El discurso de Néstor Kirchner en el acto en el predio del campo de concentración La Perla por el aniversario del último golpe militar encendió una fuerte preocupación en la Corte Suprema. Pero lo que terminó de decidir al tribunal a salir a la cancha y decir algo fue la andanada de voces, en especial desde el ámbito político y la propia Casa Rosada, que creció hasta instalar una gran polémica alrededor de las demoras de la Cámara de Casación (y la Justicia en general) en los juicios a represores. Ayer al final del día, después de mucho conversar, los jueces supremos le hicieron un llamado de atención al Gobierno. Difundieron un comunicado en el que reclaman “equilibrio y mesura” en el ejercicio de los “controles republicanos” para preservar “la independencia judicial”.

Las advertencias de Kirchner sobre las demoras de Casación en las causas sobre los crímenes de la última dictadura –que hace tiempo señalan los organismos de derechos humanos– empezaron en la apertura de sesiones del Congreso. La semana pasada, el tema recobró fuerza cuando 61 familiares y víctimas del terrorismo de Estado le pidieron al Consejo de la Magistratura la destitución del titular de Casación, Alfredo Bisordi y los camaristas Gustavo Hornos, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia y Eduardo Riggi. El sábado pasado Kirchner volvió a la carga en La Perla, donde preguntó qué pasa en Casación donde hay más de 200 recursos sin resolver que traban los juicios orales. Luego generalizó: “Yo le digo a la Justicia, y sé que el Consejo de la Magistratura me va a escuchar: ¡por favor basta! ¡Juicio y castigo!”.

Uno de los primeros en salir a protestar, el lunes, fue el propio Bisordi, que acusó al Ejecutivo de buscar “la suma del poder público”. Como el ministro del Interior Aníbal Fernández lo invitó a dejar su cargo como “favor a la Patria”, Bisordi ayer madrugó otra vez con ganas de seguir hablando y le contestó: “no voy renunciar ni ceder a ningún apriete”. Después siguieron opinando en hilera el jefe de Gabinete, Alberto, Fernández, que reivindicó “el derecho del Presidente” de “reclamarle premura a un tribunal”. No hay conflicto de poderes ni intromisión en la Justicia, corearon los Fernández, para luego decir que ahora todo corre por los carriles del Consejo de la Magistratura. Luego les siguió el diputado K y consejero de la Magistratura Carlos Kunkel, que observó que Bisordi “cobra 16.000 pesos por mes” y “se ofende porque le piden que trabaje”.

La espiral de declaraciones de funcionarios políticos en los medios y el ping-pong que tuvo a Bisordi como protagonista sacó de quicio a varios jueces de la Corte. Lo que los conmocionó no fue sólo el contenido sino el efecto que prevén: “la sensación que se generó es que a cualquier juez que se atrase con su trabajo lo pueden echar y la realidad es que existen demoras en todo el país y, muy a menudo es por falta de recursos”, explicó en voz baja uno de los ministros del tribunal. Por eso los jueces supremos pusieron una señal de alerta sobre cómo ese mensaje es capaz de afectar la independencia judicial. La intención de la Corte, aclararon dos de sus miembros a Página/12, no es entrar en la discusión sobre la Cámara de Casación sino “pedir respeto a la institucionalidad”.

A lo largo de la tarde todos los jueces de la Corte –excepto Raúl Zaffaroni que estaba de viaje– se dedicaron a pulir palabra por palabra un texto que quedó consensuado así: “Con la cuestión planteada respecto de algunos jueces de la Cámara de Casación Penal, es preciso señalar que, sin perjuicio de que la conducta de los miembros de los tres poderes del Estado está sometida a controles republicanos, dicho control debe ser efectuado con mesura y equilibrio, utilizando los medios institucionalmente previstos, a fin de respetar la honorabilidad e independencia judicial”.

Con ese mensaje, aclaró uno de los jueces, “no pretendemos defender a nadie en particular”. Si es por eso, la Corte actual siempre fue bastante crítica frente a los retrasos de la Cámara de Casación, algo que le hizo saber sin rodeos cuando demoraba un pronunciamiento sobre las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Del mismo modo, algunos de los supremos han sido especialmente duros cada vez que el Gobierno se puso a opinar sobre decisiones judiciales, como la excarcelación de Omar Chabán y María Julia Alsogaray. Una de las más duras siempre fue Carmen Argibay, que integra con Elena Highton de Nolasco una Comisión de Independencia Judicial creada en una Conferencia Nacional de Jueces en Santa Fe, la provincia del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

Esa comisión también la integran algunos miembros históricos de la Asociación de Magistrados, como su ex presidente Miguel Caminos. La entidad que representa a los intereses de los jueces, hizo circular un comunicado en el que cuestiona “la diatriba”, así llamó al discurso de Kirchner, contra Casación y su “mensaje al Consejo de la Magistratura con el claro sentido de influir sobre sus integrantes”. “La gente necesita jueces independientes, pero ante un discurso como el del Presidente, ¿cómo se siente un juez que tiene una denuncia que involucra al Gobierno?”, dijo a este diario Ricardo Recondo, presidente de la Asociación.

Un encumbrado funcionario de la Corte reveló cierto fastidio de sus integrantes que, en la segunda mitad del año pasado, enviaron al Poder Ejecutivo un proyecto para ampliar las salas de la Cámara de Casación integrándolas con algunas de la Cámara del Crimen porteña que tienen poco trabajo. “No requería ningún gasto nuestra propuesta, sin embargo el Gobierno no hizo nada y ahora están a los gritos”, gruñó el vocero supremo. Los problemas habituales de Casación, además, se agravaron con un fallo del alto tribunal que lo obliga a revisar no sólo cuestiones de hecho sino de derecho.

Después de que se conociera el comunicado de la Corte, la diputada y consejera de la Magistratura Diana Conti hizo una aparición desafiante: “Me gustaría saber qué ministros (de la Corte) hablan, yo tengo nombre y apellido, me llamo Diana Conti, soy diputada votada por el pueblo”. En el tribunal explicaron que la declaración institucional no lleva firma porque tuvo pleno consenso. A última hora también hizo su aparición el ministro de Justicia, Alberto Iribarne. “Se han puesto en marchas mecanismos dispuestos por las leyes, los jueces no son intocables.”