Los fiscales nucleados en la Asociación Argentina de Fiscales y Funcionarios no quieren perder privilegios. Lo dijeron sin pudor al pedirle a la procuradora Alejandra Gils Carbó que dé marcha atrás con la reforma reglamentaria que disuade el nepotismo en el Ministerio Público que los comprende. Le reclaman, casi como una confesión de principios básicos de cofradía judicial, no perder el beneficio de que sus familiares sean nombrados en cargos cercanos a los de ellos o en fiscalías amigas, una práctica histórica que ha copado el sistema de Justicia. El planteo ataca una disposición reciente por la cual sólo se puede entrar por concurso y que impide que tengan puestos en el mismo fuero y jurisdicción las personas con relaciones de consanguinidad o convivencia (padres, hijos, hermanos, además de cónyuges o parejas convivientes). La Procuración lo estableció para fomentar el acceso a cargos por idoneidad y en igualdad de condiciones. Paradójicamente, los fiscales asociados dicen que es una medida discriminatoria e inconstitucional.

El llamado “acceso democrático”, tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, fue parte de la reforma del año pasado y uno de los puntos menos discutidos. La ley que lo implementa está vigente y su objetivo es generar igualdad de oportunidades para ingresar al sistema judicial, en contraposición con la clásica costumbre que ha llevado a que sólo consigan puestos quienes tienen un pariente, amigo o alguien que les deba un favor. De ahí viene la clásica denominación de “familia judicial”. El nepotismo es, precisamente, la práctica de otorgar cargos o empleos públicos a familiares o amigos sin importar sus méritos.

La Procuración se encuentra haciendo un relevamiento de lazos familiares entre sus filas. En un primer pantallazo encontraron casos de fiscales cuyos apellidos se repiten hasta siete veces en el directorio de sus funcionarios.

“El nepotismo se ha verificado en forma más habitual que lo deseable”, “ha estado vinculado con el ejercicio discrecional del poder” y es “una tendencia al apoderamiento de la administración”, escribió el juez de Necochea Mario Juliano, en un texto que cuestiona la presentación de la Asociación de Fiscales. “Las indeseadas consecuencias del nepotismo se agudizan cuando ocurre en el Poder Judicial, ámbito caracterizado por una burocracia con vocación vitalicia (los cargos lo son) y clara tendencia corporativa, cuyos actos administrativos resultan difícilmente revisables, lo que aparece como poco compatible con la idea de una república democrática”, sostuvo el juez, de la Asociación Pensamiento Penal.

Para aplicar la Ley de Ingreso Democrático e Igualitario (28.861) la Corte Suprema, la Procuración y la Defensoría tuvieron que reglamentarla. Cada una puso sus pautas y criterios. Las del Ministerio Público tienen como rasgo distintivo las restricciones relacionadas con los parientes, que nadie más ha implementado. “No podrá ser seleccionado quien se encontrare alcanzado por lazos de afinidad o consanguinidad hasta el segundo grado, o quien tuviere relación de convivencia –con o sin unión civil– con algún magistrado/a y/o funcionario/a del Ministerio Público Fiscal de la Nación o del Poder Judicial de la Nación, siempre que se desempeñe en el mismo distrito, fuero (nacional o federal) y área de especialización a los que se aspire ingresar”, dice la norma.

Padres, hijos, hermanos o cónyuges no pueden coincidir en el fuero penal ordinario porteño pero –para poner ejemplos– uno podría estar en el federal o en otra especialidad, como contencioso o civil. Antes, la única restricción era que no podían trabajar en la misma fiscalía. El fundamento de la Procuración es “desarmar las asimetrías”. “Con el correr de los años, una gran mayoría de sus integrantes se habrá incorporado por medio de parámetros de admisión más objetivos, equitativos y a la vez respetuosos de las diferencias, en concordancia con el respeto de la manda constitucional de observar la idoneidad sin prevalencias ni preferencias antojadizas, caprichosas o infundadas”, vaticina la resolución.

La Asociación de Fiscales –una entidad gremial, comparable con la tradicional Asociación de Magistrados– se quejó ante Gils Carbó en una nota firmada por su titular Carlos Donoso Castex, uno de los testigos que declararon en defensa de José María Campagnoli en su juicio político. La entidad sostuvo que los límites al acceso a cargos no son “democráticos e igualitarios” como el espíritu de la ley ya que no garantizan el acceso a los cargos en condiciones de igualdad. El parentesco, dicen, “no puede ser una barrera”. Protestan, en particular, porque la limitación no sólo es dentro del Ministerio Público, sino que contempla parentescos en el Poder Judicial, donde las reglas no son tan estrictas. Para doblar la apuesta, maldicen porque días atrás se “flexibilizaron las condiciones” para que puedan trabajar en el Ministerio Público Fiscal personas que hayan cumplido condenas, mientras que con anterioridad los antecedentes penales lo impedían. “Mucho menos –advierten– puede estigmatizarse y excluirse de un trato igualitario y democrático a los parientes de los funcionarios o magistrados, fiscales o jueces.”

