a la despenalización del aborto, que habilita a la mujer a "decidir la interrupción de su embarazo durante las 12 primeras semanas de gravidez" por situaciones de penuria económica, familiares o de edad, así como por razones de salud, malformaciones o peligro de la vida de la madre.

La votación en contra del artículo 2 obliga a devolver el proyecto al Senado, que ya lo había aprobado en noviembre de 2007 y que deberá decidir si acepta o no los cambios introducidos en Diputados. En caso de que no los avale, el proyecto pasará a consideración de la Asamblea General (la reunión de ambas cámaras).

La Cámara de Diputados de Uruguay culminó el debate sobre las 6 de la mañana, tras una sesión de varias horas, en medio de amenazas de bomba y de manifestaciones de activistas a favor y en contra de la legalización de la interrupción del embarazo.

Poco antes de las 16 del martes, hora en que estaba previsto el inicio del debate, hubo una amenaza de bomba, pero las barras fueron desalojadas definitivamente poco después, luego que los activistas interrumpieran el debate con gritos y aplausos.

Afuera del Palacio Legislativo, partidarios y contrarios a la despenalización del aborto esperaron el resultado de la votación.

El presidente Tabaré Vázquez, oncólogo de profesión, ha dicho que vetará el proyecto si el mismo es aprobado, aunque para ello necesita el acuerdo de los ministros de las carteras relacionadas (Salud Pública e Interior), o una votación en el seno del Consejo de Ministros.

En Uruguay se consuman anualmente 33.000 abortos, según datos que manejan el Parlamento y la Asociación Uruguaya de Planificación Familiar.

A nivel judicial se estima que la cifra real es más del doble y que la práctica clandestina deriva anualmente en medio centenar de procesamientos y casi una docena de muertes.

El debate se desarrolló asimismo bajo una amenaza de excomunión de parte de la Iglesia Católica contra aquellos legisladores que votaron a favor de la norma.

El arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, dijo que esos legisladores quedarán "excomulgados ipso facto" y que iniciará un proceso de excomunión formal con el Papa Benedicto XVI y el episcopado, generando la ira de todo el sistema político.