Al mismo tiempo, en la noche del miércoles, la Argentina ratificó la Convención sobre las Personas con Discapacidad y empezó a incumplirla. La ratificación fue efectuada en la Cámara de Diputados, por unanimidad. El incumplimiento corresponde al hecho de que la legislación y muchas prácticas en el país no respetan esos derechos. Una integrante de la Asamblea Permanente de Usuarios de Servicios de Salud Mental consideró que la ratificación es “importante pero no es garantía” para asegurar derechos como el de que “cada usuario sea responsable de su tratamiento y decida qué lugar, en su vida, da a la discapacidad”. La Convención –celebrada en 2006 en el marco de las Naciones Unidas– vale para discapacidades tanto físicas cuanto mentales. Incluye derechos como los de “poseer propiedad”, “tener acceso a préstamos bancarios”, “no ser privado de su libertad” y “vivir en forma independiente”: una representante del CELS observó que estas garantías requieren “una modificación del Código Civil”. La Convención también protege derechos como “obtener empleo en los sectores público y privado” y “tener acceso al transporte”: en este caso, según una ONG de discapacitados motrices, “ya hay legislación, pero no se cumple”.

El proyecto de ratificación había sido presentado por el diputado Claudio Morgado; fue apoyado por todos los bloques de la Cámara baja y aprobado por unanimidad, con 167 votos, lo cual le otorga fuerza de ley en la Argentina. Según la Convención, “los niños con discapacidad tendrán igualdad de derechos, y en ningún caso un niño será separado de sus padres debido a una discapacidad de él o de los padres”. Además, “los países deben asegurar la igualdad de derechos a poseer y heredar propiedad, controlar los asuntos financieros y tener igualdad de acceso a los préstamos bancarios, el crédito y las hipotecas”; no deben ser “privados de su libertad” y “deben tener la opción de vivir en forma independiente”.

Agustina Vidal –integrante de la Asamblea Permanente de Usuarios de Servicios en Salud Mental– sostuvo que “la ratificación nos da más elementos para trabajar y presionar, pero no es garantía. Requerimos que cada usuario sean reconocido como responsable de su tratamiento y pueda decidir qué lugar en su vida le da a la enfermedad: por ejemplo, muchos artistas con diagnóstico de ‘bipolar’ prefieren tomar una dosis más baja de medicación porque sienten que la parte maníaca de su persona es muy importante en su arte. También hay quienes rechazan ser diagnosticados: cada uno debe decidir qué rótulo se pone a sí mismo”.

Roxana Amendolaro, coordinadora del programa de salud mental del CELS, afirmó que “el Código Civil debería modificarse con respecto a las personas con discapacidad mental, que hoy pueden ser internadas por motivos tan vagos como ‘afectar la tranquilidad pública”, y comentó que la Convención “pone en cuestión el sistema de ‘curadores’ para administrar los bienes de personas consideradas incapaces, que ha sido motivo de numerosas denuncias por malversación”. Según explicó, “el Estado debe acompañar a las personas en los períodos en que su capacidad mental esté disminuida, pero no sustituirlas en el ejercicio de sus derechos”. Esto podría lograrse “si la persona es apoyada no sólo profesionalmente, sino por sus pares, por ejemplo si reside en una casa de convivencia. Esta red comunitaria puede detectar cuándo la persona no puede tomar una decisión importante y ayudarla a esperar hasta que, acompañada, pueda hacerse cargo”.

La Convención también requiere “que los países identifiquen y eliminen los obstáculos y barreras y aseguren que las personas con discapacidad tengan acceso al transporte, tecnología de la información y las comunicaciones”. Asimismo, “los países deben prohibir la discriminación en el empleo, promover el empleo por cuenta propia, emplear a personas con discapacidad en el sector público y promover su empleo en el sector privado”.

Según Silvia Coriat, de Fundación Rumbos, “ratificar la Convención implica reconocer formalmente que la problemática de la discapacidad pertenece al orden de los derechos humanos”. Sin embargo, “tenemos una larga experiencia en legislaciones que no se cumplen. No se observa el cupo laboral para discapacitados, que es del cuatro por ciento en empleos nacionales y del cinco por ciento en la ciudad de Buenos Aires, donde rige también para las empresas privadas contratadas por el municipio”. Además, “el gobierno nacional debe tomar medidas para que el transporte sea efectivamente accesible a discapacitados, como requiere la respectiva ley”.