La Sala I de la Cámara Federal ordenó el procesamiento del ex ministro de Economía Domingo Cavallo, por “defraudación a la administración pública”, un delito que prevé hasta seis años de prisión. Se le reprocha haber “renunciado al cobro de fondos públicos” que terminaron “ilegítimamente” percibidos por empresas “en carácter de reembolsos, por exportaciones que no reunían los requisitos exigidos”.

El fallo de los camaristas Eduardo Freiler y Eduardo Farah revoca la falta de mérito con que el juez federal Jorge Ballestero había beneficiado a Cavallo en este expediente, al considerar que no estaba probado que hubiera existido un perjuicio para el Estado.

Lo que estaba en discusión, según explicaron fuentes judiciales, era la interpretación de la ley que regula ciertas ventajas en actividades como la pesca, que se realizan parte en el continente y otro tanto fuera de él, en buques factoría. Según Cavallo, a ambos les correspondían reembolsos. Hubo varios juicios y, según voceros judiciales, la Corte determinó que la lectura del ex ministro era errada. La jueza María Jeanneret de Pérez denunció a Cavallo por “renunciar al cobro de fondos públicos”. Luego impulsó la causa el fiscal de Cámara, Germán Moldes, en abril de 2005.

La Cámara Federal basó buena parte de sus argumentos en un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que señalaba que existirían 25 causas judiciales con sentencia firme y 19 en trámite por hechos similares, de las que surgía que el “importe a recuperar por parte de la Aduana” asciende a “25.590.79,62 y 22.619.059,44 pesos, respectivamente”.

El delito que se le imputa a Cavallo castiga a quienes cometen fraude en perjuicio del Estado “con el fin de procurar para sí o para terceros un lucro indebido”.