La nueva ley europea contra los inmigrantes sin papeles sigue sumando reacciones de repudio. Las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) se sumaron a la masiva ola de rechazos de los gobiernos latinoamericanos. Por iniciativa del presidente boliviano, Evo Morales, los países del Mercosur podrían consensuar una respuesta común en diez días, en la próxima cumbre del bloque, en Tucumán.

Si bien el tema no forma parte de la agenda, los gobiernos de Bolivia y Paraguay anunciaron que elevarán el asunto a los demás miembros del Mercosur. “Vamos a emprender una campaña internacional para que pueda revertirse, que los parlamentarios europeos que aprobaron esa Directiva de Retorno se pongan la mano al pecho”, señaló ayer Morales, e hizo extensiva su invitación a las naciones africanas. Según un comunicado difundido por el gobierno de La Paz, la Directiva Retorno afectaría a unos 210 mil bolivianos que viven en España. Ese número representa el 70 por ciento de la comunidad boliviana en el país ibérico.

En un comunicado difundido ayer, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, lamentó que se haya aprobado otra medida contra los inmigrantes ilegales y felicitó a los eurodiputados que votaron contra la ley. “Es una paradoja que mientras se negocian acuerdos importantes en materia comercial y se habla de alianzas estratégicas, se adoptan de manera unilateral medidas como la internación prolongada, que tratan como delincuentes a los inmigrantes ilegales, sin siquiera discutir ni negociar el tema con los gobiernos latinoamericanos”, se lee en el texto. Para el funcionario, el flujo migratorio hacia Europa continuará mientras existan fuentes de trabajo que no existen en los países de origen de los migrantes.

El rechazo a la nueva ley antiinmigratoria trascendió las fronteras latinoamericanas. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, urgió a los parlamentarios y a la opinión pública europeos a comprender la necesidad de protección de las garantías fundamentales de esas personas. “Sus vidas se ven amenazadas por la extrema pobreza, el hambre, la enfermedad y las epidemias, tienen derecho a tratar de escapar de esa situación y se les debe dar una protección”, sostuvo en un comunicado.