En una escandalosa sesión que terminó a las trompadas en la madrugada de ayer y que desató protestas en todo el país, el Congreso peruano ratificó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos que impulsa el saliente gobierno de Alejandro Toledo.

El partido oficialista Perú Posible (PP) juntó fuerzas con la derecha y los socialdemócratas del APRA de Alan García que será gobierno en un mes, para forzar la aprobación del TLC eludiendo un debate serio sobre el tema en el Congreso. El TLC terminó aprobándose por 79 votos a favor, 14 en contra y 6 abstenciones. Cuando la mayoría parlamentaria ya había impuesto sus reglas de juego, acallando las protestas de varios congresistas que exigían un verdadero debate, sorpresivamente irrumpió en las galerías del hemiciclo un grupo de manifestantes levantando cartelones y gritando consignas contra el TLC. A la cabeza iba más de una docena de congresistas electos por el partido de Ollanta Humala, quienes tomarán posesión de sus cargos el 28 de julio, pero que decidieron debutar en el Congreso antes de tiempo. Dos congresistas electas de la futura bancada humalista, Nancy Obregón y Elsa Malpartida, dirigentas de los campesinos cocaleros, llegaron hasta el centro del hemiciclo, donde intercambiaron golpes y empujones con agentes de seguridad del Congreso. Ayer el Ministerio del Interior amenazó con ordenar la detención de Obregón y Malpartida.

“Lo ocurrido en el Congreso ha sido vergonzoso porque se ha aprobado el TLC entre gallos y medianoche sin permitir que haya debate, haciendo recordar a las prácticas del gobierno de Fujimori. La forma como se ha aprobado el TLC es la misma que el fujimorismo usó para aprobar la ley de amnistía a favor de los violadores a los derechos humanos”, le señaló a Página/12 el congresista Javier Diez Canseco, líder del Partido Socialista, que fue uno de los que votó en contra del TLC.

Durante la campaña, para disputarle votos de centroizquierda a Humala, el presidente electo Alan García había cuestionado al TLC y prometido renegociarlo. Pero luego de su triunfo cambió su discurso y ahora defiende el Tratado como si fuera la salvación del Perú. “El comportamiento de García es penoso, no ha sido capaz de mantener su palabra. García representa un continuismo neoliberal respecto del gobierno de Toledo, pero con un incremento de la represión, porque el aprismo ya está impulsando leyes para aumentar las penas contra quienes protesten en las calles”, espetó Diez Canseco.

Cuando los congresistas ya se habían marchado a sus casas, unos cinco mil manifestantes llegaron hasta las puertas del Congreso para expresar su indignación a los gritos. Los manifestantes, casi todos ellos de rostros andinos, descargaron su rabia ante las enrejadas puertas del Congreso, fuertemente custodiado por más de un centenar de policías. “Toledo y García, la misma porquería”, gritaban. La marcha fue encabezada por Antolín Huáscar, secretario general de la Confederación Nacional Agraria (CNA). “Los congresistas que han aprobado el TLC son unos traidores y deben ser sancionados. Presentaremos una acción de inconstitucionalidad del TLC ante el Tribunal Constitucional (TC) y seguirán las protestas”, anunció Huáscar, en diálogo con Página/12.

También hubo protestas en varias ciudades del interior. Para el 4 de julio se ha anunciado un paro nacional agrario en contra del tratado. Los sindicatos de la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) también se oponen al TLC, así como importantes economistas e intelectuales. Un estudio del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade) asegura que el sector agrario perderá entre 100 y 160 millones de dólares por el ingreso de productos subsidiados de Estados Unidos, y que más del 60 por ciento de este costo lo pagarán los campesinos de los Andes, que son los más pobres del Perú. Además del tema agrario, el TLC tiene otros problemas. Establece, por ejemplo, que el Perú no podrá adoptar alguna medida que afecte las expectativas de ganancia de las empresas norteamericanas, como imponer nuevos impuestos o renegociar contratos; que las empresas de Estados Unidos no estarán sometidas a la Justicia peruana; aumenta el tiempo de las patentes médicas, lo que incrementará el precio de las medicinas, le da a Estados Unidos la potestad de negarles a los productos peruanos el ingreso a ese país por razones sanitarias, pero las autoridades peruanas no tienen ese mismo derecho.