El 19 de noviembre, día en que comenzaron en La Habana las conversaciones, las FARC anunciaron un "alto el fuego" unilateral con vigencia hasta hoy, como gesto de buena voluntad para facilitar el diálogo y a pesar de que el Gobierno rechazó explícitamente la posibilidad de adoptar una medida similar.

La decisión de no prorrogar la tregua ya había sido adelantada en varias ocasiones en los últimos días por Márquez. El presidente Juan Manuel Santos reconoció ayer que las FARC "han cumplido con excepciones" la tregua y advirtió que las fuerzas públicas están preparadas para responder eventuales nuevos ataques de la organización guerrillera.

En un comunicado leído hoy por Márquez, las FARC destacaron el reconocimiento que hizo Santos sobre el "cumplimiento" por parte de la organización guerrillera "de la cesación unilateral de sus acciones ofensivas durante 60 días" y calificaron de "insensata" la ofensiva militar de las tropas regulares contra sus campamentos. La Defensoría del Pueblo colombiana divulgó un informe según el cual las FARC protagonizaron 57 acciones violentas durante la tregua.

Márquez pidió también que en caso de que el gobierno no acepte declarar una tregua bilateral acuerde con las FARC un "tratado de regularización de la guerra" y volvió a solicitar que una asamblea constituyente refrende los eventuales acuerdos a los que se llegue en La Habana, algo que también fue rechazado por Santos.

"Si por alguna circunstancia el gobierno de Colombia estima no pertinente ni necesario aportar este medio ambiente propicio para las conversaciones, entonces le proponemos que busquemos un tratado de regularización de la guerra ateniéndonos a las especificidades del conflicto interno de Colombia, para evitarle a la población mayores padecimientos", sentenció el líder guerrillero.

"Podemos convenir muchos aspectos para lograr este propósito humanitario", indicó Márquez, y subrayó que las FARC desean "atenuar el impacto" del conflicto armado, principalmente sobre la población civil.

Como ejemplo citó la posibilidad de que "no se instalen más bases ni cuarteles militares en medio de la población", porque "eso equivale a establecer escudos" y "esta situación no está permitida ni tolerada por el derecho internacional humanitario".

Por otra parte, las FARC juzgaron "positivo" que Santos coincidiera con ellas en que "es un mecanismo de consulta popular el que debe refrendar un posible acuerdo de paz" y subrayeron que "la asamblea constituyente es la única instancia que puede garantizar legitimidad y seguridad jurídica al proceso de paz".