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El debate y las discrepancias entre el episcopado católico y el Gobierno son tan inevitables como interminables. Son lugares institucionales diferentes, que obligan a poner la mirada y el acento en cuestiones distintas, pero existen también perspectivas político-sociales discordantes. Esto dicho más allá de que en la actualidad desde las dos partes se afirme la “cordialidad” de la relación y el funcionamiento aceitado de las “relaciones institucionales”. La caracterización es cierta, también correcta, por ambos lados. Al margen de chispazos ocasionales, la relación entre Gobierno e Iglesia atraviesa una época de calma en la que, por cierto, tiene mucho que ver la presencia de Francisco en el Vaticano, así el pontífice se mantenga alejado de la cotidianidad y sin intervención directa inmediata en los asuntos locales, que sin embargo sigue con atención.

Aguijoneado por ciertos medios de comunicación sumamente interesados en construirle opositores al Gobierno, pero también facilitados por algunos trascendidos surgidos de la reunión de la Comisión Permanente del Episcopado, que estuvo reunida durante la semana que terminó, volvieron a aparecer en los últimos días algunos cortocircuitos verbales entre el Gobierno y los obispos. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, salió al cruce de presuntas declaraciones de los obispos sobre el desempleo y reclamó una toma de posición de la jerarquía sobre los fondos buitre, lo que valió una desmentida del vocero del Episcopado, sacerdote Jorge Oesterheld, para aclarar que la “problemática del desempleo” no formó parte del temario episcopal de esta semana y que los obispos ya se habían pronunciado el 24 de junio último, después del fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, advirtiendo sobre la gravedad del tema y haciendo un llamado a la unidad de todos los sectores frente a la situación.

Es correcta la afirmación de Oesterheld cuando sostiene, en términos estrictos, que la problemática del desempleo no fue parte formal de la agenda episcopal. Pero no menos cierto es que, en sus diócesis y en los ámbitos colegiados, los obispos vienen manifestando su preocupación por la situación social y por las consecuencias de la realidad económica. Lo hacen dentro del marco de lo que la jerarquía católica denomina “visión pastoral de la realidad”. Bajo ese título, los obispos cobijan todos sus intercambios sobre la política, la economía, las cuestiones sociales. También en ese espacio las críticas al Gobierno vienen subiendo de tono, aunque hay sumo cuidado en las declaraciones y en las manifestaciones institucionales. Pero existen otros caminos. Los estudios hechos por el Observatorio Social de la Deuda Argentina, de la Universidad Católica Argentina, o las declaraciones en el marco de la Semana Social que organiza el episcopado, sirven de caja de resonancia para manifestar las inquietudes al respecto.

Nadie debería esperar, menos en tiempos de debate electoral como el que se avecina, que los obispos acerquen posiciones con el Gobierno. Tampoco hay motivos para que lo hagan. En el Gobierno, en general, se conforman si no hay declaraciones altisonantes o críticas demasiado severas con fuerza institucional. Admiten, sin embargo, que puede haber manifestaciones de algunos obispos que resultan incómodas. Pero no habrá reacciones frente a ello. Preferirían sí, que por lo menos junto a las críticas haya también reconocimiento por lo realizado. Además de la cuestión social, los temas de discrepancia siguen siendo los mismos: aborto, familia y, en el último tiempo, el debate en torno de la posible despenalización del consumo de drogas.

Al acercarse el tiempo de las disputas electorales, los obispos intentarán cuidar al máximo sus declaraciones para evitar que se los señale por intromisión en política partidaria. Sin embargo, la asamblea episcopal de noviembre próximo –en la que además se renovarán las autoridades del episcopado– puede dar lugar a un documento general en el que la jerarquía católica fije su posición sobre cuestiones políticas y sociales. La resolución sobre una declaración pública en esa ocasión dependerá en gran medida de la evaluación que los mismos obispos hagan respecto de la posible utilización –por los diferentes bandos– de sus declaraciones en el contexto de un debate político cada día más polarizado.

Por otro carril, vinculado con los derechos humanos, las Abuelas de Plaza de Mayo siguen esperando de los obispos una respuesta más concreta respecto de la ofrecida colaboración –ratificada por el Papa y por el arzobispo José María Arancedo, como presidente de la Conferencia Episcopal– en el aporte de información que pueda ayudar en la identificación de niños nacidos en cautiverio durante la dictadura militar.

Con ocasión de la restitución de identidad de Ignacio Guido Montoya Carlotto, el episcopado le hizo llegar un mensaje a Estela de Carlotto en el que, además de expresar su alegría por la recuperación de la identidad de su nieto, formulan el deseo de que “este logro siga impulsando la tarea que realizan las Abuelas”. Desde Roma, el papa Francisco envió una carta –de puño y letra– en la que resalta que el “el sufrimiento no la paralizó, sino que la sostuvo en la lucha” y agrega que “hoy, por la constancia en esa lucha, no es sólo su nieto el que la acompaña sino también otros 114 que han recuperado su identidad”.

Si bien las Abuelas valoran estos gestos, siguen aguardando que el espíritu de colaboración expresado en los diálogos y en las cartas –tanto por parte de Bergoglio como de los obispos locales– se traduzca también en el aporte de información valiosa que, se descuenta, existe en poder de la Iglesia Católica y que podría echar luz sobre muchos casos aún no esclarecidos de apropiación de niños.