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La resolución, de 138 páginas, ordena la captura nacional e internacional de otro imputado, el ex mayor Jorge Eduardo Varando, quien además está procesado por la represión del 19 y 20 de diciembre que precedió a la caída de Fernando De la Rúa, pero se encuentra actualmente prófugo.

Los procesamientos están vinculados con “la detención de Iván Ruiz y de José Alejandro Díaz, en la guardia de prevención del cuartel, el 23 de enero”, tras la rendición de los guerrilleros del movimiento Todos por la Patria que intentaron copar el regimiento. Ambos fueron asesinados y sus cuerpos pudieron ser identificados en 2000 el de Ruiz y, en mayo pasado, el de Díaz.

“Las violaciones a los derechos humanos investigadas fueron realizadas contrariando las expresas directivas presidenciales de preservar la integridad física de los prisioneros, para luego ser entregados a la Justicia”, sostiene la resolución.

El escrito deplora “la osadía evidenciada por los agentes involucrados, que no sólo desconocieron las órdenes impartidas por el propio presidente de la Nación sino que también prolongaron la agresión fuera del cuartel”.

El juez declaró los delitos cometidos como “de lesa humanidad”, ya que “un número indeterminado de agentes del Estado planificó que los atacantes apresados durante y con posterioridad a la recuperación del cuartel, fueran, en algunos casos, ejecutados, y todos ellos torturados”.

En su declaración indagatoria, Arrillaga sostuvo que la información sobre los fusilamientos de los guerrilleros que se habían rendido “era totalmente falsa” e incluso destacó las virtudes militares de los integrantes del Movimiento Todos por la Patria. “Si bien no comulgaba con su ideología, combatieron muy bien, causando 11 muertes a las fuerzas de recuperación, y más de 36 heridos de consideración”, subrayó.

Arrillaga aseguró que cada guerrillero rendido “recibió atención médica, se le respetaron todos los derechos humanos, y fueron vistos en su recorrida por el Presidente de la Nación… a algunos de los detenidos se les suministró suero por su estado de más de 30 horas de combate”.

El juez, no obstante, dio por probadas las ejecuciones de nueve personas y la aplicación de torturas a otras 20, “algunas de ellas fuera del cuartel”.

Arrillaga fue procesado por “homicidio agravado por alevosía” y se encuentra con prisión domiciliaria, por ésta y por otras tres causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura. Varando, en cambio, se encuentra prófugo, desde noviembre, por otra causa.