Desde Bogotá

La que sería la segunda etapa de la política de seguridad democrática del presidente de Colombia, Alvaro Uribe, tiene al país conmocionado y al mundo con la mirada en él. Esta semana casi dos centenares de guerrilleros fueron sacados de la cárcel, entre ellos Rodrigo Granda, el más importante insurgente preso en el país. El tema llegó hasta la cumbre del G8, que en su resumen general del encuentro dedicaron dos párrafos a Colombia para pedirle a la guerrilla de las FARC avanzar en la consecución del acuerdo humanitario. Los mandatarios más importantes del mundo celebraron la excarcelación de guerrilleros y las decisiones del presidente colombiano, pero en el país la sensación es bien distinta. Hay un manto de duda sobre lo acontecido en los últimos días y la incertidumbre de los familiares de secuestrados es ahora mayor. Muchos sectores se preguntan por qué Uribe aceptó el pedido de su homólogo francés, Nicolás Sarkozy, de liberar a Granda, y por qué la excarcelación masiva de guerrilleros no respondió a un diálogo sino a una decisión suya que le permite tomar la ley de orden público.

Ya había dicho Uribe que tenía un importante mensaje para dar el siete de junio, pero debió adelantar las explicaciones ante la presión de los medios por saber qué era lo que estaba pasando por la cabeza del presidente de “mano dura” con la guerrilla, como se vendió en su campaña electoral, ahora que mostraba un corazón grande con sus enemigos. No hay que olvidar que su padre fue asesinado, dentro de su finca, por manos de guerrilleros, y esa ha sido una de las razones por las que algunos sectores lo señalan como promotor del paramilitarismo. La dudosa bondad del presidente, que explicó la excarcelación de guerrilleros como un “gesto humanitario” y la liberación de Granda como la respuesta a un pedido de Francia, tuvo su recompensa al finalizar esta semana. Uribe logró, por ahora, trasladar la presión de la comunidad internacional por la liberación de los secuestrados, y en especial de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, a las FARC.

El grupo ilegal ha permanecido en silencio desde hace una semana, cuando publicó un comunicado calificando el anuncio de Uribe de reincorporar subversivos presos a la vida civil como “un engaño”. A los ex compañeros de lucha, las FARC los señaló de “traidores”, pues aceptaron la propuesta del presidente de renunciar al grupo para poder salir libres. Hoy, un grupo de 180 está en un centro vacacional en Chicoral, en el departamento de Tolima, después de haber pasado el fin de semana último en la cárcel Normandía de Chiquinquirá, y firmar el martes 5 de junio, con el comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, un acuerdo para no volver a delinquir. El viernes otros 150 guerrilleros, según reveló la revista Semana, le habría pedido al presidente a través de una carta que les otorgara los mismo beneficios a cambio de renunciar a la causa revolucionaria. Por eso, la gestión de Uribe en los últimos días también ha sido calificada como una estrategia para dividir el grupo armado. O bien como un show para desviar la atención del escándalo de la “parapolítica” y los delitos que siguen cometiendo los desmovilizados paramilitares.

Por eso no todos ven con buenos ojos que delincuentes buscados por tantos años por la Justicia y que les han hecho tanto daño a los colombianos, estén de nuevo en las calles por una decisión del Poder Ejecutivo. En las montañas de Colombia hay 56 secuestrados que las FARC han calificado de “canjeables” en caso de lograr acordar un intercambio. Son policías, militares, políticos y tres estadounidenses, algunos de los cuales llevan más de 10 años sin libertad. Pero se calcula entre dos y tres mil el número de cautivos “ordinarios” que la guerrilla mantiene secuestrados y se niega a liberar, sin una negociación que incluye el despeje de los municipios de Pradera y Florida, en el sur del país, área de fuerte influencia guerrillera. Ahí sí Uribe a mostrado su “mano dura” negándose a retirar las tropas militares del lugar. Su argumento es que el Estado debe ejercer el poder en cada rincón del país, pero con las actuaciones recientes Human Rights Watch ha señalado que Uribe debilitó el estado de derecho.

El observatorio emitió una carta el miércoles último donde expresa que la decisión de Uribe consigue promover la cultura de la impunidad y el encubrimiento, y no valora el trabajo de las instituciones judiciales por perseguir y atrapar los delincuentes guerrilleros y parapolíticos, pues la medida de excarcelación, según propuso Uribe, también podría extenderse a los congresistas y funcionarios públicos encarcelados por vínculos con paras. Por eso Human afirma también que “tras décadas de impunidad, las cortes colombianas están finalmente comenzado a esclarecer la colaboración entre políticos y grupos paramilitares. Pero ahora, en un acto orwelliano, el presidente Uribe alega que en aras de la verdad los políticos acusados deben ser liberados”.