Rentas de la provincia de Buenos Aires consiguió ayer embargar a un moroso el primer televisor de plasma, un apetecible y oneroso Panasonic LSD de 42 pulgadas. La medida, dispuesta por un juez de Dolores y ejecutada con la intervención del correspondiente oficial de Justicia, está en línea con la política de presionar a los evasores que exterioricen capacidad de consumo y, en casos como el citado, cobrar eventualmente por la fuerza la deuda en mora. Es esta misma línea de trabajo la que pone en la mira de Santiago Montoya, titular de aquella repartición, a quienes viajaron a Alemania para gozar del Mundial de cuerpo presente o a los contribuyentes que planean vacacionar en la nieve, mal que le pese al gobernador de Chubut, Mario Das Neves.

El propietario del televisor en cuestión, un hombre de Lavallol, adeuda 14.795 pesos al fisco bonaerense, 8331 por el Impuesto Inmobiliario y el resto por patentes, tributo por el que fue intimado reiterada e infructuosamente, lo que habilitó el cobro por vía judicial. El monto de esas obligaciones impagas coincide casi precisamente con el precio del televisor de lujo, lo que da al controvertido colaborador de Felipe Solá un buen fundamento político para defender la embestida judicial: “Con 300 pesos por mes, habría podido cubrir un plan de facilidades de pago de 36 meses, mientras la cuota por un televisor de esas características es de 470 pesos”.

Aún falta que dos grandes cadenas que comercializan electrodomésticos provean a Rentas la información requerida respecto del consumo de morosos, únicos ciudadanos sobre los cuales esa dependencia puede solicitar datos. Pero con los disponibles hasta el momento, Montoya sabe que hay 1400 contribuyentes esquivos con el fisco que eligieron disfrutar de las nítidas imágenes del plasma, de los cuales 300 tienen iniciadas acciones judiciales que podrían devenir en eventuales embargos.

“No nos interesa acopiar bienes sino cobrar impuestos”, aclaraba ayer el recaudador de Felipe Solá, quien está convencido de la eficacia de estas medidas ejemplificadoras, potenciadas por la gran difusión periodística. La sola mención de que se identificaría con una oblea a los morosos en patentes en centros veraniegos habría hecho que entre noviembre y diciembre la nómina de deudores bajara “de 2500 a 800”. Los cuatro secuestros practicados luego habrían derrumbado ese número a sólo cinco.

Estas rimbombantes medidas, como el afán de disponer de cajas de seguridad o la abortada idea de escrachar a los contribuyentes remisos en el estacionamiento de un hotel alojamiento, responden a dos criterios básicos. Uno, que es crucial aumentar la percepción de riesgo para estimular el pago. Otro, que la presión debe direccionarse hacia los contribuyentes que no honran sus obligaciones tributarias pero, al mismo tiempo, expresan capacidad de pago por el consumo de bienes suntuarios.

“Nosotros queremos distinguir al pobre de ingresos, que tiene reales dificultades para tributar, de aquel que pretende pasar agachado. En esta categoría están los morosos que viajaron al Mundial”, explica Montoya a este diario. Rentas solicitó a Migraciones y a las líneas aéreas información para detectar a los que “se agachan” y redoblar la presión sobre ellos. Aunque en este caso existe la dificultad operativa de que no hay un bien para embargar y, eventualmente, cobrarse la deuda con su incautación definitiva.

Es un cuadro similar al que se genera cuando los inspectores de rentas bonaerenses van a los centros de vacaciones a identificar los vehículos con patentes impagas, leit motiv de los operativos estivales, que Rentas planea repetir en los centros de esquí en las próximas semanas. Una modalidad que no sólo irrita a los gobernadores de las provincias anfitrionas de los turistas, sino que poco tiene que ver con el camino más discreto que desde la Nación intenta Alberto Abad, el titular de la Afip, a quien tampoco simpatiza la espectacularidad montoyista.Uno y otro pueden jactarse de un aumento en la recaudación de sus respectivas jurisdicciones. Pero mientras el funcionario nacional lo hace con el respaldo de un fuerte superávit, Montoya está apremiado por la crítica situación fiscal de la provincia de Buenos Aires.