La causa HSBC, donde se investigan las presuntas maniobras de evasión fiscal asociadas a las 4040 cuentas de empresas e individuos argentinos en una sucursal suiza del holding financiero, corre el riesgo de ser anulada como consecuencia de una denuncia realizada el año pasado por el hoy ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. Las ex autoridades de la AFIP Ricardo Echegaray, Horacio Curien y Pedro Robeda fueron procesadas ayer por el juez federal Claudio Bonadio, por falso testimonio y violación de la confidencialidad en el acuerdo entre Argentina y Francia, que permitió acceder al listado de contribuyentes argentinos con colocaciones financieras en el HSBC Private Bank de Ginebra. Desde la defensa indicaron que apelarán la decisión del magistrado.

Los representantes legales de los acusados advierten que si esa interpretación se confirma en segunda instancia, no sólo está en peligro la continuidad de la investigación original a cargo del Juzgado Penal Económico Nº 11, de la jueza María Verónica Straccia, sino también el uso de información obtenida en el exterior para realizar denuncias penales y perseguir el fraude fiscal. A lo largo del fallo, Bonadio desvincula explícitamente a Prat-Gay de su rol como “facilitador” en maniobras de fuga de capitales, aunque se trata de una demanda cursada en otro fuero.

El actual titular del Palacio de Hacienda figura en el listado del HSBC obtenido a finales de 2014, a manos de las autoridades tributarias francesas, como apoderado y “usuario de internet” de una cuenta con 68,3 millones de dólares mal declarada ante la AFIP a nombre de Amalita Lacroze de Fortabat y su nieta Amalia Amoedo. El año pasado Prat-Gay efectuó una presentación judicial por falso testimonio contra los ex directivos de la AFIP que lo incluyeron en la causa como uno de los integrantes de la plataforma facilitadora para la evasión. El fiscal Carlos Stornelli amplió esa imputación para incluir la supuesta violación de la confidencialidad del acuerdo entre Argentina y Francia al iniciar la demanda penal.

A lo largo de 48 páginas el juez confirma ambas acusaciones –falso testimonio y violación del secreto– y procesó a Echegaray, Curien y Robeda. Contra las pruebas suministradas por la AFIP donde se sostiene que, por lo menos, los 68,3 millones de dólares de Lacroze de Fortabat y su nieta estaban mal declarados –figuraban en Estados Unidos como activos financieros y no en Suiza como depósitos–, el juez concluye que la cuenta en el HSBC de Ginebra se hallaba exteriorizada. Para Bonadio esa situación permite descartar “de modo casi concluyente” que “Prat-Gay, por estar autorizado a administrarlos, facilitaba la evasión a sus dueños en Argentina”. El magistrado sostiene que “sin pretender inmiscuirme en hechos investigados en otro fuero, en los cuales aún no se ha resuelto la cuestión de forma definitiva, lo cierto es que todo indica a esta altura que en el trámite de la causa en el Juzgado Penal Tributario no se han hallado elementos que permitan sostener la imputación del aquí querellante”.

A pesar de la parálisis en la investigación, la justicia penal tributaria citó a indagatoria a más de 200 personas y la AFIP recaudó en forma voluntaria hasta el año pasado más de 200 millones de dólares de impuestos evadidos por las cuentas en la sucursal suiza del banco. Además de Argentina, en el Reino Unido, Italia, Francia y España se iniciaron causas judiciales a raíz de las cuentas ocultas en el banco británico.

“¿Podían usarse los datos obtenidos de Francia para otros fines que no fueran los fiscales? La respuesta es no. ¿Es ello delito? La respuesta es si”, sostiene el juez en su fallo al argumentar que la AFIP está vedada de utilizar la información proveniente de Francia para realizar denuncias penales. La AFIP obtuvo la documentación originalmente sustraída por Hervé Falciani, un ex empleado del HSBC, a través del intercambio de información al que habilita el Convenio de Doble Imposición entre ambos estados, y el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. “La interpretación es bien simple. Los datos, de acuerdo al Convenio, eran secretos para todo otro objetivo que no fuese la percepción de impuestos, y es por eso que la conducta de quienes los emplearon con otros fines encuadra en la figura penal de violación de secretos. Ya sea que se hubiesen usado para la denuncia penal, o como lo hizo Echegaray, para exponerlos en una conferencia de prensa”, indica el escrito del magistrado.

La interpretación del juez ni siquiera fue planteada por los poderosos estudios de abogados que defienden a los argentinos con cuentas en el HSBC. Esos letrados sí cuestionaron el origen de la información, ya que fue sustraída del banco en Ginebra por el informático Falciani, pero ninguno planteó que la causa por evasión implicaba violar el secreto bancario o fiscal de sus clientes. Tampoco se quejó el gobierno francés, que fue informado de todos los pasos administrativos y judiciales desde que cedió la información referida a los argentinos. Ninguno de esos argumentos fue considerado por Bonadio a la hora de procesar a los ex directivos de la AFIP.