Desde México, D. F.

La violencia asociada al crimen organizado desfondó el discurso oficialista que pretende atribuir la ejecución de mandos policiales y los cada vez más sangrientos enfrentamientos entre sicarios a las acciones gubernamentales que habrían forzado “a un reacomodo de las organizaciones criminales ante el efectivo combate que el gobierno federal realiza contra el narcotráfico”, según el presidente Felipe Calderón. Lo cierto es que la batalla luce perdida para el gobierno derechista de Acción Nacional.

Dos estampas lo ilustran: el 12 de mayo, un día después del asesinato del coordinador regional de la Policía Federal Preventiva, Edgar Millán Gómez, “cerebro” de la estrategia gubernamental en el combate contra el narcotráfico, Calderón manoteó y gritó en la residencia oficial de Los Pinos durante casi siete minutos, culpando a todos (ciudadanos, prensa, diputados, senadores y jueces) de su propio fracaso en esta lucha. Menos de 72 horas después del exabrupto presidencial, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que tres jefes policiales mexicanos solicitaron asilo político en ese país como consecuencia del aumento de la violencia generada en torno del narcotráfico en México.

La desesperación presidencial afloró delante del presidente de la Comisión Europea, el portugués José Manuel Durao Barroso, durante una conferencia de prensa en la que Calderón fue cuestionado por el evidente fracaso de su estrategia contra el narco que, hasta el miércoles pasado, ha dejado un saldo de 4044 ejecutados durante los 527 días que lleva su administración.

Calderón regañó a los poderes Legislativo y Judicial por la impunidad con la que criminales salen de las cárceles, como el asesino material de Millán Gómez, que ya había estado preso en tres ocasiones.

Luego arremetió contra los medios de comunicación, por colaborar con el narcotráfico al informar sobre las ejecuciones cotidianas que aterrorizan al país, en lugar de divulgar los discursos oficiales que rebosan optimismo y exageran resultados. Y por si fuera poco, siguió contra la población entera, a la que acusó de complicidad con el narco por no denunciar operaciones criminales.

La respuesta de todos: más crítica. La Suprema Corte de Justicia de la Nación calló ominosamente, pero el ex ministro Juventino Castro hizo extensas declaraciones sobre “el fracaso del combate a la delincuencia” al semanario Proceso, y le recordó al presidente que si los jueces liberan a los criminales se debe a las pésimas investigaciones de los procuradores de Justicia, que dependen precisamente del Poder Ejecutivo.

Buena parte de la prensa se indignó ante el intento de imposición de línea editorial acrítica, que para muchos es un despropósito de tintes autoritarios.

Y la gente no confía en las autoridades como para denunciar a los criminales, menos aún cuando la militarización del combate al narcotráfico se ha traducido en graves violaciones contra poblaciones enteras y la práctica sistemática de la tortura, como han documentado y denunciado organismos internacionales de derechos humanos.

Lo que la gente se pregunta es cómo pretende el presidente Calderón que los ciudadanos comunes señalen al crimen organizado cuando los propios cuerpos policiales son avasallados por sicarios.

Hasta el subcomisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, que pertenece al Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, Jayson Ahern, comentó que los jefes policiales que solicitaron asilo político en ese país “son abandonados por sus funcionarios policiales o sus departamentos policiales en muchos casos”.

Y es que la única estrategia que la administración de Calderón ha puesto en marcha para enfrentar el creciente poder de los carteles de la droga han sido las armas, atacando a las cúpulas del narcotráfico y a sus brazos armados, pero no ha tocado un ápice de las redes financieras que les permiten lavar cientos de millones de dólares al año ni la protección política que reciben los carteles en todos los niveles de gobierno a lo largo y ancho del país. De continuar por esa vía, incompleta y riesgosa, “lo peor está por venir”, advierte el experto Eduardo Buscaglia.

Lejos ya del tortuoso arranque de su administración, apoyándose en el ejército y en una campaña mediática de 75 spots de televisión diarios durante 39 días, anunciando la movilización de 24.000 soldados contra el narcotráfico, con lo que pretendió mostrar la legitimidad que el fraude electoral le escatimaba, hoy Calderón luce solo y desesperado.

En los primeros dieciocho meses de su administración, el saldo es más que rojo: 2794 ejecutados en su primer año de gobierno y 1250 entre el 1º de enero y el pasado martes 20 de mayo, incluyendo a casi medio centenar de funcionarios públicos asesinados en lo que va de este 2008 (militares, agentes federales y policías municipales o estatales), según estadísticas oficiales. Sólo en este mes van 180 asesinatos, 80 de ellos en los últimos diez días.