El Gobierno está dispuesto a jugarse una carta fuerte en la Justicia comercial para demostrar que la quiebra pedida por Donnelley sobre sí misma no está fundada en su situación económica. Y parecen sobrarle elementos para sostenerlo. Que la Justicia vaya a proceder luego a declarar el carácter fraudulento de la quiebra es otro capítulo, pero en lo inmediato la principal preocupación política y económica es que este tipo de procedimientos, de quiebras o cierres “provocados”, no se convierta en un “modus operandi” de un nuevo ataque desestabilizador hacia la economía argentina. La posición pública asumida por algún dirigente empresario (Héctor Méndez, UIA) y varios políticos opositores (ver nota aparte) en respaldo del accionar de una empresa que acaba de dejar en la calle a 400 obreros es más que llamativo. Con fundamento, en el Gobierno sospechan que algo más contundente y peligroso que los buitres sobrevuela por encima de estas operaciones: una suerte de bombardeo económico selectivo con objetivos determinados. El empleo y la estabilidad social son el blanco de ataque.

El propio CEO de la empresa RR Donnelley con oficinas en Chicago, Thomas Quinlan, se ocupó ayer de responder e intentar refutar las acusaciones que le apuntaron a su filial argentina. En una inusual comunicación, la firma acusó al gobierno argentino y a las representaciones sindicales de haber dejado a la firma “sin opciones de enfrentar la crisis (..) y tomó la decisión de solicitar la quiebra”. Según la comunicación del bunker central de Donnelley, “la única razón” que motivó el cierre fue “la insolvencia” de la filial argentina, resolución de la que sólo participó la dirección de la compañía, y con la que “no tienen relación los acreedores de Argentina”. Una respuesta directa a la presidenta de la Nación que, el jueves último, denunció la presencia de fondos buitre ligados a Paul Singer en la composición accionaria de la empresa.

Aunque el relato firmado por Mr. Quinlan remite a gestiones iniciadas en septiembre de 2013 para obtener “un programa de recuperación productiva (Repro)”, es decir un subsidio estatal, “frente a la situación crítica de la empresa”, los números del balance del año 2013 están lejos de reflejar tal estado de cosas. Si bien los niveles de producción revelan una caída respecto de 2012, la misma en términos físicos se retrae a los niveles alcanzados en 2010. Es decir, no se encuentra en un tobogán, sino que es una baja a un escalón anterior después de haber trepado varios en los dos últimos años. En términos de facturación, las ventas treparon un 8 por ciento, un nivel seguramente inferior a cualquier indicador sectorial de precios, que refleja el descenso apuntado en las ventas, pero no un cuadro de “situación sin salida”.

En cambio, es algo más preocupante observar las cifras de pérdidas del ejercicio, aunque conviene ver el detalle antes de sacar conclusiones. Casi la mitad del quebranto se explica por razones financieras y no operativas. Y particularmente, por un aumento en el pasivo en la cuenta Previsión por Juicios Futuros, por 3,4 millones de pesos, incrementando en 387 por ciento la cifra del balance anterior (de 870 mil pesos salta a 4,3 millones). Así, adelantaban la carga en el balance de una eventual pérdida futura (¿el pago de indemnizaciones?), provocando un quebranto que, en definitiva, operó como una profecía autocumplida: genera un cuadro de pérdidas con el que justifica el cierre posterior.

Con todo, no es el dato más llamativo del Balance 2013 de Donnelley. En el rubro Créditos a sociedades vinculadas (en este caso, empresas del mismo grupo en Chile) se observa un aumento del 650 por ciento en el ejercicio, lo cual indica que esas vinculadas se financiaron con el dinero que no le pagaron a la filial argentina. A su vez, el rubro Deudas Comerciales con sociedades vinculadas disminuye en el ejercicio a la séptima parte (el 86 por ciento), es decir que la filial argentina canceló deuda o perdió crédito de sus proveedores. Tratándose de vinculadas, suena a demasiada generosidad de una filial que supuestamente está en crisis. Salvo que alguien sospeche que se trata de una maniobra de vaciamiento financiero.

Thomas Quinlan, CEO de RR Donnelley & Sons, asegura que la comisión interna de la planta en Garín se negó a firmar el Repro obtenido en septiembre de 2013, “empeorando aún más la situación económica y financiera de la empresa”. Y que este año propuso al Ministerio de Trabajo de la Nación un plan de reducción de personal en la planta, pero fue rechazado. “Como consecuencia, Donnelley se quedó sin opciones para enfrentar la crisis, que incluye la suba de costos por la inflación, el alza del costo laboral, el aumento de los insumos para la producción, la devaluación, la incapacidad de cumplir con los vencimientos de las deudas. Por tal motivo, de forma independiente se tomó la decisión de solicitar la quiebra”, concluye el comunicado.

Los informes presentados no revelan un endeudamiento significativo, ni siquiera en aportes patronales a la seguridad social ni impositivos. El impacto de la devaluación tampoco está claro que le haya afectado, cuando el inventario al cierre del ejercicio 2013 demuestra que estaba son sobrestock de papel (una reserva para varios meses de producción), quizá previendo el alza del dólar en las semanas siguientes.

En su mensaje del jueves pasado, Cristina Kirchner vinculó a la empresa con los fondos buitre NML Capital y Blackrock, que ayer Mr. Quinlan rechazó. Otras dos empresas, de un mismo grupo, también de origen estadounidense, Delphi, está siendo estudiada por las autoridades del Gobierno por acciones que pudieran afectar la continuidad de sus plantas en Santa Lucía, provincia de San Juan (Delphi Packard, cableado para automóviles) y en Río Grande, Tierra del Fuego (Famar, autorradios). En este caso, también se le atribuye participación accionaria a fondos de inversión ligados a los anteriores. Por ahora, la Justicia tendrá bastante trabajo determinando las condiciones en que Donnelley resolvió su propia quiebra, en perjuicio no sólo de su personal, sino también del “orden socioeconómico”, que la ley de quiebras debería proteger, tipificando como delito de fraude al hecho de actuar en forma deliberada en su contra. Tal como sostienen autores especialistas en quiebras, entre ellos el doctor Daniel Rafecas.