A tres meses del incendio de la calle Luis Viale, donde fallecieron seis inmigrantes bolivianos, el gobierno porteño lleva clausurados 503 talleres clandestinos donde se sometía a trabajadores costureros a condiciones laborales de esclavitud. No se terminó con el trabajo esclavo, como sugirió el ministro de la Producción, Enrique Rodríguez, en los primeros días de su gestión. “Pero se ha avanzado muchísimo, puede haber algunos todavía funcionando, pero el trabajo que hemos hecho en base a las denuncias y a un trabajo de inteligencia ha permitido desactivar los casos más graves”, dijo el funcionario a Página/12. Adelantó además que el gobierno porteño apoya un proyecto que tratará la Legislatura para incautar la maquinaria de los talleres que funcionen en la clandestinidad. La ciudad prevé destinar un predio para el funcionamiento de esas máquinas.

Según informó el Ministerio de la Producción, desde abril hasta junio se hicieron 1500 procedimientos en otros tantos locales, sobre un total estimado de cinco mil establecimientos de ese rubro existentes en la ciudad. “Es el triple de los procedimientos realizados el año pasado por la Dirección de Protección del Trabajo”, puntualizó. La ofensiva contra los talleres textiles clandestinos se lanzó después del incendio en el local de la calle Luis Viale 1269, en Caballito, el 30 de marzo. Allí vivían hacinadas y trabajaban varias familias de inmigrantes ilegales de origen boliviano. La tragedia sacó a la luz un problema que ya había sido denunciado en este diario: la existencia de centenares de lugares que trabajaban en forma clandestina, sometiendo a condiciones de esclavitud a miles de personas.

“Si no puedo terminar con esto, en tres meses me tengo que ir”, dijo en ese momento Enrique Rodríguez. De acuerdo con un informe del gobierno porteño, desde entonces se registraron en el Sistema Unico de Denuncias 1831 presentaciones de particulares, las que se sumaron a 930 requerimientos de inspección de distintos organismos oficiales. “En total hubo 1500 inspecciones y 503 clausuras”, informó Rodríguez.

A tres meses de aquella tragedia, el ministro reconoce que no se ha logrado ponerle fin al trabajo esclavo. “Estamos trabajando fuertemente y estamos terminando con esas prácticas”, afirmó.

–Pero si de 1500 inspecciones clausuraron 500, se supone que en los que faltan para fiscalizar de los 5 mil, tiene que haber unos cuantos más –consultó este diario.

–No es una lógica matemática. Hemos trabajado sobre las prioridades, en base a las denuncias y el trabajo de inteligencia que permitieron detectar los casos más graves –respondió el ministro.

Hace una semana, sin ir más lejos, el gremio de los costureros denunció la existencia de dos talleres clandestinos en pleno funcionamiento. La investigación oficial incluye a diez grandes marcas, denunciadas por tercerizar la confección, que aún no contestaron un pedido de informes que les hizo el gobierno para saber la procedencia de la mercadería que comercializan.