Si algo faltaba para aunar todavía más a la oposición era que un fiscal imputara a dirigentes de distintos espacios políticos por participar de un corte de ruta en apoyo a las entidades rurales. Ayer, referentes de la Coalición Cívica, el radicalismo y el macrismo responsabilizaron al Gobierno por la medida que tomó el fiscal de San Nicolás, Juan Murray, mientras que desde el oficialismo intentaron desvincularse. “Qué tiene que ver el Gobierno si son acciones judiciales”, sostuvo el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, quién subrayó la diferencia entre la detención de los ocho productores rurales por la quema de pastizales y las imputaciones.

La presidenta de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, fue la que criticó más duramente al kirchnerismo. Sostuvo que “éste es el plan de venganza de Néstor Kirchner, que incluye represión contra los productores y la oposición que los respaldó desde el primer momento”. Para Carrió el oficialismo intenta “instalar el miedo”, pero lo “único que hace es alejar a una sociedad que mayoritariamente quiere la paz”. Además, la ex diputada aseguró que la detención de ruralistas de San Pedro por parte de la Prefectura –quienes ya fueron liberados– “fue sin orden judicial y digitada desde el poder central”.

Fernández se encargó de responder los dichos de Carrió. El ministro apuntó contra una de las dirigentes que más participó a favor del campo y aseguró que “éste no es el plan de venganza de Kirchner, es el plan de especulación y sacar ventaja de esta señora”. “Es una apocalíptica fenomenal a la que le encanta hacer definiciones estrambóticas para que muevan la conciencia de la sociedad, cosa que gracias a Dios no ha conseguido nunca”, retrucó el ministro, quien consideró que la líder de la CC siempre “hace lo mismo”.

Una de las imputadas, la titular de la CC bonaerense, Margarita Stolbizer, fue un poco más mesurada en sus palabras, pero también culpó al Gobierno por las medidas y lamentó el “disciplinamiento obsecuente” de la Justicia. En la misma línea que Carrió, denunció “la estrategia de intimidación y amedrentamiento para que la gente disminuya el apoyo” a los reclamos del sector. “Hoy cualquier ciudadano que quiere recurrir a la Justicia en defensa de sus derechos no encuentra tal celeridad de atención”, aseguró la ex candidata a gobernadora bonaerense.

Stolbizer deberá presentarse a declarar el próximo jueves en San Nicolás para dar explicaciones sobre su presencia en el corte de la autopista Buenos Aires-Rosario el 19 de marzo pasado, una semana después del anuncio de la aplicación de las retenciones móviles. Por ese mismo hecho también fue imputado el intendente de San Pedro, el radical K Mario Barbieri; la ex diputada menemista María del Carmen Alarcón y, entre otros, los presidentes de Federación Agraria, Eduardo Buzzi; y de Confederaciones Rurales, Mario Llambías.

El caso de Barbieri generó el rechazo absoluto de los intendentes radicales K, que si hasta ahora tenían dudas sobre su participación en la Concertación Plural que impulsa el Gobierno, las terminaron de definir con este conflicto. Desde el radicalismo opositor aprovecharon para solidarizarse con los imputados. El presidente del partido, el senador jujeño Gerardo Morales, cuestionó la rapidez con la que se llevó a cabo la acción judicial. “Los jueces y fiscales más bien debieran ocuparse con la misma diligencia de los funcionarios que incumplen sus obligaciones, antes de perseguir opositores, dirigentes rurales o políticos que piensan diferente al gobierno nacional”, criticó Morales, quien recordó que los funcionarios nacionales “coleccionan denuncias penales sobre corrupción, sobreprecios, incumplimiento de deberes, entre otros delitos que los juzgados no tramitan.”

El PRO, liderado en la provincia de Buenos Aires por el primo de Mauricio Macri, Jorge Macri, también se sumó a la ola de críticas al kirchnerismo. A través de un comunicado expresó su “absoluta solidaridad” con los ruralistas y opositores que “son víctimas de la persecusión política por parte del Gobierno”. Francisco De Narváez, el empresario y diputado que hasta hace poco conformaba un bloque junto al macrismo bonaerense, salió a defender la actitud de los ruralistas y anticipó que “la actividad económica comienza a estancarse”. De Narváez reclamó “reglas claras y políticas de mediano y largo plazo” y afirmó que el sector agropecuario es el que aporta más a la recuperación de la Argentina”.

Quien salió a defender la política de retenciones fue la presidenta del Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont. La funcionaria destacó la actitud de la entidad que les permitió a los ruralistas la “refinanciación de sus deudas”.