Avejentada, envuelta en un elegante abrigo de piel negro que la protegía de la fría jornada madrileña y rodeada de un pequeño grupo de allegados que le evitó la humillación de ser esposada y escoltada por los agentes que procedieron a detenerla. Así fue llevada ayer por la policía española Isabel Martínez de Perón para ponerla a disposición de la Audiencia Nacional. Por el momento, la mujer no quedará presa. El juez español Juan del Olmo le concedió la libertad condicional y le impuso la obligación de presentarse cada quince días ante el tribunal mientras dure el proceso de extradición. La detención de la viuda de Perón había sido solicitada por el juez de San Rafael, Mendoza, Raúl Acosta, quien la responsabiliza por la desaparición de dos personas durante su gobierno.

La ex presidenta residía en un discreto barrio de las afueras de la capital española desde que en diciembre de 1989 había vendido la mítica finca 17 de Octubre en la residencia de Puerta de Hierro, entregándole gran parte de los cuatro millones de dólares recaudados a las hermanas y herederas de Evita, tal y como se lo obligó en su momento la Justicia.

La orden de detención contra Isabel, al contrario de lo que sucedió hace dos semanas con la librada con el ex comisario y jefe de la triple A Rodolfo Almirón, llegó con más rapidez de lo esperado a Madrid, luego de que por la tarde la central internacional de Interpol con sede en Francia se la girara a sus pares españoles. La policía española estaba advertida desde ayer por la mañana de que la Justicia argentina había librado la orden de captura contra la ex presidenta, gracias también a la enorme repercusión que tuvo la noticia en la prensa local.

Isabelita llegó a la sede de la Audiencia Nacional a primeras horas de la noche y fue sometida a un examen por parte de un médico forense para determinar si se halla en condiciones de declarar ante la Justicia. Según afirmaron los agentes que participaron en la detención, la viuda de Perón se entregó voluntariamente apenas la policía tocó a su puerta. A través de su abogado había hecho conocer el día anterior su disposición a presentarse ante la Justicia si finalmente se libraba la orden de detención en su contra.

De acuerdo al procedimiento habitual, será el juez Del Olmo, de la Audiencia Nacional –el mismo que lleva la mega causa por el atentado del 11 de marzo de 2004 en los trenes de Madrid– quien decida en primera instancia si la ex presidenta debe ser extraditada. El magistrado le otorgó la libertad provisional en base a un pedido de la fiscalía, que tuvo en cuenta la edad y el estado de salud de la mujer. Algunas versiones apuntan a que sus crónicas taquicardias se han agravado, a la vez que son frecuentes sus enfermedades de origen nervioso. A partir de 1987, sostienen las mismas fuentes, cuando fueron robadas las manos del general Perón al profanarse su tumba, empeoraron los síntomas de la enfermedad de Graves-Besedow, una especie de hipertiroidismo, que la ex presidenta padece. “Es una persona muy notoria y de edad avanzada, no creemos que intente la fuga”, afirmaron en la Fiscalía agregando otro argumento para no mantener en prisión a la viuda de Perón.

El arresto de Isabelita fue ordenado por el juez federal de San Rafael Raúl Héctor Acosta. Este magistrado no la acusa por crímenes cometidos por la Triple A –hechos que investiga el juez Norberto Oyarbide– sino por el secuestro y la desaparición de dos personas por parte de las Fuerzas Armadas y de seguridad durante su presidencia. Acosta le atribuye a la mujer responsabilidad por los decretos en los que se ordenaba a los militares “aniquilar el accionar de la subversión”.

Ahora Isabel regresará a su domicilio y comenzará el trámite enmarcado en el convenio de extradición simplificada suscripto entre Argentina y España, que establece un plazo no superior a 40 días en los que la interesada puede presentar recursos o alegaciones para que la medida no se concrete. En ese lapso, el juez argentino deberá enviar los fundamentos de su pedido. Luego, el magistrado español decidirá si la mujer debe o no ser enviada a la Argentina, medida que puede ser apelada. El trámite también deberá sortear una instancia política: el gobierno de España, en consejo de ministros, tiene que dar su visto bueno. El abogado Carlos Slepoy, impulsor del juicio contra los represores argentinos en España, celebró la detención pero advirtió que el hecho de que la ex presidenta tenga doble nacionalidad (argentina y española) podría complicar el proceso.

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La noticia ha provocado un gran revuelo en España, donde la detención fue registrada por diversas televisoras y transmitida a todo país en los noticieros centrales de la noche. La prensa local hacía hincapié ayer en la notoriedad de la ex presidenta, en su vinculación al terrorismo de Estado a través de la fundación de la Triple A durante su gobierno y a la curiosa carrera de la bailarina con formación básica que llegó a transformarse, por efecto de ese incomprensible fenómeno que es el peronismo para los españoles, en la primera mujer en América latina en ocupar la primera magistratura.

Según comentan sus vecinos, la ex presidenta argentina vive recluida en su casa, de la que se ausenta en raras ocasiones o en los meses de verano donde se traslada a la aristocrática villa de Marbella a orillas del Mediterráneo.

Hasta hace algunos años todavía participaba activamente en obras de caridad y hasta se la podía ver, en tiempos del gobierno de Carlos Menem, en algunas recepciones en la embajada argentina en Madrid. En alguna de esas reuniones Isabelita manifestó que está preparando un libro con sus memorias, que en su opinión causarán más de un huracán político. “Todavía hay gente que me tiene mucho miedo”, se ufanaba ante su reducido grupo de amigos en más de una ocasión.

Sus amistades en España son también pocas y misteriosas. Aparte de unos pocos argentinos que tienen relación con ella por motivos más familiares que políticos, Isabelita no ha perdido sus vínculos con la familia del ex dictador Francisco Franco. De hecho fue la fallecida Pilar Franco la encargada de traerla a Madrid luego de que los militares argentinos la liberaran en 1981, después de haberla tenido cinco años detenida acusada de malversación de fondos.