El Gobierno introdujo ayer nuevos cambios para paliar el impacto del tarifazo de gas y luz e intentar desactivar las crecientes protestas que generó. El aumento del gas tendrá un tope de 400 por ciento para los hogares, mientras que para pymes, comercios y hoteles el techo será de 500 por ciento. La medida regirá no sólo para las provincias patagónicas sino para todo el país. Los máximos se calcularán sobre el valor total de la factura con respecto al cuatro tarifario vigente antes de las subas, de manera retroactiva al 1 de abril y siempre considerando un mismo nivel de consumo. Esto último significa que si la demanda de energía en un hogar es mayor, porque este invierno termina siendo más frío que el del año pasado, la suba podría ser mayor al tope. En el caso de la electricidad, no habrá techo para los aumentos, pero se ratificó la decisión de ampliar el nivel de consumo bonificado de 150 a 300 KWh por mes para los beneficiarios de la tarifa social radicados en las provincias sin acceso al sistema troncal de transporte de gas natural (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones). Además, se informó que el Ministerio de Producción elaboró una lista de 393 empresas electrointensivas que se verán beneficiadas con un descuento del 20 por ciento en su tarifa de generación.

Durante los últimos días, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y su par de Interior, Rogelio Frigerio estuvieron negociando los cambios con gobernadores y representantes de cámaras empresarias. La expectativa oficial es que estos nuevos anuncios sirvan para desactivar las demandas judiciales contra el tarifazo, impulsadas en varios casos por los propios gobernadores. Aranguren aseguró que los mandatarios se fueron satisfechos, pero no confirmó que se hayan comprometido a avanzar en esa dirección. “Los gobernadores que participaron en las reuniones saben que a partir de este entendimiento pueden tomar la decisión de no proseguir con sus amparos, pero si quieren van a proseguir. Eso queda a criterio de ellos”, se limitó a decir. San Luis adelantó ayer a través del fiscal de Estado, Eduardo Allende, que sostendrá su recurso de amparo, mientras que el resto de los gobernadores que impulsaron medidas judiciales ayer evitaron dar una definición pública sobre el tema.

–¿La fijación de topes porcentuales para los aumentos del gas implica el reconocimiento de que fue un error no aplicarlos antes? ¿Hay una autocrítica del Gobierno? –le preguntó ayer Página/12 al ministro Aranguren en una reunión que mantuvo con periodistas en el Ministerio de Energía para explicar las novedades.

–Sí, implica el reconocimiento de que tenemos que mostrar una flexibilidad al haber entendido que hay distintas realidades en el país y no hay una respuesta que pueda satisfacerlas a todas. Reconocemos, y yo soy el primero en hacerlo, que con más tiempo, con más capacidad de análisis y habiendo tenido en cuenta todas las realidades locales y el momento, previo a una etapa invernal, pudimos avanzar de una manera un poco más racional, un poco más lógica.

Más allá de los nuevos topes, el ministro aseguró que hay 1.522.000 hogares que están en condiciones de recibir la tarifa social de gas sobre un total de 8.517.000, aunque aseguró que todavía no tiene el dato preciso de cuántos son los que efectivamente están siendo beneficiados por ese precio promocional que contempla sólo el cargo correspondiente al transporte y la distribución del fluido. En el caso de la electricidad, los hogares que califican para la tarifa social son 3.255.000 sobre un total de 14.653.000 y los que ya están percibiendo el beneficio suman 2.860.000. Según datos del Ministerio de Energía, en Formosa, por ejemplo, el 60 por ciento de los hogares califica para la tarifa social.

Aranguren remarcó que los topes de 400 y 500 por ciento a los aumentos de gas significarán para el Estado Nacional una erogación adicional del orden de los 2250 millones de pesos durante este año. A esa cifra, se le deben sumar 300 millones de costo fiscal que implica el incremento de 150 a 300 Kwh por mes en el consumo bonificado de electricidad para los beneficiarios de la tarifa social de provincias sin gas natural y otros 250 millones del descuento de 20 por ciento en el costo de generación que se le aplicará a 393 empresas electrointensivas. El ministro no identificó cuáles serán esas firmas, pero aclaró que no son compañías que se conectan directamente al sistema eléctrico sino las que le compran la energía a las distribuidoras. Por lo que se estima que en su gran mayoría son pymes.

El ministro aseguró además que para los clubes de barrio que no están pudiendo afrontar la tarifa de luz o gas se dispondrá una partida adicional de 200 millones de pesos a través de la Secretaría de Deportes destinada a subsidiarlos, pero no habrá tarifa social ni techo porcentual de aumento para esas entidades, al menos hasta que se reglamente la ley 27.098 de Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo (ver aparte). Peor es la situación de las fábricas recuperadas. “Hemos recibido una solicitud de las fábricas recuperadas y tenemos que definir adecuadamente si están dentro de entidades de bien público no lucrativas. Ahí tenemos un problema porque tienen un fin de lucro. Hay que encuadrarlas de alguna manera”, sostuvo ayer Aranguren.

Pese a este gasto adicional destinado a frenar las protestas, Aranguren sostuvo que igual se logrará un ahorro en el gasto de energía, aunque no precisó cuanto representará ese ahorro. El ministro dijo que el objetivo principal del gobierno no es fiscal sino generar las condiciones para incrementar la producción de energía y reducir el déficit energético. El funcionario estimó que este año el neto entre la importación y la exportación de energía arrojará un déficit que oscilará entre 2500 y 2700 millones de dólares, una cifra sustancialmente menor a los 4500 millones de déficit que se registraron en 2015 y los 6900 millones de 2014, aunque esa reducción se explica en gran parte por la caída en los precios internacionales de los combustibles.

El objetivo oficial es que los nuevos precios de la energía incentiven las inversiones de las empresas, pero en el caso del gas, por ejemplo, las petroleras que concentran la producción de ese fluido todavía no han dado señales concretas en esa dirección. “Si uno está viendo la foto se observa eso, pero hay que ver la película. Hoy recibimos al CEO de ExxonMobil, la empresa más importante del mundo, tiene un proyecto piloto y están viendo en que momento pasan de la etapa piloto a la etapa de desarrollo. Si fuera por nosotros quisiéramos que empiecen el desarrollo mañana, pero para que eso ocurra las empresas tienen que ver que haya marcos regulatorios que se cumplan. El gobierno ya ha dado algunas señales en ese sentido. Se ha avanzado, pero todavía falta avanzar”, respondió Aranguren.