La “Minera Escondida” chilena pasó a estar bien a la vista. Los trabajadores de una de las mayores productoras de cobre en el mundo, controlada por la angloaustraliana BHP Billiton, están en huelga desde el 7 de agosto en demanda de un aumento de salario y mejores condiciones laborales. El mercado internacional del “oro rojo” observa con atención el desarrollo del conflicto en la Escondida, situada en el norte de Chile y que aporta el 20 por ciento de la producción chilena y el 8 por ciento de la producción mundial. Mientras el gobierno de Michelle Bachelet intenta no involucrarse alegando que es “un asunto entre privados”, el conflicto le interesa más de lo que quiere admitir.

El cobre es el recurso natural más importante de Chile. El país ocupa el primer puesto como productor de ese metal a nivel mundial, al contar con casi el 40 por ciento de las reservas conocidas del planeta. La escalada de ingresos chilenos en los últimos años por la exportación de ese producto se debe fundamentalmente a que la fuerte demanda de China, Japón y Estados Unidos hizo que el precio internacional del cobre se disparara. Esto provocó una fuerte alza en las utilidades de las empresas mineras, llevando a los trabajadores a reclamar aumentos de sueldo.

El conflicto de la Escondida se veía venir. Después de meses de negociaciones de un nuevo contrato colectivo, y ante lo que los trabajadores definieron como una ausencia de respuestas satisfactorias, se inició la huelga hace dos semanas con un bloqueo de ruta y una marcha en Antofagasta, 1200 kilómetros al norte de Santiago. Los trabajadores reclaman un aumento salarial de 13 por ciento para terminar con la huelga. Por su parte, la Compañía Minera Escondida ofreció al iniciarse la huelga un aumento de 3 por ciento.

La compañía minera puso el grito en el cielo por la huelga, ya que cada día de paro le representa una pérdida de 15 millones de dólares. Sin embargo hay algo que los ejecutivos no dicen: la empresa también se vio beneficiada por el alza del precio internacional del metal, que en los primeros días de paro aumentó en un 1,6 por ciento. Además, la empresa no paralizó del todo sus actividades, sino que siguió operando con trabajadores de reemplazo, manteniendo la producción en un 50 por ciento. Esto provocó la indignación de los huelguistas. “Lo que nos sucede es una burla. Mientras estamos en huelga, la mina continúa trabajando sin problemas”, explicó Pedro Marín, vocero del gremio.

La situación en la mina se fue calentando esta semana, hasta llegar a enfrentamientos de los trabajadores con Carabineros el jueves por la noche. Esto provocó que la empresa minera suspendiera las negociaciones con el sindicato, y el gobierno chileno tuvo que acudir a mediar entre las partes, a pesar que hasta el momento había indicado que el conflicto era un “asunto entre privados”. La solución del conflicto parece lejana porque tanto los trabajadores como la empresa están firmes en su postura de ceder lo menos posible. “El escalamiento del conflicto va a hacer perder a las dos partes”, afirmó el especialista Lima en diálogo telefónico con Página/12. “Las partes deberían recordar el dicho de que un mal arreglo es mejor que un buen juicio”.

Lo cierto es que, si bien aparenta no estar involucrado, al gobierno de Bachelet le interesa el conflicto porque la resolución del mismo marcará el piso salarial que podrían tomar de base los trabajadores de la empresa estatal Corporación Nacional del Cobre (Codelco), la más grande del país.

Otro dato interesante es que cada día de huelga representa tanto pérdidas como ganancias para el Estado chileno. “Una parte de los recursos del cobre revierten al aparato del Estado en forma de impuestos”, explicó Marcos Lima, Director del Programa de Investigación en Economía de Minerales de la Universidad Católica de Chile. Pero también se ve beneficiado por el aumento del precio internacional, e incluso podríaconvenirle la extensión del conflicto, ya que significaría mayores ganancias para la estatal Codelco.

Lo que seguro no quiere Bachelet, después de las violentas marchas estudiantiles de junio pasado, es que otro conflicto social ponga a prueba su liderazgo.

Informe: Virginia Scardamaglia.