El argentino Rodolfo Mattarollo, que encabeza la comisión de la Unasur, adelantó, citado por la agencia cubana Prensa Latina, que el informe final de las investigaciones será entregado a finales de noviembre.

"En la matanza, con un saldo de 18 muertos y más de 100 desaparecidos, la mayoría eran campesinos", agregó. Mattarollo explicó que, como parte de la pesquisa "imparcial",

se entrevistaron con campesinos víctimas de las agresiones en las localidades de Porvenir y Filadelfia, de las que el Ejecutivo responsabiliza al prefecto Leopoldo Fernández, confinado en una cárcel de la ciudad de La Paz.

"Lo que nos importa es el material que logramos obtener en testimonios directos de los más diversos sectores, que será la fuente principal del informe junto a las conclusiones de los peritos", remarcó el abogado argentino.

Por otra parte, la Comisión Especial Multipartidaria que investiga esa masacre reiniciará hoy su trabajo con la declaración del director del Instituto de Investigaciones Forenses, Antonio Torres Balanza, quien informará sobre el número de muertos y las causas de sus decesos, de acuerdo a las necropsias realizadas por los peritos.

El diputado miembro de esta comisión legislativa, Jorge Silva (Movimiento al Socialismo -MAS-), manifestó que una vez concluida la comparencia de Torres Balanza, la Comisión hará una evaluación de toda la documentación y declaraciones recibidas para definir una agenda de trabajo, reportó la Agencia Boliviana de Información (ABI).

Dijo que la evaluación puede derivar en comenzar a elaborar un "informe final" o "ampliar las declaraciones de ambos bandos". Silva explicó que no se descarta tomar declaraciones a Fernández en el penal de San Pedro y aclaró que "la única

instancia que investiga los hechos luctuosos como cabeza del Ministerio Público es la Comisión Multipartidaria de Diputados, con lo que desautorizó el fallo de la Corte Suprema de Chuquisaca que pidió trasladar a Sucre al detenido prefecto.

Por otra parte, el gobierno anunció hoy que iniciará juicio penal contra el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) José Luis Baptista, por uso indebido de influencias destinadas a liberar al prefecto de Pando, principal acusado de la masacre del 11 de septiembre.

El anunció lo realizó el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, en conferencia de prensa en el Palacio Quemado (sede del gobierno), citando una serie de irregularidades en las que aparentemente incurrió el magistrado para posibilitar la liberación de Fernández, recluido preventivamente en el penal de

San Pedro de La Paz.

Según Chávez, el gobierno analizó la conducta del ministro Baptista desde que tramitó de manera "oficiosa" una inhibitoria en la ciudad de Sucre, en tiempo récord, "menos de un día para favorecer a Fernández el 19 de septiembre pasado".

A raíz de los hechos de violencia del 11 de septiembre el Gobierno decretó el estado de sitio en Pando con el confinamiento hasta la fecha de 25 personas y la detención de Leopoldo Fernández acusado de ser el principal autor de la masacre.