La Corte Suprema de Brasil dio vía libre al fiscal general para que investigue a más de 50 políticos sospechados de estar vinculados con la red de corrupción en la estatal Petrobras. La lista de personas a investigar incluye a los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, por un presunto desvío millonario de fondos del gigante petrolero. En la lista figuran también la ex jefa de Gabinete de la presidenta Dilma Rousseff, Gleisi Hoffmann; su ex ministro de Energía Edison Lobao; Antonio Palocci, ex ministro de Finanzas en la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, y el ex presidente Fernando Collor de Mello.

La nómina fue divulgada en la noche del viernes por el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki, relator del caso que sacude al gobierno Rousseff. La lista incluye, en total, a 54 políticos –22 diputados federales, de un total de 513, y 12 senadores sobre 81– que serán investigados a pedido del procurados general de la República, Rodrigo Janot, quien pretende determinar si tuvieron participación en los millonarios desvíos de fondos llevados a cabo en la principal empresa pública de Brasil. A la par de la decisión del STF de habilitar la investigación, se conoció la decisión de la fiscalía brasileña de solicitar a la Justicia que se investiguen las actividades que Palocci realizó en 2010, cuando recaudaba recursos para financiar la campaña electoral de Rousseff. Janot pidió la apertura de esa investigación, y el juez federal Sergio Moro deberá decidir ahora si se abre o no un proceso. La presidenta llegó a ser mencionada en declaraciones realizadas a la policía en el marco de las investigaciones sobre la red ilegal de Petrobras, pero no será investigada a instancias del cargo que ocupa.

El oficialista Partido de los Trabajadores (PT) divulgó ayer un comunicado en el que defendió la continuidad de las investigaciones y aseguró que, en caso de que se comprueben los delitos que se adjudican a sus militantes, éstos recibirán las sanciones previstas en el estatuto del partido. “Reafirmamos apoyo integral al proseguimiento de las investigaciones que se realizan en el ámbito de la operación policial de forma completa y rigurosa, sin favoritismos o parcialidad, en los marcos del Estado Democrático de Derecho”, expresó la agrupación izquierdista, que tiene siete integrantes investigados. Una de ellas, la ex ministra Hoffmann, expresó estar triste y tranquila tras conocer el contenido de la lista. “La investigación es una oportunidad para aclarar los hechos y una forma de acabar con los juicios anticipados”, dijo. Su correligionario Humberto Costa aseguró desconocer qué denuncias lo vincularon con Petrobras. “Estoy sorprendido e indignado por la noticia y de que mi nombre figurara en el listado”, afirmó.

Cunha y Calheiros rechazaron los cargos y aseguraron que la imputación forma parte de un acuerdo entre la fiscalía y el gobierno federal para poder inculpar al opositor Antonio Anastasia. Cunha publicó ayer un comunicado titulado “Quien no debe, no teme”, en el que plantea que el gobierno de Rousseff interfirió ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que figuraran en la nómina él y Anastasia, ex gobernador del estado de Minas Gerais y único integrante del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) que será investigado por el caso. Por su parte, Calheiros afirmó que dará todas las explicaciones y prestará todas las informaciones que la Justicia desee. “Mis relaciones con el poder público nunca sobrepasarán los límites institucionales”, dijo Renan mediante un comunicado.

Los denunciados pertenecen a seis partidos políticos, entre ellos el PT y su principal aliado, el centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), al cual pertenecen Calheiros, Cunha y la ex gobernadora del estado de Maranhao Roseana Sarney –hija del ex presidente brasileño José Sarney,– quien ayer calificó como injusta la acusación en su contra. Entre los políticos del PT que integran la nómina están Hoffmann, Palocci –quien dejó el cargo por otro escándalo de corrupción–, los senadores Costa y Lindbergh Farias, los diputados José Mentor y Vander Loubet y el ex diputado Cándido Vaccarezza.

El pedido de investigación se basa en denuncias hechas por el ex director de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa –quien accedió al cargo a instancias del PP– y del cambista Alberto Yousseff, arrestados hace un año en el marco de una investigación de la Policía Federal sobre evasión de impuestos y lavado de dinero. Costa y Yousseff firmaron acuerdos de delación premiados como forma de conseguir reducción en sus respectivas penas, a cambio de suministrar detalles sobre la red de corrupción que desvió entre 2004 y 2012 unos 3700 millones de dólares de la estatal. El dinero, según las denuncias, fue usado para pagar sobornos a funcionarios y financiar partidos políticos. Los fraudes se realizaron en complicidad con los directores y altos ejecutivos de las principales constructoras del país, que actuaron como un cartel para ganar las licitaciones y firmar contratos sobrefacturados.

El líder de la oposición socialdemócrata, Aécio Neves, derrotado por Rousseff en las presidenciales de pasado octubre, amenazó con pedir un juicio político contra la presidenta si la investigación pone de manifiesto su directa responsabilidad. En tanto, para el domingo 15 de este mes fue convocada en las principales ciudades de Brasil una marcha nacional para pedir el juicio político a Dilma. Lula criticó duramente la iniciativa y anunció otra manifestación para el viernes 13, que contará con el apoyo de numerosos movimientos sociales. En este sentido, la presidenta reiteró que la Justicia hará todo lo posible para llegar a los culpables y que pagarán por eso.