El escenario de conflictos de Cochabamba se reprodujo ayer en la Asamblea Constituyente, que sesiona en Sucre. En medio de discursos acalorados en los que los oficialistas y opositores se acusaban mutuamente de ser responsable de los hechos, dos mujeres constituyentes se retaron a pelear y tuvieron que intervenir todos los asambleístas para evitar que cumplan con su objetivo. En cinco meses de funcionamiento la Asamblea no ha logrado concluir con el tratamiento de su reglamento interno y sigue sobre la mesa de discusiones la forma en que se votará el nuevo texto constitucional boliviano. Para colmo, a Morales ya no le es tan fácil controlar a sus asambleístas, que son el 55 por ciento del total de los miembros de la Constituyente. Al presidente boliviano se le complicó la situación desde que aseguró que los cambios trascendentales del país ya no están en manos de la Constituyente, sino de su gobierno y de los movimientos sociales. Debido a las críticas de sus correligionarios, se vio obligado a pasar la comisión de ética de su partido a Raúl Prada. Para tratar de calmar las aguas, el vicepresidente, Alvaro García Linera, salió a ofrecer que los artículos de la nueva Constitución se aprueben por dos tercios hasta el 2 de julio y que luego se utilice la mayoría absoluta del MAS para lo que reste por consensuar. Fueron los mismos masistas los encargados de recordarle al vicepresidente que esa propuesta está sobre la mesa desde el 20 de diciembre pasado y que ya fue rechazada por la oposición. Ese mismo día, Román Loayza habló de la posibilidad de disolver la Asamblea, una idea que está en la mente de todos.