El jefe de gabinete, Alberto Fernández, recibirá el viernes a las entidades del campo para intentar recomponer la relación con el sector y evitar nuevas protestas. Durante el día de ayer se especuló con la posibilidad de que Federación Agraria y Confederaciones Rurales Argentinas anunciaran un plan de lucha luego de la reunión que mantuvieron sus cúpulas. Sin embargo, la confirmación del encuentro con Fernández abrió un paréntesis en la definición, situación que llevó a los dirigentes de esas entidades a posponer anuncios concretos.

Luego del alejamiento del entonces secretario de Agricultura, Miguel Campos, y el anuncio de subsidios para los productores, la relación entre el Gobierno y el campo pareció mejorar. Sin embargo, en poco más de un mes volvió a empantanarse. Los dirigentes rurales cuestionan la continuidad de los controles de precios en el Mercado de Liniers, el cierre de los registros de exportación de maíz y trigo, las dificultades existentes para percibir los subsidios y las condiciones propuestas para la refinanciación de las deudas que mantienen los pequeños productores con el Banco Nación.

En lo que refiere a la carne, el blanco de todas las críticas es el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Ayer la Sociedad Rural emitió un comunicado solicitando la intervención del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, “para garantizar la continuidad de las conversaciones”. Lo que busca ese pedido, más allá de la reunión con Fernández confirmada horas más tarde, es que Moreno deje de ser uno de los interlocutores del sector, pues los dirigentes consideran que sus intervenciones resultan imprevisibles y conspiran contra cualquier tipo de acuerdo.

Fuentes de la conducción de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) fueron más contundentes en su crítica, al señalar que “Guillermo Moreno es el principal causante de la profunda crisis en que se ha sumido la ganadería argentina”. Al respecto, puntualizaron que el funcionario “propició la desaparición del Mercado de Liniers con la imposición de precios de sugerencia”, así como por “desalentar la inversión en el sector, motivando una fuerte liquidación de vientres y un traspaso de productores a la agricultura”. Además, desde Carbap lo acusaron de extorsionar a los consignatarios: “Moreno quiere un novillo a 2,26 pesos el kilo y amenazó a los consignatarios con multas y quitas de matrícula a quienes no comercialicen hacienda al valor sugerido, IVA incluido”.

Eduardo Buzzi, presidente de Federación Agraria, también criticó a Moreno: “El secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, trata de solucionar los problemas, al mismo tiempo que Moreno enerva a los productores”, aseguró a Página/12. Además, Buzzi volvió a cuestionar duramente a Felisa Miceli, al sindicarla como la responsable de que los productores no puedan refinanciar sus deudas con el Banco Nación.

En cuanto a los subsidios, el Gobierno estableció el 12 de marzo que los productores de trigo deben recibir el 85 por ciento de la diferencia existente entre el valor internacional del producto y el monto que paga el molino, “siempre que no sea menor al precio de abastecimiento”, fijado en 370 pesos. Los dirigentes cuestionan este punto, pues aseguran que los industriales molineros están comprando el grano por debajo del piso oficial, lo que les impide cobrar el beneficio.