El gobierno porteño presentará hoy una denuncia penal contra una empresa dedicada a la confección de prendas de primera marca, con locales en los principales shoppings y centros comerciales, por emplear como mano de obra a personas indocumentadas, que trabajan en talleres clandestinos, sin respetar la legislación laboral ni las más elementales normas de seguridad. Se trata de la empresa que comercializa la marca Soho, que tiene su sede en el barrio porteño de Villa Urquiza, pero que –según la investigación– terceriza la producción en talleres de Capital y Gran Buenos Aires, en algunos de los cuales se detectaron irregularidades. La investigación se inició a partir de la denuncia de trabajadores de la empresa y tareas de inteligencia realizadas por tres costureros, que fueron a trabajar a algunos de los talleres para constatar las condiciones de trabajo de semiesclavitud y luego aportar su testimonio. Los inspectores de la Subsecretaría de Trabajo completaron el círculo. La denuncia será acompañada por la Defensoría del Pueblo porteña y la Unión de Trabajadores Costureros.

Las denuncias sobre la actividad de talleres clandestinos que utilizan a inmigrantes indocumentados como mano de obra semiesclava y trabajan para empresas de primera línea se inició hace dos años, impulsada por la Cooperativa 20 de Diciembre y el Centro Comunitario La Alameda, de Parque Avellaneda: primero denunciaron a dos talleres de ese barrio que trabajaban para las firmas Lacar y Montaigne. La causa quedó en manos del juez federal Norberto Oyarbide. Luego acompañaron a las víctimas del taller de la calle Luis Viale, en Caballito, que se incendió hace un año, con un saldo de seis muertos, cuatro de ellos niños. El año pasado, ampliaron las denuncias contra las marcas Kosiuko y Cheeky.

Bajo la marca Soho se comercializan pantalones, camisas, remeras, camperas y buzos, todas prendas unisex de consumo masivo. La investigación a esa marca se inició a principios de este año, a partir de una denuncia de trabajadores de la empresa, que si bien están empleados en condiciones legales, empezaron a reclamar por mejoras en las condiciones de trabajo y por la elección de delegados. Son empleados de la empresa Gilmar S.A., que realizan los cortes de las telas para elaborar las prendas, que son confeccionadas en talleres de Capital y el Gran Buenos Aires, con la marca de fantasía Soho. Estos empleados se encargaban además de repartir las telas y accesorios (botones, cierres, etcétera) en esos talleres contratados.

Dos de esos trabajadores se acercaron a La Alameda y relataron algo que habían visto durante su trabajo: “Cuando iba a entregar materiales a los talleres, vi que había mujeres que trabajaban en las máquinas de coser con sus bebés en brazos y que otros chicos jugaban entre otras máquinas. Y que en algunos talleres se notaba que nadie podía salir o entrar libremente sin permiso del tallerista”, contó a Página/12 Sergio Molina, uno de los trabajadores denunciantes. Molina, junto a otro empleado, comenzó a investigar y detectó una lista de unos cuarenta talleres que trabajarían para Soho. Ambos fueron despedidos entre el 23 y el 28 de febrero.

La primera denuncia fue presentada el 27 de febrero último por un tallerista que declaró con identidad reservada en la Defensoría del Pueblo porteña. El hombre, miembro de la Unión de Trabajadores Costureros, actuó como una suerte de agente encubierto: se empleó por unos días en tres de los talleres proveedores de Soho, donde detectó que “casi todos los trabajadores son de origen boliviano, son migrantes indocumentados y están en negro, es decir, no están registrados”.

El 28 de febrero, Gustavo Vera, del Centro Comunitario La Alameda, presentó ante la Defensoría el relevamiento realizado por trabajadores de Soho: la nómina de talleres clandestinos con los que trabajaría la empresa. Días después, los propios trabajadores despedidos aportaron su testimonio.

El día 5 de marzo comenzaron las inspecciones de la Subsecretaría de Trabajo a algunas de las sedes denunciadas: en Balvastro 246, en Tandil 4575, en Emilio Castro 6459 y en Sanabria 3048, entre otros, en los barrios de Flores, Floresta y Liniers. En los cuatro domicilios mencionados quedó comprobado que quienes allí trabajaban lo hacían para la marca Soho. En el local de la calle Balvastro se detectaron irregularidades, como falta de extintores, conexiones eléctricas inseguras y un entrepiso combustible, lo cual obligó a la suspensión de las tareas. De los seis trabajadores, cinco eran extranjeros indocumentados, trabajaban 12 horas diarias por sueldos de entre 500 a 900 pesos y vivían en una piecita que les alquilaba el propio tallerista. Similares condiciones se detectaron en el de la calle Tandil.

En su presentación ante la Justicia, el procurador porteño Agustín Zbar pedirá que se investigue a los responsables de la empresa y a los talleristas por “facilitar la permanencia ilegal de extranjeros” y “pagar salarios menores a los establecidos por la ley, empleando violencia o intimidación”. Según la presentación, la ley establece que no sólo los talleristas o intermediarios son responsables de esas irregularidades, sino “los empresarios que contratan un trabajo a domicilio”, ya que “deben exigir a sus contratistas el adecuado cumplimiento de las normas”.

De ahí surge la presunta responsabilidad de la empresa Gilmer S.A., que tiene su depósito en Díaz Colodrero 3562, en Villa Urquiza. Cuando los inspectores fueron hasta allí detectaron, sin embargo, que es la sede de la empresa Radya S.A. En los recibos de sueldo de los empleados, Radya tiene como domicilio la avenida Belgrano 687. A su vez, en los remitos de Soho Jeans figura como domicilio la avenida Intendente Bullrich 345. Este triángulo empresario dio lugar a que la Subsecretaría de Trabajo remitiera copias a la AFIP y a la Dirección de Rentas porteña para poner en claro el vínculo entre esas empresas. Página/12 intentó comunicarse con los responsables de la empresa, pero nadie respondió en los teléfonos de la compañía.