El Registro Oficial de Personal Retirado de la Armada no deja dudas: la última versión, 2006, del minucioso libro al que tuvo acceso Página/12, detalla que el capitán Luis Emilio Sosa integraba el cuerpo comando como infante de Marina, que pasó a retiro el 1º de marzo de 1981 y que dio como domicilio Córdoba 622. La dirección corresponde al Hotel del Centro Naval, ubicado en diagonal al fastuoso edificio del Centro Naval, en la esquina de Córdoba y Florida. El supuesto misterio sobre el destino del oficial que hace treinta y cinco años fue señalado como responsable del fusilamiento de 19 presos en Trelew nunca fue tal para la Armada. El hombre que fue detenido el martes y el jueves repitió por primera vez ante la Justicia la versión oficial de la masacre siempre cobró su haber como retirado y frecuentó a la valiente muchachada: se mantuvo en actividad hasta nueve años después de la masacre y hasta no hace tanto, aseguran, formaba agentes de Inteligencia.

“Al Negro Sosa, dos por tres se lo veía en el restaurante”, comentó un oficial, habitué como casi todos, del comedor del subsuelo del hotel. Su historia era conocida pero su rostro había logrado mantenerse oculto: pasaron más de treinta y cinco años desde aquel agosto de 1972 en que Sosa les dio su “palabra de honor” a los diecinueve miembros de organizaciones armadas que habían fracasado en el intento de huida de Trelew. Compromiso que traicionó a la semana, cuando todos fueron fusilados y sólo tres sobrevivieron.

El Registro Oficial de Personal Retirado es un documento de carácter reservado destinado a los jefes de unidades, circula en la Dirección General de Personal Naval y es elaborado por la Dirección de Armamento de Personal de la Armada. Como el retiro es una situación de revista, los oficiales tienen la obligación de informar a la fuerza los cambios de domicilio, el estado civil y las entradas y salidas del país. “Si no se informa, los reglamentos lo estipulan como una infracción, y si el arma desconoce el destino, sería muy irregular que se pague el retiro”, explica un oficial.

En realidad, la investigación por la matanza en la Base Almirante Zar entró en un cono de impunidad hasta que se reactivó el año pasado después del episodio de espionaje en esa misma base. Sosa no tenía pedido de captura y si bien se tejieron toda clase de versiones sobre su paradero, en la Marina se lo solía ver y no sólo en el lobby y el comedor del Hotel del Centro Naval. Algunos recuerdan que “en plena década de los ’90 el capitán Sosa desarrollaba tareas docentes en la Escuela de Inteligencia Naval (ESIN) ubicada en lo que fue en su momento la prisión naval, en avenida Antártida Argentina al 1400, a unos trescientos metros del Edificio Libertad. A fines de esa década, la ESIN fue trasladada al segundo piso del Edificio Libertad, y hasta por lo menos 2005 era habitual verlo entrar y salir”. Por su actividad docente, oficiales aseguran que “dio cursos a varias generaciones de espías navales, incluidos civiles y profesionales incorporados a la Armada”.

El Centro Naval es uno de esos territorios corporativos que marcan pertenencia. Si bien es una entidad privada, su comisión directiva está integrada por marinos en actividad y en retiro. La pertenencia a sus filas es obligatoria para la oficialidad a partir del mismo día del egreso como guardiamarinas. De hecho, las cuotas sociales son descontadas en forma automática de los haberes. El Hotel del Centro Naval tiene un convenio firmado con la Armada Argentina para alojar a personal en actividad de paso por Buenos Aires. Sosa era un camarada más que se sentía seguro en el alojamiento, a tal punto que dio la dirección de Córdoba 622 como su residencia para que la Armada sepa dónde estaba.

Fuentes de la Justicia de Chubut aseguraron a Página/12 que en la causa que investiga la Masacre de Trelew la Armada retaceó información o la aportó con “enorme demora” hasta que en la causa por espionaje en la Base Almirante Zar se resolvieron los procesamientos. “Cuando (el almirante Jorge) Godoy interpretó que quedaba a salvo, las respuestas comenzaron a fluir aunque nunca con los datos esperados”, explicaron en los tribunales de Rawson y señalaron que “fueron remisos hasta a informar dónde cobraban sus retiros” los oficiales imputados.

La protección de la Armada a los oficiales que ejecutaron la Masacre de Trelew se enmarca en una conducta que no se agota en esa causa. Como quedó en evidencia en las excepcionales condiciones de detención del prefecto envenenado Héctor Febres en la Base Naval de Azul, la solidaridad con los “camaradas” acusados de delitos de lesa humanidad se mantiene constante y sólo actúan acorralados por las órdenes del poder político o de la Justicia.