“Los que no cumplan serán sancionados”, advirtió el jefe del bloque de diputados kirchneristas, Agustín Rossi. Se refería a los precios de referencia para la carne y a la resolución que dictó el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, con la cual desempolvó la Ley de Abastecimiento de 1974. La revelación de Página/12 de que el Gobierno está dispuesto a aplicar las penalidades de esa norma a quienes no respeten los nuevos valores de referencia desató la polémica. Productores ganaderos y comerciantes cuestionaron la medida, mientras que el legislador defendió el endurecimiento del Estado para combatir la inflación, con el apoyo de asociaciones de consumidores.

La Ley de Abastecimiento que vuelve a ser utilizada frente a la suba injustificada de precios incluye sanciones como multas –cuyo monto se eleva al “triple de las ganancias obtenidas en infracción”–, clausuras, decomiso de mercaderías y hasta el arresto por 90 días. Moreno firmó la resolución y con ello transformó el acuerdo de precios en la carne en una medida obligatoria, que contempla todas esas penalidades a quienes la incumplan.

Rossi explicó que el objetivo final es “que baje el precio de la carne y que paulatinamente el sistema vuelva a normalizarse”. “Todas las medidas que se toman van en ese sentido”, insistió el presidente de la bancada oficialista de diputados. “Como todos los argentinos saben, no puede volver a haber inflación”, destacó.

El secretario de Comercio Interior informó que el Gobierno había tomado la dura resolución durante una reunión con 21 asociaciones de consumidores. Ese encuentro fue anteayer. Uno de los dirigentes presentes fue el ex diputado socialista Héctor Polino, fundador de Consumidores Libres. “Estoy totalmente de acuerdo. Esta es una atribución que el Estado nunca debió haber perdido. Su desaparición fue producto de la filosofía neoliberal que destruyó los organismos de control estatal”, señaló a este diario. También remarcó que Moreno fue claro en su explicación de que la intención no es perseguir a los carniceros, sino observar a los formadores de precios. Polino elogió igualmente el pedido de ayuda del funcionario a las asociaciones de consumidores para que aporten especialistas en el control de los costos empresarios.

El vicepresidente de la Asociación de Carnicerías de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Williams, dudó sobre la selectividad de los controles, que apuntarían especialmente a los grandes actores del negocio de la carne, y dijo que “da tristeza volver al pasado, cuando uno veía llevar presos a los comerciantes, sería un error tremendo”. También se quejó la polémica vicepresidenta de Carbap, Analía Quiroga, quien afirmó que “todo aquel gobierno que quiso hacer intervencionismo no ayudó a crecer la producción, sino todo lo contrario”.