¿Debe el Estado recompensar a sus policías o agentes de inteligencia a cambio de datos que permitan capturar a represores prófugos? ¿Y a un criminal procesado por delitos de lesa humanidad que goza de arresto domiciliario? ¿Se debe premiar mañana a quien hoy encubre a un genocida? ¿Sólo por plata alguien denunciaría a ese vecino o pariente oscuro si el Estado difundiera su prontuario y su foto arriba del legendario Wanted?

Las preguntas debieron obtener respuesta en el Congreso, pero apenas llegaron a esbozarse. El miércoles, 44 senadores del Frente para la Victoria convirtieron en ley el proyecto del Poder Ejecutivo que crea un Fondo de Recompensas que “incentive” el aporte de información “determinante” para encontrar a los 53 represores con pedido de captura por crímenes cometidos durante la dictadura. La iniciativa, que Diputados había aprobado por 113 votos a favor y 49 en contra, asigna un presupuesto de dos millones de pesos a la Unidad Especial del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos encargada de la búsqueda, y cinco millones al Fondo de Recompensas del que podrían beneficiarse agentes del Estado para cumplir la obligación por la que hoy cobran un sueldo. Sólo resta la promulgación presidencial. Para hacer público el debate que no fue, Página/12 entrevistó a una diputada que votó a favor, otra que votó en contra y un tercero que argumentó su “apoyo sin entusiasmo”.

Premiar sólo la virtud

“No creo que el fin justifique los medios. No se debe mercantilizar la obligación de cada ciudadano de colaborar con la Justicia”, sostiene Norma Morandini, del bloque Memoria y Democracia. “Los organismos de derechos humanos lograron con coraje y sin recursos que una sociedad que muchas veces les dio la espalda se apropiara de la búsqueda de la verdad. ¿Por qué justo ahora, cuando existe una política de Estado para condenar los crímenes de lesa humanidad, ese mismo Estado apela a una recompensa para los cómplices o testigos y no al premio al reconocimiento social para quienes puedan aportar información?”, se pregunta la cordobesa, hermana de dos desaparecidos.

Morandini celebra la creación de la Unidad Especial, pero afirma que “no es en base a la recompensa monetaria que se debe instruir a los agentes del Estado encargados de buscar” a los prófugos. “Demasiados ejemplos prueban que la mano de obra no está desocupada y que existe una vinculación entre el pasado de terror y el presente de las fuerzas de seguridad. Introducir un elemento culturalmente espurio como el dinero distorsionará una acción que debe ser una virtud, un mérito, un favor, y no un oportunismo. Una de las peores herencias de la dictadura es la cultura de plantar pruebas, mentir, tener espías del Estado que difaman. Esa cultura debemos erradicarla, no premiarla con dinero”, argumenta.

Romper el muro de silencio

Diana Conti, del Frente para la Victoria, considera que “la recompensa es una herramienta válida en esta coyuntura, con miembros de Fuerzas Armadas o de seguridad presos o con arresto domiciliario. El sistema que existe para otros delitos los excluye. Pero en el caso del terrorismo de Estado, por la calaña de quienes participaron, creemos que tal vez a cambio de dinero aporten datos. Es para romper el muro de silencio”.

–¿Qué tan activa es hoy la búsqueda de represores prófugos?

–Se usa el mismo sistema que con cualquier prófugo. Las fuerzas de seguridad controlan las fronteras y un montón de lugares. Cuando se revisan los documentos salta el pedido de captura. Pero si la búsqueda tradicional no alcanza, a lo mejor con dinero alguno hable.

–¿Se analizó algún otro tipo de incentivo?

–Hay otros instrumentos que me parece bien que no se usen, por ejemplo la disminución de la pena a un arrepentido. Entre rebajar una pena y dar dinero se optó por lo segundo, aun sabiendo que el dato lo puede dar un delincuente de lesa humanidad o sus cómplices, ya que muchos protegen a sus compañeros de ruta, como pasó con Patti. (El ex comisario Luis Patti deberá afrontar un juicio por encubrir a los coroneles Jorge Granada y Luis Arias Duval mientras estaban prófugos de la Justicia.)

Conti considera que “cuando se quiere avanzar penalmente hay muchos estímulos o pruebas de una eticidad cuestionable. Países que sufrieron graves violaciones a los derechos humanos crearon comisiones de paz que canjearon información por impunidad. Eso es mucho menos ético que ofrecer dinero para encontrar a un prófugo. Cada sociedad consigue verdad y justicia con los instrumentos constitucionales que tiene. Es mejor tener una ley y no que se utilice el dinero como lo hizo (el ex juez Juan José) Galeano en la causa AMIA”. (Galeano fue procesado, entre otras irregularidades, por entregar dinero de la SIDE al imputado Carlos Telleldín a cambio de declarar contra un grupo de policías.)

La brecha entre
teoría y práctica

Legislador de SI (ex ARI Autónomo) con una larga trayectoria académica en materia de criminología, Emilio García Méndez fue el único de los 113 diputados que argumentó durante la sesión su voto a favor del proyecto. “Debemos optar entre bienes jurídicos protegidos, y en este caso la persecución, detención y juzgamiento de autores de delitos de lesa humanidad aparece como un bien jurídico superior”, explicó. Para graficar su postura eligió “una cita del periodista brasileño Nelson Rodríguez: ‘Hay gente que por plata hasta es capaz de una buena acción’. Creo que esto justifica la existencia de este fondo premial”.

–¿Por qué aclaró que lo votaba “sin entusiasmo”?

–Porque si bien no quería negarme a otorgar esa herramienta, sabemos que quienes tienen información sobre el paradero de estos sujetos son miserables como ellos. Y porque así como no desconozco que el Gobierno tiene políticas de derechos humanos, no tiene una política procesal y operativa de derechos humanos. No hay ninguna correspondencia entre los planteos del Gobierno en esa materia y la operatividad de sus cuerpos de seguridad, que funcionan como planetas con órbitas propias.

García Méndez apunta que “organismos muy serios de derechos humanos han entregado a fiscales información determinante para capturar represores” y se pregunta: “¿Cómo es posible que sean los organismos y no los cuerpos de seguridad? No quiero que esto venga a lavar trapos sucios de falta de operatividad. Si las agencias de seguridad funcionaran en base a una política operativa de derechos humanos tan seria como la declarativa, no habría más de cuatro o cinco prófugos”.