Los vecinos de Caballito ganaron al fin la batalla contra la construcción indiscriminada de torres, después de pelear durante casi dos años. Ayer, la Legislatura porteña convirtió en ley el proyecto que limita la altura para las nuevas construcciones en un polígono que comprende unas cincuenta manzanas, en el sector norte de ese barrio. Allí no se podrán construir edificios de más de tres o cuatro pisos, según las zonas, y de hasta ocho pisos sobre dos avenidas. La construcción de torres podrá continuar en el resto de la ciudad, al menos hasta que se sancione el Plan Urbano Ambiental y el Código de Planeamiento Urbano, trámites que no concluirían antes de fines de 2009, según fuentes legislativas.

La sanción de la norma reclamada por los vecinos desde mediados de 2006 cobró un fuerte impulso en los últimos días; el 9 de mayo se llevó a cabo la audiencia pública, un requisito para todas las leyes que modifican el Código de Planeamiento. La ley había sido aprobada en primera lectura en noviembre de 2007. El proyecto aprobado ayer había recibido hace dos semanas el apoyo de los legisladores de la Comisión de Planeamiento.

“La ley obedece a la necesidad de proteger la identidad morfológica del barrio, con mayoría de casas bajas, que se estaba perdiendo por la construcción de torres”, dijo a Página/12 la diputada Silvina Pedreira (Frente para la Victoria), presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura. “Además –enfatizó–, estas construcciones estaban colapsando la red de servicios públicos.” De toda maneras, la legisladora admitió que la norma “no es más que un parche, como todo lo que se sanciona antes de que se trate el nuevo Código de Planeamiento”.

El proyecto aprobado ayer es producto del consenso de varias iniciativas, a partir de la presentada por la diputada Teresa de Anchorena (Coalición Cívica), con el aporte de proyectos de Juan Manuel Olmos, Sebastián Gramajo (kirchneristas) y Beatriz Baltroc.

De acuerdo con la iniciativa, en el polígono que se encuentra detrás del Hospital Durand (delimitado por las avenidas Díaz Vélez y Acoyte y las calles Aranguren y Acevedo) se baja de los 36 metros autorizados actualmente a unos 12 metros, un 65 por ciento menos. En la zona cercana a Plaza Irlanda (delimitada por Seguí, Luis Viale, Avenida San Martín, Martín de Gainza, Planes, Oroño, Vallese y Biedma) la altura máxima permitida baja de 30 metros a 13,5, poco más del 50 por ciento. Lo mismo rige para el sector delimitado por Honorio Pueyrredón, Aranguren y Rojas, hasta el Cid Campeador.

En las avenidas Gaona, entre San Martín y Seguí, y San Martín, entre Beláustegui y Gainza, se podrá construir hasta 24 metros de altura (ocho pisos).

Junto a este proyecto, fue tratada una iniciativa de la diputada kirchnerista Silvia La Ruffa, que limita a 12 metros la altura de las futuras construcciones en un sector de Caballito Sur: el delimitado por las avenidas Rivadavia y Juan Bautista Alberdi, y las calles Puán y Hortiguera. Allí, donde la mayoría de las viviendas fueron construidas entre 1920 y 1950, la altura permitida hasta ayer era de 30 metros.

El reclamo de los vecinos de Caballito comenzó el 2 de junio de 2006, cuando protagonizaron una marcha contra la construcción de un edificio en la calle Cucha Cucha 958. “En un barrio de casas bajas, querían construir un edificio de diez pisos. Pero en lugar de declararla como obra nueva, la inscribieron como modificación parcial y ampliación, una trampa para poder construir en el pulmón de manzana”, recordó ante Página/12 Mario Oybin, vocero de la organización vecinal SOS Caballito.

Desde entonces, la obra está paralizada, pero el litigio no terminó. Sin embargo, dio pie al reclamo de los vecinos que veían cómo la proliferación de la construcción en altura en el barrio estaba provocando una crisis en la provisión de los servicios públicos, en especial del agua corriente y las cloacas.

El reclamo se extendió a otras áreas de la ciudad y en noviembre de 2006 el gobierno de Jorge Telerman decretó una veda de nuevas construcciones en seis barrios porteños, incluido Caballito. Posteriormente levantó esa restricción pero exigió como requisito antes de autorizar una nueva obra, un informe de aptitud de las empresas de servicios públicos.

El Ejecutivo delegó la solución del problema en la Legislatura donde hace más de un año se trabaja en un proyecto de Plan Urbano Ambiental. “Nuestro objetivo es sacar un dictamen para poder convertirlo en ley este año”, dijo la diputada Pedreira a Página/12. De todos modos, el Plan Urbano Ambiental es una ley marco, en la que se define a grandes trazos cuál es el perfil de ciudad que aspiran a tener los porteños. “El tema de las alturas en cada barrio deberá ser definido por el Código de Planeamiento Urbano, que comenzará a tratarse después”, agregó la legisladora.

Ahora, los vecinos de Caballito corren con ventaja respecto de los demás: lograron una ley que podrá ser un “parche”, según definen algunos legisladores, pero ya le puso un límite al hormigón armado.