Legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) y de los partidos opositores Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y Unidad Nacional (UN) redactaron las Bases para la Reconciliación Nacional. Pretenden que este documento sea un comienzo de solución para todos los problemas que enfrentan a los bolivianos y amenazan con dividir al país. El principal partido de derecha, Poder Democrático Social (Podemos), decidió no participar de la reunión porque el gobierno nacional no respondió a sus siete condiciones para que ocuparan silla en la charla. En el acuerdo, los tres partidos invitan a otros sectores sociales a dialogar. Y proponen compatibilizar dos textos opuestos: la nueva Constitución y los estatutos autonómicos de los departamentos de la Media Luna. La noticia desagradó a los asambleístas que escribieron la propuesta de Carta Magna. Miriam Estrada, constituyente del oficialista Plan 3000, dijo a Página/12: “Si a la nueva Constitución iban a consensuarla cuatro personas, ¿para qué hicimos la Asamblea Constituyente?”.

Las siete exigencias de Podemos incluían “la generación de una verdadera Constitución como reflejo de un gran acuerdo político institucional”; el “reconocimiento del Poder Ejecutivo a los resultados de los referendos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando”; “la participación (en el diálogo) de autoridades del Congreso Nacional, Poder Ejecutivo, Gobiernos Departamentales y actores regionales”. También pidieron la participación de la Iglesia Católica, que había quedado al margen de la charla el 4 de mayo pasado. Ese día el gobierno nacional dejó de considerarla neutral porque el cardenal de Bolivia había votado en el referéndum cruceño.

El miércoles en el Palacio Legislativo, los congresistas de MAS, MNR y UN sólo atendieron tres puntos de Podemos: invitar a representantes prefecturales y actores regionales para buscar consensos; invitar a representantes de la Iglesia Católica y a países amigos –Argentina, Brasil, Colombia– “a observar y facilitar el diálogo” y empezar el acuerdo con “la integración de las distintas propuestas de estatuto autonómico en un proyecto de Constitución consensuado...” Según el vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, la mesa de trabajo “tiene la gran la responsabilidad de unir a constituyentistas con autonomistas en un único proyecto nacional”.

Pero varios constituyentes rechazan que el Congreso modifique el proyecto de Constitución aprobado el 9 de diciembre de 2007 en la ciudad andina de Oruro. Consideran que sería “volver a la vieja política, cuando a los acuerdos nacionales los hacían pocos entre cuatro paredes”. La nueva Constitución fue avalada por 164 asambleístas (casi todos del MAS), sobre un total de 255. Los asambleístas de Podemos se habían negado a participar de las sesiones porque argumentaban que las reuniones tenían que hacerse en la ciudad de Sucre. “Pero allí no nos permitían sesionar. Amenazaban con quemarnos vivos”, recordó la constituyente Estrada. En esos días de 2007, la capital de Bolivia –Sucre– reclamaba “capitalía plena” y que le devolvieran los organismos de Estado que desde 1900 funcionan en La Paz. Para Estrada, el reclamo por capitalía y el rechazo a la Constitución aprobada en Oruro son tácticas de la derecha “para fregar al gobierno”.

La nueva Constitución –con varias leyes revolucionarias– es diabólica para Podemos, MNR y UN. Su propuesta para administrar la tierra y los recursos naturales es “comunista e indigenista”, según la oposición. El prefecto de Beni, Ernesto Suárez, dijo que “hicimos los estatutos autonómicos para resistir a la constitución masista”. Este departamento hará su referéndum el 1º de junio, junto a Pando. La exigencia podemista de que Evo Morales reconozca los resultados de estas consultas fue rechazada por los congresistas.