Los gremios que comenzaron a negociar salarios en los últimos días están pidiendo aumentos cercanos al 30 por ciento. Los empresarios afirman que ese porcentaje es imposible de afrontar y agitan el fantasma de una mayor inflación. Página/12 entrevistó al economista del Plan Fénix Aldo Ferrer, para conocer su opinión sobre los efectos que podría tener en la economía esta puja distributiva y además aprovechó para consultarlo sobre la crisis del Indec, la importancia real que tiene la negociación con el Club de París, el proyecto del tren bala, los pasos que se deben dar para impulsar el desarrollo y la crisis financiera internacional.

–A fines del año pasado algunas empresas pagaron un plus por inflación y ahora varios gremios están reclamando aumentos cercanos al 30 por ciento. ¿Se desató una carrera entre precios y salarios?

–Lo que hay es una puja distributiva que, en la medida en que la economía va creciendo y genera más ingresos, en lugar de suavizarse se agrava porque los diversos sectores pretenden ampliar su porción. En este contexto, la tarea del Gobierno es transmitir señales muy claras en defensa de los equilibrios macroeconómicos y arbitrar en las negociaciones salariales para que se logre un reparto equitativo manteniendo una evolución razonable de los precios.

–¿Con eso alcanza para controlar la inflación?

–La base de la estabilidad son los equilibrios macroeconómicos. Nuestra historia de alta inflación tuvo como origen principal ese tipo de desequilibrios. Lo primero que hay que hacer es transmitir señales muy sólidas. Probablemente sea necesario aumentar la meta de superávit fiscal primario para darle mayor libertad a la política monetaria. La estabilidad también dependerá de la puja distributiva y la verdad es que los reclamos salariales, incluso los de mayor porcentaje, se mantienen dentro de un rango que no tiene nada que ver con un pasado inflacionario, donde los pedidos eran del 100 o 200 por ciento. De hecho, en la postura de los actores se observa una razonabilidad que hay que fortalecer a partir de la capacidad de arbitraje del Estado. Creo que este conjunto de circunstancias puede producir una tasa de inflación promedio razonable que sea compatible con el crecimiento, las expectativas de inversión y la rentabilidad futura. La situación es manejable.

–¿Qué es una inflación razonable?

–El límite razonable es en torno del 10 por ciento. Cuando la inflación se ubica un poco más arriba se empieza a generar otra serie de consecuencias, pero también hay que tener en cuenta que el debate está profundamente politizado. No sólo por el tema del Indec, que ha generado un elemento adicional, sino porque hay muchos sectores de opinión que están en contra de los lineamientos generales de la política económica y tratan de golpear en los puntos vulnerables. El tema inflacionario tiene un componente económico, pero también un componente político que es natural en el sistema democrático.

–Más allá de los intereses en disputa, lo cierto es que las estadísticas del Indec ya no son tomadas como referencia en las discusiones salariales, ¿qué se debe hacer para reestablecer la confianza en el organismo?

–Se debe trabajar con un alto nivel de profesionalidad para despolitizar el tema y demostrar que el Indec no crea la inflación sino que la mide. Hay que tratar de que la mida de la manera más creíble posible, pero también hay que reconocer que las dudas sobre los indicadores son anteriores al conflicto. Además, hay tal dispersión en los precios de la economía que el resultado depende mucho de lo que se mide. Por eso en algunos países utilizan varios indicadores.

–Pero el Indec informó que no hubo cambios metodológicos y los resultados del turismo indican que en enero de este año veranear fue más barato que en el mismo mes de 2007 y 2006. Ese tipo de resultados genera mucha desconfianza.

–Es un tema complicado y está muy politizado.

–Algunos analistas afirman que la negociación con el Club de París es clave para incrementar las inversiones, ¿usted piensa igual?

–Creo que hay una gran exageración cuando se mencionan los beneficios que generaría un acuerdo con el Club de París. Es importante acordar, pero la tasa de inversión se financia fundamentalmente con el ahorro interno. Por ese motivo, es infinitamente más relevante impulsar reformas en el sector financiero. Es una fantasía pensar que las inversiones dependen del acuerdo con el Club de París.

–Hace varios años que se viene prometiendo un banco de desarrollo, pero la iniciativa nunca se concreta.

–Ahora es un buen momento porque hay sensibilidad en el Gobierno y una demanda concreta del sector privado, pero un banco público de desarrollo no alcanza. Lo importante es incorporar al sector privado al financiamiento de largo plazo y allí hay una serie de señales que el Gobierno puede dar. La ingeniería financiera del desarrollo es un tema pendiente. En la actualidad el crédito equivale sólo al 11 por ciento del producto bruto y está volcado al corto plazo. El ahorro está disponible, lo que falta es generar los mecanismos para canalizarlo hacia la inversión productiva.

–¿Le parece necesario construir un tren bala como el que planea el Gobierno?

–Lo que hace falta es un plan de transporte. Los proyectos adquieren significación desde el punto de vista del desarrollo en la medida en que son funcionales a una integración real de un sistema moderno, de bajo costo, que atienda, en este caso, a las necesidades del transporte de carga y de pasajeros. De lo contrario, se corre el riesgo de entusiasmarse con proyectos individuales fuera de programa sobre los que cuesta determinar la conveniencia.

–¿El Estado debe apoyar el desarrollo de ciertos sectores industriales para favorecer una determinada inserción internacional o es una selección que debe ejercer el mercado?

–El desarrollo es el fruto del comportamiento dinámico de la sociedad y de las políticas con objetivos nacionales. Los países más exitosos después de la Segunda Guerra Mundial, como Japón, Corea, Taiwan y China, diseñaron políticas explícitas para incorporar en su estructura productiva las actividades de frontera del conocimiento y así se han convertido en potencias industriales emergentes. Esto requiere una estrategia. Nosotros tenemos una gran base de recursos naturales. La cadena de valor agroalimentaria es fundamental, pero no nos alcanza con un solo sector. Tenemos que incorporar los sectores más complejos de la actividad industrial a partir de un diseño estratégico. Es absolutamente incomprensible que este país gaste centenares de millones de dólares importando teléfonos celulares. Hace treinta años estábamos adelante en materia electrónica de los países que ahora nos venden esos aparatitos. Argentina desmanteló la industria de frontera, pero hay que volver a reconstruirla a partir de políticas públicas explícitas de incentivo. Tenemos los recursos y la capacidad necesaria para hacerlo, pero se requiere una importante presencia pública que abra espacios de rentabilidad para que los empresarios hagan lo que tienen que hacer.