Desde Madrid

La Unión Europea aprobó ayer finalmente la directiva que endurece el trato hacia la inmigración ilegal. Después de tres años de debates y de una dura negociación que ocupó las últimas dos semanas, el Consejo de la UE ha decidido finalmente aprobar la nueva disposición que establece un plazo máximo de detención de los sin papeles de hasta 18 meses y permite que sea una autoridad administrativa, y no exclusivamente un juez, la que decida la detención de los clandestinos en los Centros de Internación de Extranjeros antes de proceder a expulsarlos. Ante la presión de los países que no estaban dispuestos a pagar los costos judiciales del proceso a los detenidos, Bruselas finalmente deja abierta la posibilidad de que cada Estado decida a propósito de este punto. Alemania era uno de los países menos favorables a hacerse cargo de estos gastos. ONG, organismos de derechos humanos y organizaciones de inmigrantes consideran la normativa una auténtica vergüenza que le quita a la Unión, a partir de ahora, la credibilidad moral para defender los derechos humanos fuera de su territorio.

Europa ve de este modo cómo se impone la línea dura propuesta por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y el premier italiano, Silvio Berlusconi, aunque a decir verdad ningún otro gobierno europeo puso demasiados problemas a la hora de aprobar la nueva reglamentación y la discusión de las últimas semanas giró en torno de ver quién era más duro con los inmigrantes. Las opiniones y actitudes xenófobas proliferan en el continente, mientras recrudece la tensión diplomática entre España e Italia a propósito de las nuevas medidas que intenta imponer Roma para afrontar el fenómeno.

Nadie esperaba ayer que la Unión decidiera con tanta prisa resolver el asunto de la cuestionada directiva sobre la inmigración, debido más que nada a las profundas diferencias que existían entre algunos de los países miembros y al áspero debate que se ha suscitado dentro del Parlamento Europeo, que deberán decidir antes de junio si le dan el visto bueno a esta propuesta. Pero la crisis económica apremia y las presiones de los “duros” –Francia, Italia y Alemania– hicieron posible que, después de tres años de debate, la nueva reglamentación pasara por el trámite más difícil: su aprobación en el Consejo de la UE. Ahora le espera el paso por el Parlamento, donde liberales, una parte de los socialistas y la izquierda más radical se oponen, mientras que la derecha y los partidos socialdemócratas en el poder, como el caso del PSOE español, están a favor de su aprobación. Ayer, fuentes de ambos bandos coincidían en que la polémica normativa pasará finalmente por la Eurocámara sin inconvenientes. Luego les tocará a los ministros del Interior de los países miembros ponerla en vigor.

Mientras Bruselas daba vía libre a la nueva directiva, Italia y España se enfrascaban ayer en el enésimo episodio de disputa diplomática acerca de esta espinosa cuestión. El secretario de Estado español para la Unión Europea, Diego López Garrido, le reprochó ayer en Madrid a su homólogo italiano, Andrea Ronchi, la decisión de Roma de convertir en delito la inmigración ilegal, ya que entiende que esta medida “desproporcionada” puede “contribuir a desviar los flujos inmigratorios” hacia los países vecinos. Es decir: no preocupa la inmoralidad de las medidas, sino que esas medidas terminen mandando a los inmigrantes hacia otro lado.

En una reunión mantenida en el Ministerio de Asuntos Exteriores, López Garrido se mostró también preocupado por la decisión italiana de limitar el Tratado de Schengen, que permite la libre circulación de los ciudadanos europeos por el territorio de la Unión, una medida que Italia quiere tomar para expulsar a los gitanos de origen rumano y búlgaro, ciudadanos europeos de pleno derecho desde que ambos países ingresaron en la UE y que de otro modo no podrían ser expulsados.