La Defensoría del Pueblo porteña presentó un amparo ante la justicia federal para evitar el cierre de los clubes de barrio por el tarifazo. Alejandro Amor, titular de la entidad, precisó a este diario que “la situación de los clubes chicos es muy difícil, llegaron subas en la boleta de luz que multiplicaron los costos por diez y todavía no impactó en forma completa el incremento de la tarifa de gas”. La estrategia del Gobierno, según lo expuso ayer Juan José Aranguren, el ministro de Energía, apunta a distribuir unos 200 millones de pesos a través del Ministerio de Educación para compensar las subas de estos meses en los clubes de hasta 2000 socios, y promete reglamentar leyes votadas en 2015 para que los clubes chicos puedan empezar a pagar tarifa social.

En el amparo de la Defensoría del Pueblo, se presenta la problemática de 13 clubes de barrio con fuertes dificultades para afrontar el pago de servicios públicos, de los cuales 2 ya sufrieron corte de la energía eléctrica por falta de pago. En total, se acercaron unos 65 clubes espontáneamente a la Defensoría para explicar que están en una circunstancia límite en materia financiera. En la entidad explicaron que el fallo favorable de la justicia será un antecedente clave para que muchas instituciones sin fines de lucro, que tienen un rol clave para la contención social, puedan sumarse a la lista de amparos para revertir las subas excesivas de las boletas de los servicios.

La respuesta del Gobierno de esperar a que se reglamenten la Ley de Clubes de 2015, que permite darle una tarifa de luz diferenciada a clubes de barrio con menos de 2000 socios, no termina de solucionar el problema para estas instituciones. Alejandro Amor explicó que “los clubes tienen características muy particulares. Por ejemplo, hay algunos con 2500 socios, pero donde 1000 son vitalicios y no pagan cuota. Por eso siguen teniendo los mismos problemas para pagar la luz que los más chicos, aunque no pueden pedir tarifa social en caso de que se avance en la reglamentación”. Amor dio algunos números centrales para entender las distorsiones provocadas por las medidas de Cambiemos en materia tarifaria. El club Yupanqui, por caso, pasó de pagar 1000 a unos 10.000 pesos de luz por la quita de subsidios. El club Imperio, que cubría la factura de energía con la cuota de 10 socios, ahora necesita 130 cuotas para abonarla.

La idea de la Defensoría del Pueblo no es sólo que los clubes sociales puedan dejar de abonar las facturas con los recargos, sino que otras instituciones sin fines de lucro como centros culturales, asociaciones civiles, centros de jubilados, entre otros, también puedan morigerar los recargos en las boletas de servicios públicos. Aseguraron que reglamentar la Ley de Entidades de Bien Público permite avanzar en esta dirección, consiguiendo que estas instituciones puedan acceder a tarifas sociales. En el Gobierno aseguraron que están trabajando para generar un “Régimen Tarifario Específico para Entidades de Bien Público” y que, mientras tanto, en el caso del gas se le aplicará el tope de aumento máximo (para igual nivel de consumo que el año pasado) de 500 por ciento en todo el país.

La presentación del amparo de la Defensoría cuenta con cuatro puntos fundamentales. “Se le pide a las empresas proveedoras que suspendan los cortes por falta de pago, que se retrotraigan las tarifas a los niveles previos al anuncio de la quita de subsidios, que los clubes que pagaron estas subas queden con crédito para nuevas facturas y, el cuarto punto, que se reglamente la ley que incorpora a los clubes a la tarifa social”, dijo Amor.

Las políticas de ajuste fiscal con quita de subsidios que generaron fuertes tensiones para distintos sectores, como los clubes y otras instituciones sin fines de lucro, generaron el rechazo de muchos referentes sociales, políticos y económicos. En el partido de San Martín (provincia de Buenos Aires), un grupo de jóvenes abogados también inició acciones para frenar los amparos. El concejal de esa localidad Hernán Letcher celebró esta presentación asegurando que es necesario “defender con valentía los derechos de los usuarios”. Desde la agrupación Nace un Derecho también se presentaron a la justicia para pedir amparos que protejan a los pequeños comerciantes de la Ciudad de Buenos Aires del aumento de la luz, asegurando que los incrementos registrados por estos establecimiento fueron “irracionales” y ponen en riesgo la sustentabilidad de los comercios.