La discusión es legal pero también es parte de una batalla cultural. Quienes pugnan por el ingreso igualitario entienden que el problema no es sólo y por sí mismo la perpetuación de la gran familia judicial, donde muchos puestos se heredan por portación de apellido. Ofrecer posibilidades laborales a quienes cumplieron una condena puede ser –alegan– una forma de evitar la reincidencia. En otro plano, sostienen, el nepotismo en sí mismo tiene consecuencias como se vio en casos puntuales: el fiscal de Jujuy, Domingo Batule, por ejemplo, desistió de investigar al juez federal Renato Rabbi Baldi Cabanillas, de quien su esposa es secretaria, en una causa por interferir en un allanamiento a su cuñado en una causa de lesa humanidad; en Córdoba, el fiscal Gustavo Vidal Lascano fue denunciado por desvincular de una pesquisa donde se investiga la complicidad judicial con la dictadura a Carlos Alvarez Otero, ex vocal del Tribunal Oral No 1, donde casualmente trabaja su hijo; en Mar del Plata, el juzgado de Alejandro Castellano no quiso investigar por presunta complicidad con la dictadura a Pedro Hooft, cuyo hijo allí es secretario.

Cuando se aprobó la ley que abre ampliamente el ingreso al sistema judicial, una queja extendida de jueces y fiscales era: “¿Por qué no puedo elegir a quien quiero que trabaje conmigo?”. En el caso de la Procuración, según explica la secretaria letrada Andrea Pochak, se intenta que sí puedan elegir. Pero un paso antes de eso, el régimen de ingreso permite que todo el mundo se anote: para el escalafón de servicios auxiliares (personal de maestranza y ordenanzas) hay una entrevista y una pruebita, el que pasa va a sorteo y luego hay una selección; para cargos administrativos hay un examen de respuestas múltiples de cultura general, otro de conocimientos informáticos, los que pasan van al sorteo y entre los que quedan elige el fiscal. Para ser secretario/a letrado hay que dar un examen, según los puntajes se elabora un orden de mérito y al final el fiscal elige. “El nepotismo genera privilegios y colisiona con un buen servicio de justicia”, afirma Pochak.

A la Asociación de Fiscales, de todos modos, no le satisfacen las posibilidades que tendrán los fiscales de armar sus equipos. “Deben tener amplio poder de decisión”, insisten. Dicen que los mecanismos en marcha son onerosos y mucha gente entró a trabajar a la Procuración sin concurso antes de este sistema.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) cuestionaron la postura de los fiscales en un comunicado, en el que advierten con preocupación que ellos mismos hagan una defensa de privilegios que “impactan en la vida democrática del país”. Esa “pertenencia” de la que hacen gala, advierten las organizaciones civiles “no es neutra, construye prácticas y es todo menos transparente”, dicen.

En el plano jurídico, la Asociación de Fiscales sostiene que las restricciones por parentesco violan el artículo 16 de la Constitución nacional, que dice que todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. El juez Juliano refuta el planteo ya que considera que “el orden jurídico registra numerosas restricciones ya que no existen derechos absolutos”. Como ejemplos señala limitaciones en “derechos tan medulares como la propiedad (servidumbres, expropiaciones), la libertad ambulatoria (estado de sitio, encarcelamiento preventivo), la intimidad (libertad de prensa, allanamientos y requisas). La propia igualdad frente a la ley no escapa a las limitaciones como en el caso de la edad, la nacionalidad y la residencia previa necesarias para acceder a determinados cargos. El requisito de la idoneidad constituye una concreta restricción reglamentaria para el acceso a los cargos públicos”. El problema es otro, dice Juliano: es la “razonabilidad” para los objetivos que se propone.

“La amenaza que las agencias estatales se conviertan en botines de guerra, librados a la voracidad de funcionarios inescrupulosos con posibilidades de generar tráfico de influencias para favorecerse a sí mismos o a terceros allegados, es una práctica que debe ser desterrada, contraria a la ideología del artículo 16 de la Constitución, en cuya consecución es lícito adoptar medidas que la obturen”, sostiene. La limitación a parientes “es un recurso constitucionalmente razonable”, agrega, “es relativo y moderado” porque las chances de aspirar a cargos son vastas. A su entender, hay que analizarla en su contexto: “El Poder Judicial –dice– es uno de los poderes más opacos de la república, con una clara tendencia al abroquelamiento en sus propias filas y sus integrantes son, en general, refractarios a los cambios. No es de casualidad que existan los abismos que separan a la judicatura del resto de la sociedad, con la que, inclusive, nos resulta dificultoso comunicarnos. Impedir que los cargos se conviertan en hereditarios, constituye una señal al resto de la ciudadanía, con la que es preciso reconciliarse.”

Hasta ahora se han presentado 1300 aspirantes a servicios auxiliares, 3300 para técnicos administrativos y 1300 para los cargos técnico-jurídicos en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. En todo el país son 23.300 los aspirantes registrados. Gils Carbó no parece dispuesta a ceder ante los cuestionamientos que, en caso de judicializarse –como amagan algunos fiscales– podría poner en riesgo la convocatoria que se hizo hasta el momento.