Los pingüinos chilenos están de vuelta y amenazan con provocar una nueva crisis política si la presidenta Michelle Bachelet no los escucha. Ayer nueve colegios secundarios y dos universidades de Santiago amanecieron tomados por los alumnos. Con el correr de la tarde, algunos colegios depusieron la toma y permitieron el ingreso de los carabineros, no sin antes prometer que la tregua no duraría mucho. “Las movilizaciones y las protestas se mantendrán por tiempo indefinido”, advirtió Matías Ponce, presidente del centro de estudiantes del Liceo Lastarria. Los pingüinos, apodo que se ganaron los alumnos por sus uniformes, piden rever la ley nacional de educación que se discute en el Congreso.

A la madrugada, cientos de alumnos secundarios tapiaron las puertas de algunos de los colegios más tradicionales de Santiago con sillas y pupitres. “Nuestra consigna es la total disconformidad con la Ley General de Educación y con el discurso de la presidenta. Creemos que su discurso no tocó el tema real que estamos atacando, que es la ley, y se dedicó sólo a hablar de la coyuntura”, explicó Ponce. La tarde anterior, Bachelet había presentado su discurso anual ante el Congreso y había prometido inversiones millonarias en salud, energía, protección social y educación. Se comprometió a aumentar el número de becas para estudiantes que quieren especializarse en el exterior y a entregar 30 mil computadoras a niños pobres, pero no dijo nada de los reclamos de los estudiantes secundarios y universitarios.

Después de la crisis política de 2006, cuando las tomas de los colegios y las protestas callejeras se generalizaron y llegaron a tumbar a dos ministros, la presidenta Bachelet aceptó cambiar la antigua ley de educación –aprobada durante la dictadura pinochetista– y creó un comité asesor, que incluía a los estudiantes. Pero poco a poco los pingüinos se desilusionaron y finalmente el gobierno, la Concertación y la oposición acordaron un proyecto de ley. “Es una copia fiel de la antigua ley de educación”, opinó Sebastián Torres, vocero de los estudiantes del Liceo de Aplicación.

Torres adelantó que todas las medidas de fuerza se suspenderán si el gobierno acepta llamar a una mesa de diálogo para modificar el proyecto de ley. La principal demanda de los estudiantes es agregar un artículo que defina al Estado como el garante de la educación pública, dejando en claro la diferencia entre las instituciones públicas y las privadas. “La ley tiene que establecer que no habrá más lucro en la educación”, señaló ayer el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo.