La Cámara Federal de La Plata confirmó el procesamiento de diez represores de los centros clandestinos COTI Martínez, Puesto Vasco y Brigada de San Justo. El ex comisario Miguel Etchecolatz y el médico policial Jorge Bergés son parte de los acusados, junto a otros jefes de la bonaerense de la dictadura y miembros de los grupos de tareas del general Ramón Camps. “La existencia de los centros clandestinos de detención se debe comprender como una acción institucional, no como una aberración producto de un puñado de mentes enfermas o de hombres monstruosos. Se trató, en realidad, de una política represiva estructurada, normada inmoral y macabramente conducida desde los aparatos del Estado”, señalaron los jueces.

El fallo que firmaron los magistrados Antonio Pacilio, Carlos Nogueira y Carlos Vallefin alcanzó a Reinaldo Tabernero y Rodolfo Aníbal Campos, que fueron subjefes de la Policía Bonaerense, Rodolfo González Conti, quien fue director de Judiciales y de Seguridad, y Alberto Rousse, quien aseguró haber participado en la plana mayor de la dirección de Investigaciones de la policía bonaerense. También fueron procesados los policías Eros Amílcar Tarela, Roberto Antonio Cabrera, Sergio Arturo Verduri, Norberto Cozzani. Bergés y Etchecolatz completan la lista de los imputados.

Este expediente es un desprendimiento de la llamada causa 44, en la que se condenó a Camps. Fue reabierta luego de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida y abarca gran parte del circuito de centros clandestinos de la provincia de Buenos Aires. Hasta el momento, la investigación se centró en la Brigada de San Justo, Puesto Vasco –la subcomisaría de Don Bosco– y COTI Martínez. En estos dos últimos sitios estuvieron secuestrados dirigentes políticos y funcionarios del gobierno de Isabel Martínez, así como el periodista Jacobo Timerman, director del diario La Opinión y la familia Graiver, acusada de financiar a Montoneros. En total, en el fallo se mencionaron 64 casos de secuestros y desapariciones. El caso de Pablo Díaz, en ese entonces estudiante secundario que estuvo secuestrado junto con los jóvenes de la Noche de los Lápices, también es parte de la investigación. Otro hecho por el que están acusados estos diez represores es el del operativo del 24 de noviembre de 1976 en La Plata, en el que se asesinó a cuatro personas y se secuestró a Clara Anahí Mariani, de tres meses.

Los jueces destacaron que “no es cierto, en modo alguno, que la ilegalidad del sistema clandestino de represión, instaurado durante el denominado Proceso de Reorganización Nacional” fue conocida sólo a partir de 1983. “La misma naturaleza de estos aberrantes delitos –la práctica sistemática de la tortura, las detenciones ilegales, los centros clandestinos y la desaparición forzada de personas– exige desechar el supuesto en que alguien pudo haber pensado que era legítimo prestar una colaboración en la ejecución de actos que significaban un absoluto menosprecio por la dignidad humana. El cumplimiento de una orden no puede resultar atendible para excluir la conciencia del injusto en hechos que tenían como objeto destruir la integridad moral y física del ser humano y anular su voluntad”, señalaron Pacilio, Nogueira y Vallefin al responder algunos argumentos defensivos de los acusados. El tribunal platense procesó a los diez acusados por asesinatos, privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos e incluyó las torturas psíquicas a las que fueron sometidos los desaparecidos.